GETAFE

Un juzgado cita al edil y al gerente de Lyma en calidad de investigados por falsificación y fraude procesal

 

El Juzgado de Instrucción núm. 11 de Madrid, en un auto fechado el pasado 14 de julio, ha citado a declarar como investigados el próximo día 25 de septiembre al concejal responsable de Lyma, Ángel Muñoz, y el gerente de la empresa pública, Antonio de María, según ha informado el periódico digital elbercial.com.

La imputación de los dos máximos responsables de la empresa municipal de limpieza tiene su origen en la denuncia que interpuso una de las despedidas de LYMA por el presunto uso de facturas falsas en la que acusaba al edil y al gerente de Lyma de falsificación documental, fraude procesal y estafa procesal.

Los hechos se remontan al juicio en el juzgado de lo social por el despido de la trabajadora A.B.C. Durante el desarrollo del mismo se presentó un documento donde presuntamente se suplantaba la identidad y la firma de la trabajadora para asumir los hechos que se le imputaban, sustanciados en la entrega de una factura falsa para cobrar una prestación social.

El documento fue usado por los abogados de LYMA para tratar de ganar el juicio de ese despido, ante lo cual la trabajadora anunció que interpondría una denuncia por falsedad documental.

El juzgado de lo social, que entendía que este documento presentado por LYMA era “esencial”, según las fuentes consultadas, para dictar sentencia, dio un plazo de ocho días a la representación legal de la trabajadora despedida para presentar los hechos ante un juzgado de lo penal, lo que finalmente ha llevado a cabo.

Para el juzgado de instrucción, “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, según recoge el propio auto. Además, el juez cita a la denunciante para practicarle una prueba “de cuerpo de escritura”, con el fin de dictaminar si la firma que aparece en el documento presentado en el juzgado de lo social se corresponde con la de su puño y letra.

Un traidor haciendo limpia

A la misma vista a los juzgados deberá acudir también en calidad de testigo Marcos Oviedo, instructor de los expedientes de los despidos de los 25 trabajadores de LYMA y responsable de recursos humanos de la empresa de limpieza. Marcos Oviedo ha sido secretario de Nuevas Generaciones y fue en la lista del PP en los comicios de 2011. Tras la pérdida del poder y la llegada del PSOE, Oviedo fue tachado de traidor al PP y a los trabajadores que Sara Hernández despidió en la purga que siguió a su elección como alcaldesa de Getafe. Oviedo llegó a un acuerdo de mejora  económica y  un ascenso en la empresa municipal. Lo de que se vendió por un plato de legumbres,   nunca mejor aplicado que en el caso de este cargo de confianza, antes del PP y ahora del PSOE. No son lentejas. Son euros.

Tras conocerse la imputación del edil, lo que le deja en una difícil situación política, el Gobierno municipal ha tenido que emitir un comunicado para contrarrestar la información del mencionado medio en el que, por otra parte, confirma la citación aunque asegura que el documento en cuestión no está falsificado y que la empresa municipal cuenta con grabaciones en la que los despedidos reconocen los hechos. Solo la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Getafe, Mónica Cobo, ha adelantado en las redes sociales su intención de pedir la dimisión del concejal socialista. Para dejar más claro el asunto, tras la turbia nota de prensa municipal, la misma publicación ha tenido que volver a repasar las aseveraciones del Ayuntamiento con la trabajadora despedida y, en este caso, denunciante.

Además de la situación de ‘camarote de los hermanos marx‘ que se vive en Lyma, hay que constatar la situación de descomposición del servicio de limpieza en el municipio donde arrecian las críticas por la suciedad y la basura imperante. Lyma solo va bien en las informaciones del periódico donde destina íntegro su presupuesto publicitario en prensa que, por otra parte, un dato que no aparece en su recién iniciada trayectoria de transparencia y que podría ascender a más de 30.000 euros al año.

De los veinticuatro trabajadores despedidos de Lyma por cobrar ayudas de hasta 600 euros con facturas falsas ya se han producido cuatro sentencias. Tres a favor de Lyma y una en contra que declara el despido improcedente. También hay dos trabajadores de los 25 despedidos que han renunciado a la reclamación laboral por haber ‘sido enchufados’ en empresas satélites de Lyma.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha iniciado acciones penales contra los trabajadores despedidos solicitando hasta seis años de cárcel. Las críticas no se han hecho esperar acusando a la alcaldesa de insensibilidad y de falta de proporcionalidad. Piense el lector que seis años es la sentencia contra Urdangarín después de aprovecharse y cobrar cantidades millonarias. No 600 euros. Un año de cárcel por cada cien euros. Parece exagerado. La moralidad en la función pública no se consigue con medidas en las que se presiona únicamente a los más vulnerables. Mire la alcaldesa a su alrededor y verá a su amiga y ahora asesora Cristina González implicada en el uso y abuso del aparcamiento del ayuntamiento con un beneficio —presuntamente ilícito, qué palabra más tonta cuando se ha comprobada la chorizada— que triplica o cuadruplica las triquiñuelas de los extrabajadores de Lyma.

La ‘traidora’, como llaman a la alcaldesa de Getafe en el PSOE de Madrid, sigue demostrando su defensa y su sensibilidad con los trabajadores. Eso sí, solo con sus amigos y amigas.

Calle Escaño, a las 10,30 horas de un sábado

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