OPINIÓN

Reformas contra la corrupción

 

Por: JUAN SOLER-ESPIAUBA

♦  “La práctica política ha ido generando unas dinámicas que han terminado por viciar el sistema institucional, perjudicando su funcionamiento y la percepción que los ciudadanos tienen del mismo. Prácticas alejadas de la ejemplaridad y comportamientos dudosos desde el punto de vista ético que han terminado por considerarse “inevitables”, que se han establecido como propios del poder, que debilitan la consideración que los ciudadanos tienen de las instituciones y que socavan el vínculo entre representantes y representados. Aunque en distintos momentos de la etapa democrática –normalmente tras el estallido de algún escándalo de corrupción- se haya apelado con grandilocuencia a la regeneración, no se ha hecho nada para atajarlo de verdad. Todos sabemos que la realidad no se cambia con buenas palabras sino con acciones concretas y decididas.

El descontento y la desafección hacia la política se han extendido en los últimos años a amplios sectores de la opinión y de la sociedad. Los partidos políticos son hoy las instituciones peor valoradas por los españoles. En esta situación, creo que se trata no solo de preguntarnos cómo hemos llegado a este punto sino de saber qué podemos hacer para resolverlo.

Debemos ser conscientes de que estamos ante una crisis política nacional, que afecta al conjunto de las instituciones, y que por ello debería ser abordada con el máximo acuerdo y con la mayor decisión. Como decía Antonio Fontán, en la vida de cualquier nación hay cuestiones de Estado y cuestiones de gobierno. Para las primeras deben buscarse amplios consensos, no bastan las mayorías ocasionales. Esta crisis es una cuestión de Estado, y en saber afrontarla nos va el futuro político del país.

En primer lugar, si los ciudadanos han perdido la confianza en sus representantes debemos reformar el modo en que se los elige y la forma en que dan cuenta de su gestión. Hay que buscar fórmulas para que los políticos sean más cercanos, sean conocidos por sus electores y respondan directamente del ejercicio de su cargo. Esto hoy solo ocurre en España en el nivel local. Hay posibilidades, sin que se pierda el principio de proporcionalidad, de acercar el representante al representado. Así ocurre en la ley electoral alemana, que permite que una parte de los representantes sea directamente elegido por los votantes. En la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana hay reformas presentadas en este sentido. Sería bueno que los partidos que se llaman regeneracionistas, como UPyD, contemplasen esta posibilidad con sensatez y espíritu constructivo.

Puesto que los partidos políticos están tan mal valorados debemos reformar su funcionamiento interno y estudiar las alternativas para un mejor reclutamiento de los dirigentes a través de procesos de selección más democráticos y transparentes.

Hasta ahora, en España ha ocurrido aquello que Michels enunció como la “ley de hierro de las oligarquías”, pero de forma tan burda que podríamos hablar de la “ley de hojalata”. Cuando un conjunto de dirigentes políticos se consolida en el poder, prolongándose indefinidamente en su ejercicio, termina por convertirse en una casta cerrada, que controla todos sus resortes e impide el acceso desde el exterior. La “oligarquización” de los partidos termina por convertirlos en organizaciones cerradas, generadoras de burocracia y de corrupción. Eso ha provocado la ausencia de los mejores en la vida pública –o al menos, de muchos de los mejores- problema que lamentara Ortega y Gasset con amargura. Por el contrario, nos encontramos unos partidos impermeables a la excelencia, al mérito, desconectados de los ciudadanos. Nos encontramos ante unos políticos que muchas veces no han trabajado nunca en nada fuera de la política y que ni siquiera responden ante unos electores concretos de lo que hacen. Algo nefando, pero real.

La corrupción no se ataja con más burocracia, ni con la creación de sínodos anodinos como tanto gusta a la izquierda. La corrupción se ataja con un conjunto de normas claras –que se cumplan- y con mayor transparencia. Transparencia es, ante todo, contar lo que se hace.

La financiación de los partidos, que es asunto relevante y se presta fácilmente a la demagogia y al oportunismo, exige una transparencia total, cristalina. No seamos hipócritas multiplicando unas restricciones disfuncionales que provocan el efecto contrario al que pretenden, es decir, que al final favorecen la corrupción. Hagamos que lo que ocurre se sepa. Sabemos que las campañas electorales generan unos gastos muy altos. Habrá entonces que establecer los medios para que se pueda saber de dónde viene el dinero y qué se hace con él. O quizá habría que elevar la duración de la legislatura a cinco años, como ocurre en democracias tan consolidadas como Reino Unido o Francia. Esto reduciría automáticamente los gastos, ya que en 20 años se pasaría de cinco a cuatro citas electorales.

La Fiscalía anticorrupción debería investigar los incrementos patrimoniales injustificados no solo de cargos públicos sino de gentes vinculadas a la política. En algunos ámbitos del sur de la Comunidad de Madrid, que conozco bien, llaman poderosamente la atención ciertos enriquecimientos que no tienen una explicación razonable. Lo cual seguramente también ocurra en los demás puntos cardinales.

Por otra parte, la limitación de los mandatos evitaría algunos de los problemas a los que me refiero. Eternizarse en los cargos solo lleva a perder el sentido de servicio, a creer que estos “pertenecen” a los que circunstancial y temporalmente los ocupan y por ello a desdibujar las fronteras entre lo público y lo privado.

Asimismo, esta limitación de mandatos de los políticos debería complementarse con la rotación de los técnicos de urbanismo. Ello impediría la aparición de figuras todopoderosas e inamovibles que deciden sin cortapisa alguna sobre asuntos de calado económico y mucha trascendencia en el desarrollo de las ciudades. Igual que ocurre con los diplomáticos o con los militares, que cambian de destino, esta sería una medida higiénica y saludable para la práctica político-administrativa.

Mejorando la selección de los llamados a desempeñar cargos públicos por los partidos, potenciando el vínculo entre elector y elegido (así como la rendición de cuentas), limitando los mandatos y favoreciendo la rotación de los cargos de urbanismo, aumentando la transparencia en la financiación de los partidos y comprobando la calidad de los comportamientos económicos de gentes dedicadas o vinculadas con la política, estaremos haciendo más contra la corrupción y por la regeneración que con toda la retahíla de órganos de supervisión, comisiones de control, consejos de nosequé etc. que la izquierda es tan dada a proponer cuando se refiere a este tema. Los órganos de control que existen sirven, pero hay que facilitar que funcionen bien.

Será con reformas como podamos enfrentar el problema de la corrupción. Estas son algunas ideas que, discutidas y acordadas entre los partidos, contribuirían a que los ciudadanos vuelvan a tener confianza en las instituciones y en sus representantes. Buena falta nos hace si queremos recuperar la salud de un sistema político tan exitoso y conveniente como el que nos dimos en la Transición y con la Constitución de 1978”.

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