La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe celebrada el pasado 3 de abril ha acordado resolver el derecho de superficie en la parcela D-22 de El Casar —hoy calle Martín Gato— adjudicado a la Casa de Murcial para construir un edificio que albergase su sede y sus actividades.
El derecho de superficie fue adjudicado por un periodo de 50 años, según acuerdo de la Comisión de Gobierno de 24 de Agosto de 2000, ratificado aun año después por el Pleno en sesión ordinaria de 5 de Julio de 2001. La actual resolución de la cesión se realiza por «el incumplimiento de las condiciones previstas en los pliegos técnico y administrativo relativas a los plazos de construcción» al no ser capaz la entidad de finalizar los trabajos de edificación.
En los años siguientes a la adjudicación se intentó desarrollar el proyecto. En noviembre del año 2001 se presentó la licencia de obra; en el 2002 se otorgó; y en 2003 se iniciaron las obras con un plazo de ejecución de dos años. Los trabajos se abandonaron en el año 2006, tras diversas vicisitudes y sospechas de corrupción en la adjudicación y ejecución de las obras.
Dieceséis años después del inicio de las obras, el proyecto permanecía abandonado sin que el Ayuntamiento supiese qué hacer con la patata caliente ‘a la murciana’. En el inmueble se ha malversando una cantidad indecente de dinero. La ejecución del inmueble se valoró en poco más de 600.000 euros. Sin embargo, las subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Getafe, 570.000 euros, y del Gobierno de Murcia, 330.000 euros, no fueron suficientes para terminar el edificio. Y ahí empezaron los problemas. Los responsables de la Casa Regional se fundieron los 900.000 euros de subvenciones, un 150 por ciento de lo valorado inicialmente, y solo ejecutaron la mitad de las obras. La burbuja de la construcción estaba en su máximo esplendor; el derroche y la mano larga, también.
El edificio ha padecido varios sucesos. En 2014 y 2017 fue noticia por sendos incendios. En el 2017, la Asociación de Vecinos de Getafe Norte denunció el estado lamentable de abandono del edificio en el que proliferaban las ratas, había materiales de obra abandonados, malos olores y en verano cobraba peligro de incendio a causa de las hierbas altas y secas; además —insistía la AVV de Getafe Norte— el edificio se había convertido en un lugar donde algunos entraban a divertirse [y a realizar sus necesidades] con el consiguiente peligro. La misma entidad había solicitado en los presupuestos participativos de 2017 que el edificio se convirtiese en un Centro de Mayores. Han pasado dos años para dar un paso jurídico tan evidente. Otro asunto es ofrecer una solución definitiva; hemos tenido que esperar a que falte poco más de un mes para las elecciones municipales. La consigna es no asumir pringues de gestión, ni proyectos que supongan un riesgo político y judicial.
Ahora, sin posibilidad de retomar el proyecto —solo faltaría un nuevo e inútil derroche— la Junta de Gobierno ha aprobado la reversión de la parcela al patrimonio del Ayuntamiento de común acuerdo con la Casa Regional, y ha previsto su escrituración ante notario sin que la entidad tenga derecho a indemnización alguna; además se acuerda la consolidación anticipada de las obras ejecutadas y su incorporación al inventario municipal.
No conviene olvidar la peste añeja de este mugriento potaje fruto de la desidia y la dejación; no se puede justificar la alcaldesa con la típica herencia de otros regidores. Sara Hernández era, en aquellos tiempos, jefa del gabinete de Pedro Castro. En el año 2003 entró como concejala del PSOE en el Ayuntamiento ejerciendo aquella legislatura como delegada de Relaciones Institucionales. Desde entonces, si no se puede decir que es la autora y primera ‘chef’ del desaguisado —en este caso murciano—, sí pensamos que en parte fue la cocinillas y coautora de la receta.
La idea [publicitaria] del Gobierno de Sara Hernández es crear una residencia de mayores para unas 67 personas; pero la verdad es que no la quiere hacer; y mucho menos gestionar. Para conseguir disimular, el Ayuntamiento ha ofrecido la iniciativa a la Comunidad de Madrid no solo para «ahorrar 1,5 millones de euros que aporta [?] el Ayuntamiento sino para agilizar la puesta en marcha del centro». Así se puede presumir. Olvidando los 570.000 euros que se malversaron en el proyecto, sin arriesgar, sin rematar la faena y, sobre todo, sin compromisos de futuro. Eso queda para la administración regional. ¿Es como dicen o será disimulo?
