REMITIDOS

Primer ERE de la historia en una Universidad Pública en España

ESCRITO REMITIDO DIRECTAMENTE POR LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID AFECTADOS POR EL ERE 

♦ En breve se iniciará el Primer ERE de la historia en una Universidad Pública en España, la Universidad Politécnica de Madrid pretende despedir a los 75 trabajadores de los 156 que tuvieron que ser readmitidos según sentencia del Tribunal Supremo en Julio de 2014, desde esa fecha 81 trabajadores se han acogido al improcedente y sólo quedan 75, a los cuales la Universidad les paga desde Julio pero no les permite trabajar, no obedeciendo dicha sentencia.

Resumen del conflicto

El pasado día 9 de marzo de 2013 el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) aprobó la amortización de plazas de 301 trabajadoras/es del personal de administración y servicios (PAS), de las que 156 pertenecían al PAS Laboral y 145 al PAS Funcionario.

Esta decisión fue tomada de manera unilateral por el rector Carlos Conde y su equipo, sin ninguna negociación previa con los sindicatos (sí que se escenificó un “paripé”, un simulacro de 5 días donde no se aceptó ni una sola propuesta alternativa a los despidos) y sin hacer un mínimo estudio de la plantilla de la UPM para racionalizar a la misma. Con ello, el rector provocó una situación crítica y muy precaria, reflejada en el cierre de laboratorios, imposibilidad de prácticas o en recortes en los horarios de algunas secretarías de alumnos, por dar solo algunos ejemplos. Desde entonces toda la comunidad universitaria recibe un peor servicio público.

Actualmente, el PAS Funcionario despedido está pendiente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras que el PAS Laboral cuenta con una sentencia firme del Tribunal Supremo, que ha decretado la ilegalidad de los despidos por amortización, ordenando la inmediata readmisión de las 156 trabajadoras/es de este colectivo.

Dichas trabajadoras/es están acudiendo a sus puestos de trabajo, pero la Gerencia de la UPM no les permite trabajar, ya que, según dicen, “sus puestos siguen estando amortizados”. Es decir, la UPM, una universidad pública que pagamos todas/os, está pagando a 156 trabajadoras/es sin permitirles trabajar e incumpliendo abiertamente la sentencia del Tribunal Supremo.

Esto parece surrealista pero dentro de la UPM pasan cosas de lo más “absurdo”, como por ejemplo pagar 40.000 euros de dinero público al hijo de 18 años de un investigador por una “traducción especializada de un proyecto de investigación en ingeniería”, según detectó una auditoría del Tribunal de Cuentas. Y en esa auditoría sólo se destapa la punta del iceberg del derroche de dinero público habitual en la UPM.

Con el despido de 301 trabajadoras/es, la UPM pensaba ahorrar cerca de 10 millones de euros, pero con la sentencia del Supremo dicho ahorro se ha ido al traste, ya que ahora ha de pagar a las readmitidas/os todos los salarios dejados de percibir. ¿Sr. Rector Carlos Conde Lázaro, no hubiera sido más fácil y justo reducir gastos superfluos, como por ejemplo: adjuntos, vicegerentes, jefaturas para los amiguetes, coches oficiales o institutos de investigación que no realizan proyectos…?

De todas las universidades públicas madrileñas la UPM tiene la peor situación económica en la actualidad, debido a una deuda enorme y sospechosa, arrastrada desde el anterior equipo rectoral (cabe recordar que el rector actual fue vicerrector en el anterior gobierno).

Nosotros, los 301 trabajadores despedidos injustamente, lo único que queremos es regresar a nuestros puestos de trabajo y que la UPM vuelva a prestar un servicio público y de calidad ¡Readmisión 301 ya!

 

Correo del Rector de la UPM a la comunidad universitaria

23 de enero de 2015

Estimados miembros de la comunidad universitaria:

Como sabéis, para afrontar la difícil situación económica en que puso a la universidad la drástica reducción de la financiación pública que recibía de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno de marzo de 2012 aprobó un conjunto de medidas económicas para garantizar la sostenibilidad de la universidad. Entre ellas, y debido a que no se alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores en las Mesas de Negociación que a tal fin se formaron, se encontraba la amortización de 156 plazas de personal laboral interino.

Habiendo sido recurrida esta decisión en distintas instancias judiciales, finalmente el Tribunal Supremo estableció en su sentencia de 24 de junio de 2014, rectificando la doctrina sentada en sentencias anteriores, que deberá procederse a la extinción de los contratos conforme establece el Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 51 y 52-c).

Una vez readmitidos los trabajadores en cumplimiento de la citada sentencia, al no existir las plazas porque fueron amortizadas en dicho Consejo de Gobierno, una buena parte de ellos han optado por extinguir su relación laboral aplicando la imposibilidad legal prevista en la Ley reguladora de la jurisdicción social.

En diciembre de 2014 la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha emitido una diligencia en la que requiere a la universidad para que “tome las medidas necesarias para finalizar la situación de provisionalidad actual de estos trabajadores cumpliendo lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014”.

Ante esta situación, y siguiendo el marco jurídico anteriormente referido, se acaba de comunicar a las Centrales Sindicales y a los Comités de Empresa laborales de la universidad el inicio del despido colectivo, que solamente afectará a los 75 trabajadores que todavía quedan afectados por la sentencia.

Durante este procedimiento se realizará un periodo de consultas con la comisión creada a tal fin, que espero culmine con un acuerdo lo más favorable posible para dichos trabajadores.

Deseo que así finalice la aplicación de las medidas tomadas en el Consejo de Gobierno de marzo de 2012, que junto a otras estratégicas de reestructuración, contención del gasto, captación de mayores ingresos y mejora general de la gestión, nos están conduciendo al objetivo de alcanzar una situación económicamente sostenible.

Un cordial saludo,

Carlos Conde
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid

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