GETAFE

El Tribunal Supremo pone fin [o no] a la aventura de PSG

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El Supremo ha razonado la sentencia en contra de las alegaciones del que fuera administrador de PSG (Propietarios de suelo de Getafe) e impulsor del mayor fiasco de viviendas en el municipio, David Moreno, al encontrarse ante un delito de estafa, agravado por la cuantía, en torno a los 14.500.000 euros, y por la cantidad de perjudicados, cerca de 2000.

♦ La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de fecha 16 de enero de 2015, por la que se condenaba a David Moreno a siete años y seis meses de prisión por el delito de estafa. En el auto de fecha 8 de marzo de 2016, mantiene la ‘condena’ a la aseguradora HCC a devolver las cantidades incluso en el caso de algunos socios que no tenían los certificados individuales. Sin embargo, el Tribunal supremo ha revocado la decisión de la Audiencia de condenar a la compañía americana al pago de 10.000 euros por socio en concepto de daños morales, entendiendo esto como un «exceso en la cobertura del seguro, no en cuanto al ámbito de los riesgos cubiertos sino de los conceptos indemnizables».

El Supremo ha razonado la sentencia en contra de las alegaciones del que fuera administrador de PSG (Propietarios de suelo de Getafe) e impulsor del mayor fiasco de viviendas en el municipio, al encontrarse ante un delito de estafa, agravado por la cuantía, en torno a los 14.500.000 euros, y por la cantidad de perjudicados, cerca de 2000. «David Moreno era conocedor de las circunstancias que hacían que la posibilidad de utilizar los sectores objeto de urbanización debía pasar por los trámites expropiatorios desde un primer momento previstos por la Autoridad competente en la materia, de modo que no puede alegar su desconocimiento acerca de tal extremo, que impedía la realización de los proyectos a los que convocaba a quienes, posteriormente y como era de todo punto previsible, resultaron perjudicados, con el correspondiente enriquecimiento ilícito».

El Grupo de Cooperativistas Independientes (GIC) ha enviado una carta a los socios y a los medios de comunicación poniéndose al servicio de los afectados para recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional o ante Europa en cuanto a la indemnización por el daño moral. Estos recursos no afectan a la ejecución de una sentencia que se aplicará a los socios de las cooperativas de manera distinta, según lo que hayan cobrado: nada, los que han recibido el principal y los que además de las cantidades anticipadas han cobrado pocos o muchos intereses.

Una historia de codicia

La historia de PSG y las cooperativas Getafe Capital de Sur y Getafe Cuna de la Aviación Española empezó el mismo día que el Ayuntamiento de Getafe abría de par en par la puerta al aire que iba a inflar la burbuja urbanística de España. El 10 de julio del año 2000 el Consistorio aprobó el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el que se establecían los nuevos desarrollos urbanísticos. Y todo lo que no estaba controlado por los exconcejales socialistas que ‘partían el bacalao’ urbanístico se había pintado con el lápiz rojo de la expropiación. Así estaban, desde el principio, los dos barrios en los que se centra la penosa historia de las cooperativas de PSG: Los Molinos y Buenavista.

Mientras avanzaba la tramitación urbanística de los terrenos, David Moreno consciente del tamaño de la tarta urbanística que se estaba cocinando y de la enorme demanda de viviendas de protección pública que dejaba sin atender el incipiente desarrollo del Bercial, modificó el objeto social de PSG, una empresa dedicada a la mensajería registral, para poder gestionar cooperativas de viviendas. Para quedarse con el negocio, ‘Damopín’ —como era conocido—, sabía que tenía que comprar suelo suficiente para ‘torcer la voluntad de los políticos’. Nadie duda que realizó la consulta a los gurús y mandamases del urbanismo por aquellos años, Ángel Torres y Jesús Neira, para empezar una carrera ‘desnortada’ por el control de Los Molinos y Buenavista. To-pa-mí. La apuesta era fuerte; estaba en juego un negocio de cientos de millones de euros.

David Moreno, «conociendo que la aprobación de la revisión del PGOU de Getafe se extendería a los sectores Los Molinos y Buenavista, los cuales tenían previsto un sistema de ejecución por expropiación, y el interés de gran número personas de obtener una VPP, con la finalidad de conseguir un jugoso beneficio económico decidió ampliar el negocio de su sociedad a la gestión de cooperativas de VPP en dichos desarrollos».

La Audiencia dio por sentado que Moreno convenció a los empleados de PSG, amigos y conocidos para constituir dos cooperativas. Una destinada a recoger la demanda de socios en Los Molinos, ‘Getafe, Capital del sur’, y otra, ‘Getafe Cuna de la Aviación Española’, en Buenavista. Así se aseguraba el contrato de gestión como instrumento lucrativo y control de los consejos rectores. Posteriormente ratificó en asamblea los contratos de gestión que establecían los honorarios de PSG en un 10 por ciento del coste total de las viviendas y autorizaba a David Moreno a comprar suelo en ambos sectores. A la compra del terreno, PSG ya facturaba casi la mitad (un 4%) de los precios estimados inicialmente y que nada tenían que ver con los módulos oficiales. Para acceder a una de las golosas viviendas había que poner 14.000 euros más IVA y asumir 48 pagos de 235 y 355 euros más IVA para llegar al 20% del precio. El resto sería cuestión de subrogarse en los préstamos cualificados. Con una cantidad inmensa de dinero en caja, a principios del año 2004 empezó a comprar ‘frenéticamente’ fincas rústicas antes de concertar el seguro para los cooperativistas, para justificar el cobro de la gestión de PSG. Las escrituras recogían que «eran suelo urbanizable sectorizado». En dos años, hasta febrero de 2006 se ‘fundió’ 16.954.454 euros en el caso de Capital y 18.173.631 euros en Cuna. Más de 35 millones de euros en suelo, además de otros 2,5 millones de euros del Impuesto de Transmisiones.

El vendedor vendía «a la cooperativa la participación indivisa del cincuenta por ciento del pleno dominio de la reseñada finca descrita, y que se concretaría y materializaría, en el futuro, en los derechos edificatorios de vivienda protegida». A pesar de las falsedades que se incluían en las escrituras —lo que nos valió una querella de un notario— y que el registrador de la propiedad inscribía los ‘derechos de vpp’, los terrenos adquiridos eran insuficientes para promover la cantidad de viviendas adjudicadas.

David Moreno mantuvo la confianza de los casi dos mil socios con la presión política, los medios de comunicación (llegó a editar un periódico y a comprar espacios en la radio) y la propuesta de un convenio con el Consorcio, inviable por el descuadre entre terrenos adquiridos y viviendas necesarias para los socios que habían puesto el dinero. Además consiguió firmar una póliza para asegurar las cantidades con «más trampas que una película de chinos». Hasta el momento del fracaso del proyecto, la empresa de David Moreno, PSG, había cobrado un total de 6.288.793,10 euros en concepto de gestión de Capital del Sur y 6.893.103,45 euros por la de Cuna de la Aviación, más de 13 millones de euros, un importe que superaba el cuatro por ciento previsto en los planes financieros de las cooperativas.

La sentencia del Tribunal Supremo pone fin a una pesadilla que empezó para los cooperativistas hace 12 largos años.

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