GETAFE

Trabajadores de Lyma Getafe denuncian una ‘caza de brujas’ tras la imputación del edil

► Se produce tras la imputación del concejal y conocerse las nuevas sentencias de despidos improcedentes
► Diversos trabajadores han tenido que interrumpir sus vacaciones después de recibir llamadas de la empresa pública en las que se les ordenaba su presencia inmediata en las oficinas de Lyma

Nuevo capítulo de la ‘telenoverla’ de Lyma. El Gobierno Municipal despide fulminantemente a 25 trabajadores por cobrar ayudas sociales de 600 euros con facturas [presuntamente] falsas mientras consiente que personas cercanas a la alcaldesa, Sara Hernández, como Cristina González se aprovechen en mucho más del aparcamiento municipal sin ostentan ningún cargo; negativa del Gobierno Municipal a una solución negociada; primeras sentencias: el Gobierno municipal cree que va a ganar la partida y además contrataca con la denuncia penal por la que pide 6 años de cárcel a los trabajadores despedidos; dos despedidos usan las puertas giratorias para no denunciar y empezar a currar en subcontratas de Lyma; imputan al edil y al gerente de la empresa por presunta falsificación de la firma de una trabajadora, fraude, … ; otras dos sentencia, y van tres, sobre la improcedencia de los despidos. El Gobierno Muncipal está quedando como el culo.

Y ahora, penúltimo capítulo. Trabajadores de la Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente han transmitido al Partido Popular de Getafe su preocupación por la ‘caza de brujas’ que se ha desatado recientemente en Lyma tras la imputación del edil y de los últimos reveses judiciales.

Los empleados han denunciado la apertura indiscriminada de expedientes contra ellos debido al enconamiento creciente que existe en el Gobierno de Sara Hernández hacia los profesionales de Lyma. Diversos trabajadores, incluso, han tenido que interrumpir sus vacaciones después de recibir llamadas de la empresa pública en las que se ordenaba la presencia inmediata de los empleados en las oficinas de Lyma a fin de comunicar la apertura de los citados expedientes.

Esta situación, según han transmitido los trabajadores al Grupo Municipal del P),  obedece al deseo de venganza de Sara Hernández contra los trabajadores, sobre todo después de que la justicia haya ordenado la readmisión de una parte de los profesionales que fueron despedidos a principios de año.

La apertura indiscriminada de expedientes, además, es otra consecuencia del nerviosismo que existe en el PSOE de Sara Hernández por la imputación del concejal de limpieza, Ángel Muñoz, así como del gerente de Lyma, Antonio de María.

Los dos deberán declarar ante el juez el próximo 25 de septiembre después de ser acusados de falsedad documental, fraude y estafa en el marco de los despidos ordenados en la empresa pública.

Según el PP, “la gestión de Ángel Muñoz y de Antonio de María se conoce únicamente por los escándalos políticos en Lyma y por la suciedad que existe en las calles de Getafe, motivo por el que las reclamaciones por la falta de limpieza se han duplicado”.

Más despidos improcedentes

Tras conocerse el auto de imputación del edil responsable y del gerente de Lyma por presunta falsificación y fraude, se ha conocido que el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid ha dictado dos sentencias fechadas el pasado 18 de julio, en las que estima la demanda de dos exempleados de LYMA. Estos dos trabajadores fueron despedidos por el caso de la entrega de presuntas facturas falsas para el cobro de prestaciones sociales, y declara la improcedencia del despido efectuado por la empresa a estos trabajadores, condenando a LYMA “a elección del trabajador, a readmitirle en las mismas condiciones anteriores al despido o a que, si así lo manifiesta el trabajador por escrito o mediante comparecencia ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, abonarle la indemnización”. La indemnización asciende, en cada uno de los casos a 15.000 y 18.000 euros, aunque —parece claro— los dos extrabajadores solicitarán la reincorporación a la empresa.

Se trata de la tercera sentencia que se conoce sobre la improcedencia de los despedidos de Lyma por el caso de las facturas falsas. Además, uno de los trabajadores a los que la sentencia reconoce la improcedencia, había sido denunciado por la vía penal. Los abogados del Gobierno Municipal habían pedido seis años de cárcel por [presuntamente] cobrar 600 euros de las ayudas sociales del convenio colectivo de manera irregular.

En las sentencias, —según ha desvelado elbercial.com— el juez admite que en el proceso de despido “puede verse que hay tres incumplimientos” por parte de LYMA “en el procedimiento sancionador que afectan al derecho de defensa del trabajador e infringen la exigencia legal de garantía de audiencia del expedientado, su derecho a oponerse y a pedir prueba y sobre todo a conocer la totalidad del expediente y las pruebas incorporadas al mismo. Tales incumplimientos son trascendentes y enervan la eficacia de la decisión empresarial sancionadora por mucho que se hayan realizado determinados hechos por el trabajador que fuesen susceptibles de reproche pero que no han quedado asentados con garantía de derechos”.

El nuevo varapalo a la prepotencia de la alcaldesa y del gobierno municipal, se produce tras una nota de prensa del gabinete de prensa del Ayuntamiento en el que se ponía en duda la imputación del edil y del gerente de Lyma, y donde se argumentaba que “de los 24 trabajadores que han sido despedidos, todos presentaron demandas, habiéndose dictado ya 4 sentencias por los Juzgados de lo Social, de las cuales 3 de ellas han confirmado que los trabajadores presentaron facturas falsas para el cobro de prestaciones sociales y que las medidas adoptadas por la empresa son adecuadas, proporcionadas y ajustadas a derecho y que se ha seguido el procedimiento sancionador con todas las garantías exigidas”.

Fiasco y contradicción. Lo cierto es que de las seis sentencias conocidas se mantiene un triste [ horripilante] empate para un Gobierno municipal [presuntamente] de izquierdas. Dos de los trabajadores despedidos no presentaron denuncia al acogerse a una vía de enchufe y ser contratados por subcontratas de Lyma. Vergüenza ajena de los sindicatos de clase desde el principio del caso, más pendientes de sus intereses que no de la defensa de los trabajadores. Sin embargo, las dos últimas sentencias podrían abrir la puerta para el resto de readmisiones al demostrar que el procedimiento sancionador no se realizó con plenas garantías y, en pleno sprint de la primarias del PSOE-M, la derrota absoluta de Sara Hernández y de su concejal de limpieza ¿De qué otra forma se podría retirar la querella por falsificación y fraude presentada por una de las extrabajadores sino readmitiendo a todos los trabajadores?

De lo contrario, podría resultar que la prueba caligráfica demostrase que la firma no era de la trabajadora y que los dos imputados acabasen sentenciados como dos auténticos delincuentes, que de momento hay que calificar como de presuntos.

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