DESDE LA BARRERA

Se habla de despidos ideológicos pero hay mucho más

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♦ En estos días se ha vuelto a hablar de los llamados despidos ideológicos, con motivo de la denuncia que hace el PP sobre los que el nuevo equipo de gobierno está realizando en las empresas públicas a trabajadores que consideran vinculados al PP.  Más que hablar de despidos ideológicos habría que hacerlo de la vergonzosa y anticonstitucional utilización de las empresas públicas como oficinas de colocación de los partidos. Hay que rechazar, por supuesto, que se despida a alguien por tener unas ideas o carnet político pero hay que ir más allá.

Es aburrido repetir una vez más lo mismo pero no hay que desaprovechar la ocasión de que la onda se expanda. Las empresas públicas se crearon con una finalidad confesada, la de agilizar la gestión, y otra no confesada, la de eludir o hacer más engorroso el control político del Pleno. La falta de control tiene consecuencias en la contratación de bienes y servicios y en la de personal. Si en el ayuntamiento se han saltado de diversas formas los procedimientos para acceder al empleo público por mérito y capacidad, que es un deber de las administraciones y un derecho de los ciudadanos, en las empresas públicas el enchufismo ha sido la repanocha. Para eso, sobre todo, se crearon. Es voz común que algunos políticos getafenses consiguieron ser elegidos para cargos orgánicos en sus partidos precisamente gracias a la utilización del enchufe a cambio del voto en las asambleas internas, por no hablar de los réditos electorales que ha tenido la práctica.

Cada vez que se critica la existencia de empresas públicas para gestionar servicios, los beneficiarios del invento ponen el grito en el cielo alegando que con estas se consigue una mejor gestión, más ágil y más eficaz. Pero si realmente la motivación fuera la mejora de la gestión ¿qué sentido tendría nombrar gerentes o directivos a personas sin cualificación, y que sistemáticamente tienen filiación política del partido que gobierna, o no hacer pruebas objetivas para la contratación de todos los trabajadores? Pura falsedad ese argumento y, mientras tanto, la ineficacia que propicia el amiguismo nos cuesta dinero y malos servicios a los contribuyentes.

Durante los gobierno del PSOE e IU  las empresas públicas fueron para ambos partidos un goloso instrumento de asegurarse adhesiones internas y votos en las elecciones pero lo que hizo el gobierno Soler es, cuando menos, curioso. En el caso de GISA, tradicionalmente considerada feudo PSOE, despidieron a 7 trabajadores y colocaron a varios suyos. En Lyma y la EMSV, que IU había controlado más, sobre todo la primera,  siguieron otra pauta. En la primera, contrataron afines para puestos directivos, empezando por la gerencia, pero no despidieron a los cargos nombrados por los anteriores, lo que supuso que la plantilla de jefes se inflara hasta extremos inasumibles y Lyma se convirtiera en un pozo sin fondo. En la EMSV incluso se mantuvo al anterior gerente durante todo el mandato. Ellos dicen que fue porque funcionaba bien y no tenían por qué cambiar. A estas alturas, no quedan razones para creer que el PP tenga un talante tan poco partidista. Más bien hay que maliciarse que la verdadera razón, al menos en algunos puestos, fue el interés en no enemistarse con Izquierda Unida de cara a conseguir su apoyo cuando fuese necesario. Si hubo pacto expreso o no, tal vez lo sepamos algún día, pero la intención parece fuera de toda duda.

Y, en medio de estos cambalaches, el perdedor es el interés público y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a un empleo público. Estos deberían ser los que gritaran indignados. Lo que menos cuenta para los políticos que padecemos es que la empresa tenga la plantilla adecuada y el personal con la cualificación necesaria. Lo que prima es el interés partidista en ambas formas de actuar. Estamos echando ya en falta que Ahora Getafe, de cuyo voto dependió la investidura de Sara Hernández, se pronuncie de forma contundente sobre la necesidad de cambiar por completo la forma de actuar del Gobierno con las empresas públicas y el empleo público en general. Cabe pensar que no lo consideran importante, si nos atenemos al acuerdo de investidura, en el que no figura ninguna referencia al nepotismo pero es lo que cabe esperar de un partido que se dice regenerador.

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