REGIONAL

Juan Soler vuelve a ser diputado regional

Juan Soler, exalcalde de Getafe (2011-2015), exdiputado regional y exsenador, ha obtenido finalmente su acta de diputado regional tras la renuncia del expresidente regional y actual senador Pedro Rollán. Rollán, que también fue alcalde de Torrejón de Ardoz, se convirtió en el tercer presidente de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura tras la dimisión de Ángel Garrido.

De la misma forma, tras la renuncia de la actual viceconsejera de Justicia Yolanda Ibarrola, entraba en el parlamento de Vallecas la candidata del PP a la alcaldía de Navalcarnero, Esther Platero. Fuentes del PP han declarado que las renuncias de Rollán e Ibarrola han sido voluntarias; el primero ejerce como senador por designación autonómica y la segunda desempeña funciones ejecutivas dentro del gobierno regional. Con estas renuncias se termina de cumplir el criterio impuesto por Isabel Díaz Ayuso al inicio de la legislatura de que ninguno de los miembros de su grupo parlamentario, salvo los consejeros, tengan dos cargos.

Juan Soler, que iba en el puesto 34 de la lista del PP a la Asamblea, ha recogido su acta de diputado tras hacerse pública el varapalo de la Audiencia Provincial al Juez Decano de Getafe por la imputación del exalcalde en el llamado Caso Teatro. El titular del Juzgado núm. 4, Javier Achaerandio, mantuvo la ‘espada de Damocles’ sobre la cabeza de Juan Soler desde el inicio de las diligencias previas de la causa en el año 2015, prorrogando de forma injustificada la instrucción más de cuatro años, hasta que finalmente imputó al exalcalde en el 2019 tras perder su aforamiento como Senador.

La Sección 3ª de la Audiencia Provincia considera en su fallo que tratándose un aforado, el Juez de Instrucción carecía de competencia para sustanciar la investigación, y por consiguiente, también para acordar su prórroga en relación a la misma. La Audiencia Provincial critica la actitud del Juez enseñando el camino que debió seguir el juez de Getafe: lo que debió realizar es remitir la investigación al Tribunal Supremo dentro del plazo máximo establecido, y por tanto con anterioridad a la decisión de la declaración unilateral de complejidad de la causa y la extraordinaria extensión de la instrucción por un nuevo plazo de 18 meses.

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