Cuando hablamos del defensor del pueblo, quizás estemos pensando en un representante del pueblo encargado de investigar las violaciones a los derechos individuales, los abusos de poder, los errores, las negligencias o las decisiones injustas de las autoridades o de la administración. ¿Representante del pueblo? En el sentido de que el defensor del pueblo es elegido por las Cortes y por el Senado y estos a su vez han sido elegidos por los ciudadanos, pero en unas listas que han presentado los partidos políticos y no los ciudadanos, sí es representante del pueblo, aunque esta representación queda tan lejana, que resulta irreconocible.
Vaya por delante que no pretendo con estas líneas hacer la más mínima critica a las personas que han ejercido el cargo de defensor del pueblo desde el momento de su constitución, ni tampoco a su trabajo.
Mi crítica se refiere a la institución en sí y no porque considere a esta institución más superflua que otras muchas, sino porque en el presente caso se trata, además, de una deformación idiomática. Sí, las palabras hay que utilizarlas con propiedad, sobre todo cuando estas palabras se encuentran en la Constitución española.
He vivido personalmente la democracia de las así llamadas repúblicas democráticas socialistas, que en realidad deberían haberse llamado “dictaduras comunistas”, pues no tenían nada de socialistas ni de democráticas. Son muchos también los partidos políticos que tienen el calificativo de demócratas, como si por el mero hecho de haber nacido en una democracia, les diera derecho a abusar de este nombre, cuando interiormente son una verdadera dictadura con jefes de “ordeno y mando”, pero creo que en pocos casos se da una tal deformación –por no decir prostitución- del nombre como en el caso del defensor del pueblo.
No quiero hacer referencia a los defensores del pueblo nacionalistas o independentistas, que haberlos haylos, ni tampoco de la multitud de defensores autonómicos del pueblo que llenan nuestra geografía. Simplemente quiero decir que esta institución, además de inducirnos a confusión por su nombre, es totalmente inútil. Los casos que resuelve, se pueden solucionar por la vía administrativa o judicial, y los casos difíciles no los resuelve casi nunca. ¿Estáis seguros de que si le formuláis a cualquier defensor del pueblo una petición que pueda crearle el menor conflicto con el Estado o con su propio partido, os va a defender? Haced la prueba
En toda la historia de la democracia española solamente ha habido un autentico defensor del pueblo, una persona que haya cumplido con tres de las prerrogativas propias del defensor del pueblo: que no estuviera sujeto a mandato imperativo, que no recibiera instrucciones de autoridad alguna, que desempeñara sus funciones con plena autonomía. Evidentemente, a ningún defensor del pueblo le han ido dictando lo que puede y no puede hacer, pero ¿pueden olvidarse acaso del partido que los ha puesto en el cargo? ¿Pueden separar tu condición de afiliado o simpatizante de un partido, cuando tienen que dictar una resolución contraria a su partido? Dice un refrán español que “Es de bien nacido ser agradecido”.
Ese único auténtico defensor del pueblo se llamaba Joaquín Ruiz Giménez. Fue una personalidad admirada y respetada por toda la sociedad, un abogado que defendió a muchos de los condenados políticos en tiempo del franquismo y contribuyó como nadie, a través de Cuadernos para el Diálogo, a crear una corriente de opinión sana y crítica. Fue propuesto para el cargo de defensor del pueblo por todos los partidos políticos, especialmente por los de izquierdas, a pesar de que era una persona religiosa. No se debía a nadie y, gracias a esto, actuó con entera libertad como un auténtico defensor del pueblo. Lógicamente, por haber actuado así, no fue propuesto por segunda vez. En otros términos, podríamos decir que fue depuesto por quienes le habían nombrado.
Después, le seguirían en el cargo afiliados a partidos políticos (o al menos simpatizantes): Álvaro Gil-Robles (1988–1993), PSOE, Fernando Álvarez de Miranda y Torres (1994–1999), PP, Antonio Rovira (en funciones, entre 1999-2000), Enrique Múgica Herzog (2000-2010) PSOE. María Luisa Cava de Llano y Carrió (en funciones, 2010-2012), Soledad Becerril Bustamante (2012- ) PP. Esta última se encuentra acompañada por Francisco Fernández Marugán, antiguo diputado del PSOE, como adjunto primero, y como adjunta segunda Concepció Ferrer i Casals, antigua eurodiputada propuesta por un partido nacionalista/independentista, CiU.
Si son muchas las instituciones y organismos que deberían desaparecer en España, una de las primeras podría ser la de defensores del pueblo, porque ni son defensores, ni defienden o representan al pueblo. Representan, ante todo, a su propio partido.
Félix de la Fuente Pascual, Presidente de Ciudadanos Libres Unidos – CILUS
