Juan Manuel Hernández, gerente de GISA, Nieves Sevilla, concejala responsable de la empresa pública, la alcaldesa y Cristina González, nombrada recientemente cargo de confianza
El pasado 20 de febrero, la Sección 15 de la Audiencia Provicial de Madrid ordenó al Juzgado número 5 de Getafe que investigue «mínimamente» el llamado caso de los tiques o vales de aparcamiento utilizados por la exconcejala socialista, eximputada en el Caso Aparcamientos y actual cargo de confianza de Sara Hernández, Cristina González porque, según la parte denunciante —la edila expulsada del PSOE Mónica Cerdá—, hay indicios suficientes de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos con la colaboración del gerente de GISA, Juan Manuel Hernández.
Los tres magistrados de la sección de la Audiencia Provincial, Carlos Fraile —como ponente—, Ana Revuelta y Carmen Herrero le dan un auténtico revolcón al titular del Juzgado número 5 y a la fiscalía de Getafe al asegurar que el archivo de la denuncia «fue prematuro» pues el Juzgado no ha practicado ninguna diligencia, salvo su ratificación, por lo que «el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias se ha acordado sin la más mínima investigación en instrucción». La Audiencia Provincial llega a plasmar en su auto que el ‘Juzgador’ ha ignorado determinadas partes de la denuncia «incurriendo en una falta de motivación que podría dar lugar a su nulidad». Además, le recuerda una serie de puntos que ha «olvidado u omitido» antes de tomar la decisión de archivar la denuncia presentada.
No es de extrañar que la percepción de la justicia por los ciudadanos esté por el suelo. La justicia y la fiscalía actuán al ‘tuntún’ de sus preferencias partidistas o políticas? ¿Cómo se pueden olvidar y/u omitir aspectos fundamentales en una causa?
La denuncia, presentada hace aproximadamente un año, fue archivada sin ninguna diligencia en el mes de julio. En plena canícula veraniega, Mónica Cerdá y su abogado recurrieron la decisión del juez de Getafe. El 21 de octubre, el Juzgado con la labor [impagable] incansable de la fiscalía en pro del archivo de las causas que afectan a los ediles y edilas socialistas, volvió a dejar sin efecto la denuncia. La parte denunciante tuvo que acudir a la Audiencia Provincial, con la oposición —cómo no— de la fiscalía, que el pasado mes de febrero arreaba un tirón de orejas al juez y a la fiscal por la ausencia de diligencias y la falta de interés en resolver esta denuncia.
Ante la contundencia del auto de la Audiencia Provincial, el titular del Juzgado número 5 de Getafe, José María Celemín Porrero, ha dictado otro de fecha 9 de marzo en el que, acatando la resolución, «procede a la reapertura de las actuaciones y la práctica de las diligencias pertinentes para la averiguación de las circunstancias concurrentes en los hechos denunciados y la determinación de las personas responsables».
Entre las primeras medidas, además de comunicar la nueva situación procesal a la fiscalía y a las partes, el juez ha ordenado que se libre un oficio a la Comisaría de Policía de Getafe «a fin de que practiquen las gestiones necesarias para la averiguación de los hechos, las circunstancias o elementos de un posible exceso en las facultades de administración del servicio de aparcamiento del Ayuntamiento de Getafe, mediante el abuso de vales descuento, con la producción de un perjuicio económico como resultado, y ese perjuicio económico».
El ‘caso de los Tickets’ de aparcamiento saltó a la luz tras el rifirrafe, y posterior cisma socialista, entre la alcaldesa, Sara Hernández, y la secretaria de Política Municipal del PSOE de Getafe —sin cargo institucional alguno aunque ejercía de ‘alcaldesa en la sombra’— la propia Cristina González, por una parte, y Mónica Cerdá, concejala responsable de GISA, finalmente expulsada del PSOE y del grupo municipal socialista en el mes de julio de 2016, por la otra.
Tras la expulsión, Mónica Cerdá declaró que Sara Hernández la castigaba «por acudir al juzgado para resolver asuntos de suma importancia en la gestión municipal», en referencia velada al lío montado en GISA, y que, legislatura tras legislatura, sigue funcionando como ‘una de las alcantarillas’ de la gestión del Ayuntamiento de Getafe.
