♦ El acuerdo de investidura entre el PSOE y Ahora Getafe empieza a dar problemas cuando apenas acaba de empezar a rodar el nuevo mandato. Era de prever que ese acuerdo, impuesto por un grupo que no entra al gobierno (al menos, de momento), y por tanto no asume responsabilidades, iba a dar más de un quebradero de cabeza a la nueva alcaldesa y a su equipo. Más sorpresa me causa que las dificultades hayan empezado en los primeros momentos, con motivo de la negociación de concejales liberados, sueldos y personal eventual de gobierno y grupos de la oposición que parecía estaban consensuadas, o eso transmitieron.
Hasta hace unos días, tenía la impresión de que los grandes problemas empezarían cuando se pusiesen sobre la mesa cuestiones como la recuperación de servicios públicos privatizados, no solo por la idiosincrasia del PSOE sino sobre todo porque son decisiones de gran calado económico y hasta legal, de manera especial en casos como el de la recuperación de concesiones como la del complejo acuático Getafe Norte, y es lógico que la responsabilidad de medidas de este carácter la asuma el que las diseña e impone.
Tiempo habrá de comentarlo cuando llegue el momento. Ahora, lo cierto es que los problemas han empezado prematuramente. Habría sido más serio que antes de firmar el acuerdo se hubiera rechazado lo que no se pensaba cumplir. Al fin y al cabo, la fiabilidad debería ser una cualidad a cultivar por los políticos, pero parece que se optó por firmar a toda costa para luego discutir. Estas tensiones también ponen de relieve, entre otras cosas, lo diferentes que son ambos partidos y lo falaz que puede llegar a ser seguir operando con conceptos de izquierda-derecha.
Pero entrando en la cuestión de las discrepancias del momento, empecemos por diferenciar las que se refieren a número de liberados de las relativas a salarios de concejales y a los cargos de confianza. En cuanto al número de liberados, con hacer la proporcionalidad debería bastar, salvando los del Gobierno, que serían 9 ahora que IU ha decidido entrar a formar parte del mismo pero, en cuanto a la cuantía, no dejo de pensar que se ha desaprovechado una ocasión para racionalizar los sueldos aunque sin medidas de tabla rasa o casi. El modelo que han acordado sigue siendo poco sensato en el sentido de que no existe la suficiente diferenciación entre los sueldos de alcalde y concejales de gobierno, por un lado, y los de los de la oposición, por otro. Mientras la propuesta sobre los primeros infravalora la responsabilidad de gobernar, los de la oposición podrían ser aceptables porque su función es la de controlar y proponer. La diferencia tendría que ser mayor entre unos y otros pero no es extraño sabiendo que costó sangre, sudor y lágrimas a UPyD lograr que se rebajara un 10 % el sueldo de los concejales de la oposición que con los gobiernos de Pedro Castro habían estado equiparados con los del Gobierno, en contra de la razón pero en línea con la habilidad del anterior alcalde socialista para asegurarse gobiernos tranquilos.
Cuestión distinta es la del personal eventual, es decir, los cargos de confianza. La figura del cargo de confianza es uno de los emblemas de una administración politizada, no profesionalizada, no atenta a los principios de mérito y capacidad, y su efecto más claro es el de la ineficacia pues es bien sabido que los partidos no se esfuerzan en colocar como tales a lo mejor de cada casa, sino con frecuencia a los afiliados en situación de desempleo más próximos al aparato. A esto se suma que sus funciones se entremezclan de manera un tanto caótica e insuficientemente regulada con las de los funcionarios. Con frecuencia también se incumple lo regulado.
Es completamente diferente la situación en que se encuentran los grupos municipales de la oposición, que necesitan una mínima colaboración para hacer su trabajo, si lo quieren hacer bien, y no tienen a su disposición a los funcionarios. En nuestro ayuntamiento no está previsto que los empleados municipales trabajen para los grupos. Esto último se podría corregir fácilmente y así perdería toda justificación el mantener cargos de confianza. La dotación que ha habido los cuatro años anteriores de un administrativo y un técnico me parece adecuada independientemente del número de concejales del grupo porque estos tienen las mismas funciones sea cual sea su número.
Pero el Gobierno Municipal tiene a su disposición a todos los trabajadores municipales y, desde la lógica de la necesaria profesionalización, los eventuales al servicio del Gobierno no tienen justificación alguna. El PP redujo sobre los que tenía el anterior Gobierno pero siempre argumentaba, para no reducir más, su desconfianza hacia casi todos los trabajadores municipales, que habían entrado bajo la égida de los anteriores gobiernos PSOE-IU, nepóticos hasta decir basta. Por ese motivo no debería ser casus belli para el PSOE reducirlos hasta lo acordado y aún más. Sería congruente, además, con el hecho de que los socialistas no dejan de lanzar encendidas soflamas sobre la extraordinaria calidad del trabajo de los funcionarios del ayuntamiento, elogios indiscriminados que no son sorprendentes teniendo en cuenta que han sido equipos de gobierno socialistas los responsables de la selección de los mismos desde 1979. El PP, por imperativo legal más que por voluntad política, ha utilizado el enchufe solo para saturar las empresas públicas pero en el Ayuntamiento poco ha podido enchufar. En fin, que no debería ser tan difícil lograr un acuerdo sobre cargos si no existieran las clientelas. Justificar un mayor número amparándose en la necesidad no es de recibo.
Mientras acabo este artículo escucho unas palabras de Sara Hernández, que no me resisto a mencionar, sobre las futuras relaciones con el Getafe C.F. y su presidente. La retórica que ha usado y la envoltura del asunto en un paquete en el que ha entrado hasta la Universidad Carlos III no han logrado que se nos escape que ahí puede haber motivo de comentario en el futuro inmediato, aunque el acuerdo de mínimos de ese asunto no dice ni palabra.
