Las entidades ciudadanas han elaborado un documento que será enviado a la Comunidad de Madrid
♦ El Consejo Local de la Salud del que forman parte entre otros, Ayuntamiento y entidades ciudadanas, ha aprobado a iniciativa de estos últimos, un documento en el que expresan su malestar por la actitud del director del Área Asistencial Oeste, Alejandro Abon, por negarse a reunirse con ellos y proporcionarles la información que solicitan.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada apoya el malestar de las asociaciones y comparte las denuncias expresadas en el documento que apuntan, entre otras, según ha informado la concejala de Sanidad Margarita Barrios «a listas de espera en Rehabilitación hasta el año 2016 en los centros de salud, cuando se ha cancelado el contrato a dos fisioterapeutas, así como esperas inaceptables en Odontología y Odontopediatría, entre otras áreas».
Además, denuncian el deterioro que sufren los centros de salud del municipio en cuanto a la limpieza, salubridad y mantenimiento que ha provocado que dos de ellos -Cuzco y Naranjo- estén denunciados ante Inspección de Trabajo.
El texto aprobado, también critica el hecho de que el Hospital de Fuenlabrada derive a clínicas privadas la realización de las ecografías prescritas a los pacientes por sus médicos de primaria.
Exigen también una respuesta a los responsables regionales de salud, ya que se está remitiendo a las mujeres que acuden a realizarse una mamografía en la unidad móvil situada en el Centro de Especialidades El Arroyo, a clínicas privadas en Madrid a realizarse una ecografía.
Denuncian que se les niega la posibilidad de hacerlo en el Hospital de Fuenlabrada, además de amenazarlas con quedar excluidas del programa de prevención si se niegan a acudir.
Por otra parte, las entidades piden a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, datos sobre listas de espera, sustitución de profesionales y presupuestos de los centros de salud de Fuenlabrada durante el pasado año.
El documento finaliza con la exigencia de que se atienda a todas las personas que residan en el municipio, sin distinción de raza o situación legal, ya que aseguran se han dado casos de desprotección sanitaria, incluso entre niños.