Las tres políticas implicadas en el caso aparcamientos junto al Consejero Adjunto de Comunicación
El recurso debe ser estimado
La denuncia de Mónica Cerda, y que ahora vuelve a poner de actualidad el magnetismo que une a Cristina González y a los aparcamientos, implica directamente a Juan Manuel Hernández Rodríguez, gerente de Getafe Iniciativas SA (GISA), empresa municipal encargada de la gestión del aparcamiento del Ayuntamiento de Getafe.
Cristina González Álvarez, hasta este mes de febrero de 2017 que ha sido contratada como cargo de confianza de Sara Hernández, solo era Secretaria de Política Municipal del PSOE de Getafe. Y, a pesar de no tener funciones en el gobierno municipal y no ser parte del cuadro de asesores del Grupo Municipal Socialista de la Corporación ha utilizado el aparcamiento municipal a diario desde el último trimestre de 2015. La práctica del estacionamiento [por el morro], sin abonar apenas precio alguno, valiéndose de vales descuento facilitados por el gerente de GISA, podría ser constitutiva —según la denunciante— de los [presuntos] delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.
La concejala exsocialista, responsable de GISA antes del conflicto con el gerente y con la ‘vicealcaldesa en la sombra‘, Mónica Cerdá, encargó a uno de los trabajadores de la empresa pública un informe sobre «el uso del aparcamiento entre el 15 de diciembre de 2015 y el 15 de marzo de 2016, del que se desprende que, siendo 1.276’61 euros el precio total de los servicios consumidos [por Cristina González] , lo abonado ascendió a 63’89 €, justificándose la falta de pago del resto mediante los correspondientes vales descuento». Este informe fue presentado en la denuncia encontrando las reticencias, la desidia y la inoperancia del juzgado y de la fiscalía para investigar los hechos denunciados.
En el informe que se aporta junto a la denuncia se indican una serie de irregularidades en el uso del aparcamiento como que «había crecido el uso de dichos vales descuento por distintos departamentos y concejalías del Ayuntamiento y que dicho aumento era sumamente significativo en lo que al departamento de Alcaldía se refería».
Según la denuncia, «la actuación arbitraria por parte del gerente de una empresa municipal y/o por otros cargos del propio Ayuntamiento, de la que existen indicios, ha producido un claro menoscabo a las arcas públicas previa malversación por vía de vales descuento que disfruta la denunciada gracias al referido gerente; pues no debemos olvidar que cada vez que la denunciada utiliza un vale descuento, sin mediar razón administrativa que lo justifique, está evitando el pago a las arcas públicas del importe que por el uso de ese espacio público ocupado recogen las normas tanto municipales como de la propia empresa GISA».
El lector no entenderá del todo la relación entre GISA y los vales descuento hasta que no se explique que se trataba de vales descuento como los que reparten las asociaciones empresariales y comerciales (AJE y ACOEG) para facilitar el aparcamiento a la hora de hacer compras en el centro urbano.
Sin embargo, el juez y la fiscalía olvidaron u omitieron Cristina González no compraba nada y que aparcaba todos los días durante horas [a pesar de que no tenía empleo conocido] «que los ciudadanos que utilizan ese aparcamiento cuando acuden a realizar gestiones pagan la tarifa pública aprobada», y no gratis como la denunciada. A su vez, «los usuarios que, a su vez, son beneficiarios del convenio que el Ayuntamiento de Getafe tiene con asociaciones empresariales de la ciudad como ACOEG o AJE, lo hacen porque estas asociaciones empresariales, fruto de ese convenio, compensan al ayuntamiento con actuaciones propias de su ámbito y objeto social que, de no ser así, costarían al Ayuntamiento, y al erario público, una buena cantidad de euros, que el Ayuntamiento se ahorra o compensa con hechos como el uso del aparcamiento; además de que ese uso está limitado a una sola hora diaria».
En la denuncia se acredita documentalmente el uso irregular del vehículo, del que se aporta la matrícula, propiedad de Cristina González.
