♦ Leganés empieza la legislatura como acabó la anterior. Haciendo el ridículo político. Ya lo habíamos adelantado en uno de los artículo de opinión. El sectarismo ya no alcanza solo al adversario o contrincante político sino a los propios compañeros del partido en el Gobierno Local. Santiago Llorente el nuevo Alcalde de Leganés ha podido batir el récord de España de miembros de la Junta de Gobierno Local de un municipio acogido a la Ley de Grandes Ciudades. Esta norma establece que la Junta de Gobierno es designada por el primer edil cuyo número no podrá exceder a un tercio del número total de ediles que forman el Pleno del Ayuntamiento y, según sentencia del Constitucional, deberán ser todos cargos electos en contra de lo que inicialmente había regulado el legislador. Sin embargo, la Ley no establece un número mínimo de miembros.
En la sesión extraordinaria convocada por el recién elegido Alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, el pasado 15 de junio, quedó constituida la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés con dos miembros, además del primer edil. Además de Llorente, forman parte de esta exigua Junta de Gobierno Local las edilas Virginia Jiménez Calero (número 6 y última edil electa por la lista del PSOE) y María Ángeles Micó Vaquerizo (número 2).
Santiago Llorente, a pesar de contar con solo seis ediles para gobernar Leganés, ha dejado fuera a los ediles afines al exalcalde socialista Rafael Gómez Montoya, Pedro Martín Atienza (número 3), María Elena Ayllón López (número 4) y Luis Martín de la Sierra (número 5).
Los comentarios a la decisión del nuevo Alcalde de excluir de la Junta de Gobierno Local a la mitad de sus ediles no ha dejado indiferente a una parte de la oposición. Ricardo López, el número dos de ULEG ha dicho que «si el Alcalde no se fía de la mitad de su tropa, mal vamos». El resto de la oposición, Leganemos, PP y Ciudadano, aún no se han manifestado con respecto a esta decisión, una de las más importantes de la legislatura.
La gestión económica y ejecutiva del Ayuntamiento, de la que se responsabilizan de forma solidaria los miembros de la Junta de Gobierno, tendrá que se asumida a través de delegación a cargos de confianza, técnicos o funcionarios.