♦ La constitución del Ayuntamiento de Getafe surgido de los últimos comicios pone sobre la escena política local nuevos elementos hasta ahora inéditos. La elección de la socialista Sara Hernández como Alcaldesa con dieciséis de los veintisiete votos del colegio consistorial resalta el frente de izquierdas que ha agrupado para esa primera votación a representantes de distintas ideologías desde la socialdemocracia tibia y liberal al comunismo radical, el leninismo o el troskismo. Esa abigarrada y dispersa mayoría ideológica hace destacar más, si cabe, la precariedad con la que el PSOE de Getafe se ha instalado en el poder local.
La nueva Alcaldesa de Getafe tendrá que ‘lidiar’ en uno de los grandes Ayuntamientos con una exigua cuadrilla formada por sus siete ediles. Ahora Getafe, la fuerza que la ha llevado hasta la segunda planta del Ayuntamiento a través de un pacto rubricado en notaría —gesto inane sin valor real—, le ha impuesto unas condiciones mínimas entre las que destacan la limitación salarial de los concejales, la disminución del número de cargos de confianza, hasta un máximo de 19 —contando los gerentes de las empresas públicas— y la salida del Ayuntamiento del régimen de grandes ciudades que la misma Sara Hernández promovió, cuando era primera Teniente de Alcalde en el gobierno de Pedro Castro. ¿Como ha podido admitir semejante despropósito? ¿Guiada solo por el ansia del poder?
Sara Hernández se verá, más antes que tarde, en la disyuntiva de gobernar con su pequeño destacamento de cargos electos y designados —sometida a los caprichos del gobierno en la sombra en el que se ha constituido Ahora Getafe sin pringarse ni arremargase—, o reconducir a ese tumulto populista hasta posiciones de cordura en el ámbito de la gestión municipal. El acuerdo y la tranquilidad del intervalo que procura el acuerdo de investidura y no agresión tiene vigencia, de momento, hasta las elecciones generales.
El pacto entre el PSOE y Ahora Getafe propone, sin duda, medidas que solo buscan el impacto y la teatralidad del nuevo ‘cesarismo populista’. La interminable crisis económica ha sacada a flote, como prioritarias y preocupantes, las propuestas y requerimientos de la ciudadanía contra la corrupción, el derroche de los recursos públicos y el ritmo de vida de los políticos, cuestiones sin importancia en épocas de bonanza.
Sin embargo, la regeneración de la actividad política y los impulsos contra la profesionalización de la clase política no deben acabar con la gestión pública en un servicio ‘low cost’. Es posible que el ahorro previsto incialmente, primando el coste sobre la calidad, se convierta en un mayor coste para las arcas municipales y, claro está, para los bolsillos de los ciudadanos. No nos referimos a los ediles, los únicos que deberían ser ‘de confianza‘ y que han de ejercer, en general, una función política y no de administradores aficionados. Si a la precariedad de los salarios dstinados a los gestores, le sumamos la salida del Ayuntamiento de la Ley de Grandes Ciudades, Getafe volverá a ser una entidad lenta, dirigida por el Pleno Municipal y no por una junta Ejecutiva, como requiere una gran empresa con casi 175.000 accionistas y veintisiete consejeros. Dejar el régimen de gran ciudad es una decisión estrictamente política que no convertirá al Ayuntamiento en un ente más eficaz, transparente, plural ni participativo.
Para atajar en la medida de lo posible la profesionalización de la política [que se pretende desde posiciones de la pureza y el cesarismo populista] y adelgazar el número de aprovechados que viven del ‘cuento público’, tendríamos que madurar como sociedad democrática hasta niveles insospechados. Es imprescindible cambiar la mentalidad de los que acceden al poder con el deseo de rebatir porque sí lo realizado anteriormente, restituir a los amigos que en el pasado estuvieron estigmatizados por el adversario ahora vencido, ascender a los que antes fueron relevados por sus ideas, y casi, si nos apuramos, movidos por clima de ‘guerra social’ y un manifiesto deseo de venganza contra los funcionarios que han seguido al pie del cañón pese a quien pese y gobierne quien gobierne, sin deberse a nadie. Para que las entidades locales funcionen con normalidad, además de normas como la de grandes ciudades, es imprescindible estructurar la función pública para no desaprovechar, recursos humanos, técnicos y funcionarios, por criterios ideológicos.
Así, sí se podrían reducir concejales, cargos de confianza y otros parásitos de la vida pública. ¿para qué se necesitan veintisiete concejales si se puede gobernar con ocho? ¿No sería suficiente con mantener a seis o siete ediles en la oposición en lugar de diecisiete?