El Juzgado de Instrucción, tras tomar declaración solo a la denunciante, acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, al deducir que los vales descuento eran concedidos discrecionalmente por la Alcaldía a los ciudadanos que acudían a realizar gestiones al Ayuntamiento, «sin limitación alguna en cuanto al número de veces, no apreciándose el delito de cohecho, que exigiría el acuerdo entre quien hace el ofrecimiento y quien recibe la dádiva, ni el delito de prevaricación, puesto que la denunciante indica que desconoce si se dictó alguna resolución que permitiera el fin que se da a los vales descuento, ni el delito de malversación de caudales públicos, pues en la denuncia se relata que debería estar motivado el uso de los vales, y que esta circunstancia queda al margen del ámbito penal».
Sin embargo la Audiencia Provincial considera que «el sobreseimiento es prematuro. Lo denunciado por la ahora recurrente, si se dan circunstancias o elementos que determinen un posible exceso en las facultades de administración del servicio de aparcamiento, mediante el abuso de vales descuento, con la producción de un perjuicio económico como resultado, podría ser susceptible de encaje en el delito de malversación de caudales públicos según los artículos 432 y 433 del Código Penal».
»Todo uso de bienes públicos por los particulares debe estar sometido a la norma y en el caso denunciado no ha quedado acreditado, pues no se ha llevado a cabo prueba alguna por el Juzgador en ese sentido, que el uso gratis de un bien público por la denunciada, que carece de cargo público y no pertenece al personal funcionario o laboral del Ayuntamiento, este sometido a norma alguna. Por lo tanto, solo cabe encuadrarlo en una actuación discrecional del gerente de la empresa que explota dicho parquin».
La Audiencia Provincial sigue afeando el [nulo] trabajo del Juzgado de Getafe, al asegurar que «con carácter previo a decidir sobre si procede o no el sobreseimiento, debe llevarse a cabo una investigación, siquiera mínima con objeto de determinar si se han podido producir ese exceso y ese resultado de perjuicio económico». Arreando que es gerundio: hagan ustedes «una investigación, siquiera mínima».
El karma ataca de nuevo
Nadie se atrevería a nombrar la soga en la casa del ahorcado. Ese es el caso de Cristina González con los aparcamientos. Ya sean de titularidad privada, en cooperativa, o municipales. Pasadas las últimas navidades, exactamente el día 12 de enero, se hizo público el archivo del ‘Caso Aparcamientos’ en el que estaban imputados, además de Cristina González, otros ediles socialistas, técnicos y familiares, por la adjudicación de un aparcamiento subterráneo a la Cooperativa Jilguero 2005 en cuyo consejo rector figuraba su marido, su padre y su madre; y ella, como Ana Mato o la Infanta Cristina, se enteró por la prensa. Hay que tener cara. Pero la justicia es la justicia; los hechos sucedieron y la irregularidad se cometió, aunque la justicia lo pasó por alto. Ahora, sin embargo, —la alegría dura poco en la casa del pobre— regresa el temor a una nueva imputación por otro caso ‘subterráneo’. O será, como dicen los jóvenes en las redes sociales, el ‘karma’. Los aparcamientos persiguen a Cristina González como una maldición socialista.
Aliviada por el archivo del Caso Aparcamientos que la tuvo durante años vagando por los despachos del Ayuntamiento y del PSOE sin poder figurar, ahora vuelve a tener la amenaza de una nueva imputación, junto a su amigo el gerente de GISA, por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. En ese caso, si se juzga políticamente como los despedidos de Lyma, que sería lo más justo [o ético] la abocaría de nuevo a las mazmorras de la política.
¿A qué acudía al Ayuntamiento?
Aunque queda constatado, hasta este mes de febrero, que Cristina González no ostentaba ningún cargo público, ni era cargo de confianza, personal laboral ni asesora del grupo municipal socialista, aparcaba todos los días durante horas en el aparcamiento del Ayuntamiento. ¿Qué ocupaciones la entretenían en el edificio Consistorial?
