Marisa Gil y Juan Soler
Todos los Gobiernos Municipales, desde que se fundó en 1984, —de hecho se proyectó para ello, además de promocionar la industria y el comercio local, han tenido uno. Un ‘brazo ejecutor’ que tramite los asuntos más opacos de la gestión municipal al margen del control del Pleno y de las decisiones públicas de la Junta de Gobierno. Además de los líos que saltaron a la luz durante el mandato del ‘popular’ Juan Soler, ahora se han sumado las denuncias de la edil socialista Mónica Cerdá contra el gobierno de Sara Hernández. En fín, es GISA, la alcantarilla del Ayuntamiento de Getafe.
María Luisa Gil fue el peón que realizó esa función para el gobierno de Juan Soler desde julio de 2012 hasta que cesó en diciembre de 2014. Casi dos años y medio que le han procurado, demás del sueldo percibido, mútiples disgustos, entre los que destacan tres que han acabado en los juzgados.
El titular de un juzgado número 6 de Getafe ha dictado la apertura de juicio oral contra ella por manipular [presuntamente] la convocatoria para contratar a José María Barahona, hijo de un exsenador del PP, «a sabiendas de que no reunía los requisitos necesarios en el momento del concurso», según el escrito de acusación de la fiscalía que pide para la acusada nueve años de inhabilitación para cualquier cargo público por un delito de prevaricación. La acusación particular es ejercida por Alberto Ganga, abogado y afectado por la decisión de la gerente de GISA.
En mayo de 2014, GISA sacó a concurso dos plazas vinculadas al proyecto URBAN de regeneración de La Alhóndiga, que contaba con financiación europea al 50%. Una era de administrador contable y la otra de técnico coordinador. Para esta última, aparte de aprobar el examen, los aspirantes debía ser, entre otras cosas, abogado en ejercicio con al menos tres años de experiencia, requisito que no cumplia en el momento del concurso. ¡Es que no saben ni poner los requisitos necesarios para hacer trampa!
En todo caso, Barahona no ganó la plaza; quedó segundo. A la vista del fiasco, María Luisa Gil intentó «anular la convocatoria» mediante un informe que realizó la secretaria general de Gisa, Juana Álvaro, también señalada por la acusación particular en este proceso. «Como no consiguió su propósito —afirma el escrito de la fiscalía, Gil amplió la convocatoria en septiembre con otro puesto de técnico más, a cubrir entre los aspirantes que habían superado el primer examen». Y el mismo día propuso contratar a Barahona, todo ello —como todo lo que pasa en GISA— sin publicidad ni libre concurrencia, sin bases. Por… amiguismo; o partidismo.
Y como no había presupuesto suficiente para dos ‘carguitos’ del nivel 18, exigió al primero que firmara un contrato de nivel 10, con un sueldo como imaginará el lector, de casi la mitad de lo anunciado. Y, para rematar la chapuza, al mes, y antes de que el escándalo que se podría organizar fuera a más —como así ha sucedido—, Gil despidió a los contratados, al del ‘nivel 18’ y al del ‘nivel 10’, por no superar el periodo de prueba
Dos meses más tarde, María Luisa Gil dimitía como gerente de GISA y se intentaba esfumar [sin conseguirlo, evidentemente] del infierno en que se había convertido Getafe para ella. Ahora, como primera ‘espada de damocles’, Gil está pendiente de la sentencia del juicio por acoso [sexual y laboral] de uno de los cargos de confianza del PP. Según, Juan Manuel Herrero, adjunto a la gerencia de GISA, María Luisa Gil «intentaba mantener un contacto más íntimo y afectivo con él de lo que puede ser normal entre jefe y empleado».
El conflicto entre Mónica Cerdá y Sara Hernández también acaba con GISA en el juzgado
Tras las confusas informaciones durante la semana santa, y los días posteriores, empieza a clarificarse el conflicto entre la alcaldesa, Sara Hernández, la ‘regente’ en la sombra, Cristina González, y la edila defenestrada Mónica Cerdá. Primero, que no al principio, fue la reestructuración del gobierno local «para servir mejor a los ciudadanos». Mentira. Crisis. Bronca en la alcaldía. Cese o dimisión de la concejala díscola. ¡Que se va!. Que no se va y, además denuncia coacciones y amenazas en alcaldía. Menudo vía crucis para la secretaria General del PSOE-M.
Tras la escenificación a las puertas de los juzgados de la unidad de los ediles ‘fieles’ al mando y la soledad de la crítica o insurrecta, se aseguró que Cerdá había reconocido su error y que pidió perdón por su ‘salida de tono’. Mentira, de nuevo. La trifulca del alcaldía se solucionó con un acuerdo en que las partes, a pesar de la diferencia numérica y de poder, se concedían tablas en su particular batalla.
Sin embargo, la cosa no acabó ahí. De hecho, había empezado antes del rifirrafe público. Ocho días antes de ser cesada por Sara Hernández —el 15 de marzo—, y siendo aún responsable de GISA, Mónica Cerdá interpuso una denuncia en el Juzgado núm. 3 de Getafe por amaños e irregularidades en GISA; nada nuevo bajo el cielo getafense. Dos días después del ‘acuerdo’ o de la ‘rectificación’ que suscribieron las tres mujeres [junto a Cristina González], Mónica Cerdá y su abogado, Alberto Ganga, se personaron en los juzgados de Getafe.
Mónica Cerdá ha acusado a la asesora jurídica de GISA, Juana Álvaro, de «falsificación de documento público». Álvaro se está haciendo famosa por su presunta habilidad para manipular expedientes, le da igual con Juan Soler que con Sara Hernández. Antes de presentar la denuncia, Cerdá letrasladó el asunto a Sara Hernández por escrito, quejándose de las «trabas» y de la «mala orientación jurídica» por parte de la asesora y de Juan Manuel Hernández Rodríguez, gerente de GISA. Cerdá recalcó en su escrito a Sara Hernández que «aunque nos indicaste que es un tema de alcaldía y que el gerente es una persona de tu entera confianza, como responsable de esta empresa municipal he tomado la decisión de [no hacerte caso] dar instrucciones para que se hicieran los pliegos de adjudicación como le habían aconsejado la Secretaría y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento», a los que Mónica Cerdá recurrió tras las diferencias con la asesora de GISA.
Sin embargo, tras el movimiento de Cerdá aparecieron nuevos informes jurídicos de Juana Álvaro en contra de la tramitación ya iniciada, según consta en la denuncia. La acusación de falsedad documental se sustenta en que esos informes eran «desconocidos» para la concejala responsable y que al final aparecieron con una fecha anterior, por lo que Cerdá hace constar en su denuncia que hay «indicios de alteración o simulación de unos documentos cuya fecha ha sido manipulada».
La denuncia, admitida a trámite, se encuentra en fase de instrucción. De hecho, Juana Álvaro ya ha declarado en calidad de «investigada», así como el gerente de GISA como testigo. A la hora de cerrar esta edición está previsto que el miércoles, 11 de mayo, sigan las declaraciones de testigos con la Secretaria del Ayuntamiento y el asesor jurídico.
