El gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Getafe, Ángel Antonio Fernández Andrés, mantiene su condición de socio y de apoderado en la empresa Vialegis Duthil SLP, un despacho de abogados que defiende intereses inmobiliarios de numerosas empresas, según se desprende de los datos inscritos en el Registro Mercantil. El conflicto de intereses y la incompatibilidad legal es manifiesta; las consideraciones éticas en la que deja al gobierno municipal de PSOE-IUCM no pueden ser más claras. Ni siquiera tienen la decencia de ocultarlos intereses. No es legal, pero mucho menos ético, moralmente deleznable.
Ángel Antonio Fernández Andrés fue nombrado gerente de la EMSV hace justamente un año, el 16 de marzo de 2016, un cargo de confianza por el que cobra 4.055 euros al mes, por catorce pagas. Cuando llegó a Getafe como gerente de la EMSV ya se conocía su procedencia de la empresa de abogados. Sin embargo, un año después aún sigue manteniendo sus intereses como socio en la empresa profesional y su condición de apoderado. Tampoco ha solicitado la compatibilidad de los cargos y de su condición de socio con intereses en una empresa que defiende los de empresas inmobiliarias y constructoras.
Además de Víalegis Duthil, el gerente de la EMSV ha ha sido apoderado de las empresas Metropark aparcamientos SA, Vertiarama SL, Sadorma 2003 SL, AFC Aisen Asesoría y Consultoría integral SL, Varitela Distribuciones SL, Pentapolitano SL, Centros Comerciales Metropolitanos SA, Desarrollos Estructurales Vaines SL, Metropolitana Castellana SL, Habitatrix SL, Metrovacesa Alquieres Urbanos SL, Promociones Vallebramen SL, Metrovacesa SA y Global Murex Iberia SL. Ángel Antonio Fernández Andrés asumió la mayoría de esos cargos en el año 2009, en algún caso de forma atropellada y masiva como el caso de siete empresas en las que fue nombrado apoderado solidario en en las dos primeras semanas de agosto de ese año. De todas ellas cesó como administrador antes de asumir el cargo y los poderes, en octubre de 2013, de la mercantil Vialegis Duthil SLP, una empresa que «quiere colocarse en el top 30 de los bufetes de abogados de España».
Un año después, en octubre de 2014, constituyó —y fue nombrado administrador solidario de AFC Aisen Asesoría y Consultoría Integral SL—, una entidad mercantil sin el aliño de ‘empresa profesional’. El 28 de marzo de 2016, diez días después de asumir los poderes de la EMSV, cesó en su cargo de administrador solidario de esta mercantil de servicios de consultoría. Sin embargo, a pesar de conocer que la empresa profesional Vialegis Dhutil SL tiene todas las consideraciones de mercantil , ha compatibilizado ese cargo de administrador con la gerencia y los poderes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe.
Sociedades Profesionales
La Ley 2007 de Sociedades Profesionales regula la creación y el funcionamiento de este tipo particular de sociedades mercantiles que se encargan de prestar los servicios profesionales que sus socios venían realizando a nivel individual. Básicamente las Sociedades Profesionales son como cualquier otra sociedad mercantil, salvo que los socios tienen que acreditar una titulación universitaria o profesional. El reparto de las participaciones del capital social tampoco es libre; por Ley, los socios profesionales deben poseer una participación mayoritaria en el capital de la sociedad, así como de los derechos de voto.
Incompatibilidades de los cargos eventuales
La situación actual del gerente de la EMSV, además de poco ética, se puede cuestionar desde el ámbito legal. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Pública «el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Ser apoderado de una sociedad dedicada a defender los intereses de empresas inmobiliarias y constructoras menoscaba, cuando menos, la imparcialidad de su trabajo en la EMSV, una empresa pública que se nutre de los impuestos de todos los getafense. De acuerdo con la Ley, el personal eventural, los cargos de confianza incluidos en el ámbito de aplicación de la norma— no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional».
El artículo 14 de la Ley, estableces que el «ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad». Esta resolución, reconociendo la compatibilidad o declarándola improcedente, corresponde —en el caso de los ayuntamiento— al Pleno de la Corporación.
Una adjudicación dudosa
La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda ha dado marcha atrás en el concurso convocado para la construcción de un edificio de 60 viviendas en El Rosón tras las denuncias de irregularidades en la adjudicación que desveló a finales de febrero el digital getafeactualidad.es.
La licitación inicial se saldó con una chapuza administrativa que podría rayar en el [presunto] amaño y prevaricación al proceder de forma ‘ilícita’ al evaluar las ofertas económicas de las empresas que se habían presentado al concurso antes de haber realizado la puntuación de las propuestas técnicas, contraviniendo así el artículo 150 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público y el propio Pliego de Condiciones.
A este primer concurso para la adjudicación de las obras de construcción de las 60 viviendas del Rosón se habían presentado las empresas Becsa, Dragados (grupo ACS), Ortiz, Isolux, Vías y Construcciones, Edifesa y, por último, la Unión Temporal de Velasco y Construcciones Amenábar. Se desconoce, como es lógico por el secreto profesional que debe mantener el despacho de abogados Vialegis Duthil SLP, si alguna o varias de las empresa que se han presentado al concurso de la EMSV son clientes del despacho de Ángel Antonio Fernández Andrés.
La forma de proceder de la EMSV en este concurso generó fundadas sospechas de amaño, al postergar la evaluación de los criterios subjetivos y dejando al libre albedrío de los componentes de la Mesa de Contratación determinar a qué empresa adjudicaban las obras.
Compruebe el lector la chapuza hasta en la nota e prensa: «Tras la licitación inicial celebrada el pasado mes de febrero, la EMSV ha realizado los informes técnicos necesarios para despejar cualquier tipo de duda sobre el proceso, concluyendo que la mejor forma de garantizar la total transparencia, igualdad y publicidad es a través de la repetición del concurso». Un asunto, que a pesar de las dudas históricas sobre las adjudicaciones de la EMSV, nunca había ocurrido.
Tras ser desvelado el chanchullo, el Gobierno local intentó —como hace siempre—, desmentir las presuntas irregularidades asegurando que «se abrió primero la documentación técnica, y posteriormente la proposición económica», una aseveración que, a la luz del anuncio de la EMSV de repetir el concurso, queda acreditada como «manifiestamente falsa».
