ESPERANZA FERNÁNDEZ ACEDO
♦ Voy a decir una obviedad: los bienes y recursos públicos deben estar administrados por parte de políticos y funcionarios con la misma diligencia y criterios de racionalidad, al menos, que estos emplearían si se tratara de sus propios bienes o los de su empresa. Para que se entienda que algo tan obvio no es práctica habitual en nuestras administraciones públicas, veamos un ejemplo en nuestro municipio, el de los alquileres que paga el Ayuntamiento por algunos locales que albergan dependencias públicas.
Los partidos que ocuparon el Gobierno Municipal durante décadas tomaron decisiones respecto a la gestión del patrimonio de locales y edificios públicos que, como mínimo, podríamos calificar de «alegres». Se hicieron cesiones de los mismos a distintas entidades mientras se pagaban alquileres por locales ocupados por servicios municipales. Reconocer la importancia y el interés social de la labor que desarrollan muchas asociaciones y casas regionales no significa que deba dárseles prioridad sobre el servicio público directo a la hora de asignarles recursos porque no podemos olvidar que, pese a desarrollar labores de interés social, no dejan de ser entes privados y la proximidad ideológica o de otro tipo con los titulares del Gobierno no los convierte en públicos. Si una persona en su vida privada cede bienes a terceros y, al mismo tiempo, paga rentas por alquilar bienes similares, es muy probable que algún familiar con derechos instase de los tribunales que se le calificase como pródigo, con las subsiguientes consecuencias. No resulta exagerado, por tanto, afirmar que se ha actuado con prodigalidad en la gestión del patrimonio público en este ayuntamiento. Dicho de forma más sencilla: cuando sobra, se puede dar, pero cuando falta, no, sobre todo si se están gestionando los gastos e ingresos públicos.
Esa es una pesada herencia, es cierto, para los nuevos responsables, pero ya han pasado tres años desde las elecciones y, pese a su declaración de intenciones, el actual Gobierno Municipal no está dando los pasos necesarios para racionalizar el gasto en este aspecto. UPyD manifestó que, dentro del objetivo de racionalización de gasto público de cara al presupuesto de 2014, era imprescindible abordar el problema de los alquileres para que el ayuntamiento no estuviera pagando ninguno al final del ejercicio o, al menos, hubiera eliminado los más caros o aquellos que albergaran servicios más susceptibles de ser reubicados en dependencias municipales.
Vemos que día a día las buenas intenciones se van quedando en agua de borrajas, después de tomar la primera medida con el traslado de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) a un local municipal. Los siguientes pasos importantes tendrían que haber sido el traslado a locales municipales de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) y de la Casa del Mayor, que actualmente se encuentran en locales alquilados a precios altos muy gravosos para las arcas públicas. La sorpresa ha sido comprobar que, respecto a esta última, en una de las últimas reuniones de la Junta de Gobierno se acuerda prorrogar el contrato de alquiler nuevamente. Del traslado de la empresa pública a un local propio, nada se sabe.
No son los únicos alquileres que se pagan pero sí los que se supone estaban en la agenda del Gobierno Municipal para darles solución inmediata. Tenemos otras situaciones como la ubicación de la Delegación de Servicios Sociales en el Hospitalillo de San José, que también implica una contraprestación, canalizada mediante convenio, o los alquileres de naves en los polígonos industriales, alquileres que no se han revisado a la baja pese a que la situación económica ha variado sensiblemente desde su firma y la tendencia seguida por empresas y particulares durante estos años ha sido la de renegociar a la baja las rentas de alquiler. La única rebaja mínima que se ha producido es la que ha venido marcada por la variación a la baja del IPC oficial.
Los actuales responsables del Gobierno Municipal alardean mucho de ser mejores gestores que los anteriores pero vemos que los hechos no están a la altura de su jactancia cuando un asunto tan importante para la reducción del gasto como eliminar el pago de rentas de alquiler no se está tratando con la debida celeridad.
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Esperanza Fernánde Acedo es Concejal portavoz Grupo Municipal de UPyD Getafe
