GETAFE

Los ‘pillos’ de Lyma Getafe y las gafas

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Descubierta en Lyma una ‘trama’ para defraudar las ayudas municipales que fija el Convenio Colectivo con facturas falsas


 

 

El Ayuntamiento de Getafe ha abierto expediente sancionador a 22 trabajadores de la empresa municipal de Limpieza y Medio Ambiente (Lyma) por cobrar facturas falsas que en una primera estimación han calculado con un montante total de 13.800 euros. El asunto, a pesar de las declaraciones municipales, permanece bajo un tupido velo, pendiente del resultado de la investigación que aseguran haber iniciado. Así, han empezado a circular versiones de todo tipo. Desde el trabajador que se hizo el sello de una óptica al que lo encontró, paradójica y afortunadamente, en un cubo de la basura. Sueno a cachondeo. La gente lo tira todo. También se habla de varias ópticas implicadas en el cobro de las ayudas que fija el convenio, aunque esta última versión parece menos creíble.

Al parecer, estas pequeñas corruptelas se conocieron este verano después de que la Agencia Tributaria pusiera de relieve la falsedad de las facturas de la ‘trama de las gafas’ ante la gerencia de Lyma que, visto lo visto, no se había enterado’ aunque era una cosa ‘consentida’ y conocida por todos en Lyma y en el resto del Ayuntamiento [por lo menos] desde el año 2004 en el que el Convenio Colectivo recogía esas ayudas o beneficios sociales.

Algunos de los trabajadores implicados ya están poniendo el asunto en manos de abogados para ver el alcance de la fechoría. A pesar de la #redantirumores de Sara Hernández, —es lo que pasa con la falta de transparencia— se ha difundido que el encargado de confeccionar las facturas falsas se quedaba, en concepto de comisión con un veinte por ciento del importes; sin embargo, este medio ha podido saber que los trabajadores niegan tal extremo.

La alcaldesa ha dicho que «esto se ha descubierto porque el Gobierno y la dirección de la empresa ha llevado a cabo una tarea de investigación de unos hechos que supuestamente se vienen cometiendo desde 2014, por lo que lamentar que el anterior equipo de gobierno no hiciera absolutamente nada, lo consintiera y presuntamente lo permitiera», cosa que rechazan desde el Partido Popular. La alcaldesa [presuntamente, también] miente. Los trabajadores admiten que estas triquiñuelas se realizan desde hace al menos doce años. Es posible que la anterir gerencia no se enterase o no quisera, pero el actual ejecutivo de Sara Hernández lleva en el gobierno municipal casi 18 meses [sin culpa ni responsabilidad alguna].

Aunque todo el asunto está rodeado del mayor misterio, lo único claro es que solo se han abierto 22 expedientes sancionadores según estipula el Convenio Colectivo del Ayuntamiento y de las empresas municipales que se encuentra en periodo de alegaciones. Ninguno de los trabajadores está suspendido aunque el miedo a los [im] posibles despidos hace más penosa esta historia. Los hechos que han suscitado la actuación municipal se podrían catalogar, según el convenio, como una falta grave por «fraude o, incluso, hurto de bienes municipales». La tolerancia o encubrimiento de los jefes o superiores respecto de las faltas graves o muy graves cometidas por los subordinados o viceversa también es falta muy grave. Lo bueno del convenio es que a pesar de los castigos que establece para estos casos, como la suspensión de empleo y sueldo o, incluso, el despido, las faltas muy graves prescriben a los 60 días desde que se conozcan los hechos por el Ayuntamiento o, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Se cree que la primera factura fue detectada hace 90 días.

Parece que la sangre no llegará al río a pesar de las declaraciones altisonantes de la alcaldesa sobre los posibles despidos [a lo mejor no se ha leído el convenio colectivo]; es posible que baste con la devolución del dinero defraudado. ¡Ahorrad malditos!

Otra cosa es lo que se refiere o afecta a las relaciones fiscales de los ‘pillos’ y sus corruptelas con la la Agencia Tributaria durante los últimos cinco años.

 

Gafas, dentista y cheque bebé

El caso de los trabajadores de Lyma ‘cazados’ con la trampa para defraudar al Ayuntamiento podría ser solo la punta del iceberg. Estas ayudas están recogidas en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento que afecta todo el personal del Consistorio, a funcionarios, personal laboral y a los empleados de las empresas municipales (Lyma, Gisa, Alef y EMSV).

Ya en el convenio colectivo firmado en el año 2004 se recogían ayudas o beneficios sociales para la adquisición de gafas o cristales para gafas graduadas, lentillas graduadas, aparatos auditivos, tratamientos odontológico, fisioterapeúticos o médico y hospitalarios no cubiertos por la Seguridad Social; tratamiento médico para minusválidos, prótesis, plantillas y botas ortopédicas y tratamiento médico-dietético para celíacos.

En el aquel año, se estipulaba una cantidad de 390,66 euros al año para esos fines particulares y que el resto de trabajadores tienen que pagar de su salario. El el año 2007, la ayuda subió hasta los 500 euros y, en el 2010, hasta los 600 euros actuales. Menuda partida de los presupuestos municipales, con la que ha caído [y sigue cayendo].

El plazo para la presentación de las solicitudes para dichas prestaciones es dos meses a partir de la fecha de expedición de la factura, «siendo un requisito imprescindible que la factura venta refrendada por un médico o especialista». Los responsables municipales, así como las actuales gerencias de las empresas municipales ya han dado el visto bueno a cientos [o miles] de ‘facturillas’ a cuenta del convenio.

Además de las partidas para la formación de los empleados municipales, el Convenio Colectivo recoge otras ayudas como las que fijan Lyma y el Ayuntamiento por separado para ayudar ‘en los estudios’.

También destaca, entre otras ayudas o ‘beneficios sociales, el cheque-bebé que reciben todos los trabajadores municipales como ayuda a la natalidad y que se fija, como una tarifa plana, en 300 euros por niño.

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