La pregunta, por tonta, la conocía todo el mundo. La [pobre] Cristina González, que de todo se entera por la prensa, la alcaldesa, Sara Hernández, y la jefa del gabinete de alcaldía, Silvia Gómez, conforman las tres ‘patas’ del triunvirato femenino o ginecocracia que gobierna el Ayuntamiento de Getafe. De tal manera, que desde que Sara Hernández accedió al cargo de primera edila, Cristina González que no podía aparecer por estar imputada en el ‘caso Aparcamientos’ empezó a ejercer como ‘vicealcaldesa en la sombra’ con despacho adjunto al de Sara Hernández y al de Silvia Gómez, hija del que fuera Secretario de Organización, ‘controlador y hombre fuerte’ del socialismo getafense, Victoriano Gómez.
La historia se repite; por lo menos en cuanto a las pequeñas y grandes corruptelas. Cristina González, al ‘okupar’ el despacho de la segunda planta, no inventó nada. Se ocultaba en público pero tampoco en exceso; todo el mundo sabía que se estaba marcando lo que en los buenos tiempos del socialismo patrio se denominó un ‘juan guerra’, tras el salto a la fama del ‘hermanísimo’ al descubrirle la prensa instalado en un despacho público sin tener cargo ni ocupación en la Junta de Andalucía.
Viviendo [toda la vida] de la política
Juan M. Hernández
Cristina González y Juan Manuel Hernández, gerente de GISA, son de esos políticos que han vivido toda su vida a costa del erario público. Unas veces como políticos en activo y otras como técnicos. Y, al cabo de unos años, al revés. Aquí, las puerta giratorias, son pueblerinas.
Criada a los pechos de Pedro Castro —igual que Sara Hernández—, Cristina González ejerció durante esa última legislatura con alcalde socialista, como concejala delegada de Obras y Mantenimiento. Una auténtica ruina para el pueblo y para las cuentas municipales a costa de las innumerables chapuzas proyectadas y ejecutadas, uno de cuyos ejemplos más claros es el recorrido del carril bici con quiebros en ángulo recto, estrechamientos, cruces peligrosos,..
A pesar del tirón del Pedro Castro, un PSOE agotado perdió las elecciones y, como consecuencia, trajo un nuevo alcalde del PP a la segunda planta del Ayuntamiento. La imputación de Cristina González, junto a otros ediles, técnicos y familiares, provocó su renuncia al acta de concejal. La acompañaron en el descalabro que provocó su estupidez y la codicia de su familia, los ediles socialistas Pedro Castro (que no estuvo en la Junta de Gobierno que adjudicó), David Castro, José Manuel Vázquez, Santos Vázquez y Silvia Uyarra, de IU. Faltaba Sara Hernández que sí estaba en la Junta de Gobierno que adjudicó. No era ilegal pero tampoco ético.
Aunque no era concejala, Cristina González, mantuvo el cargo de Secretaria de Política Municipal de la Agrupación Socialista de Getafe, que aún hoy ostenta. En el año 2015, tras la defenestración de Tomás Gómez y la elección de Sara Hernández —ungida por el dedo divino de Pedro Sánchez, el PSOE nombró a la exedil de obras ‘asesora local’ del grupo socialistas en el Parlamento Europeo. No hacía falta siquiera que fuera a Estrasburgo ni al Luxemburgo. Esos asesores ‘locales’ ‘trabajaban’ desde su país de origen. Es un sistema utilizado por todos los partidos para enchufar a cargos ‘descolgados’ de distintos ámbitos, sin capacidad ni formación suficiente. ¿De qué cuestión o asunto podría asesorar Cristina González a los eurodiputados socialistas? Misterio.
El gerente de Getafe Iniciativas GISA es otro ejemplo [más de los muchos que hay] del personaje que vive durante toda su vida a costa del erario público. Así, en el currículo que aparece en la web del Ayuntamiento de Getafe se relaciona su formación y su experiencia laboral. Juan Manuel Hernández Rodríguez es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UCM, experto en animación Sociocultural y tiene —se desconoce el grado y la importancia de la titulación que oferta esta asociación— formación en la gestión empresarial a través del Club Excelencia en Gestión. En su historial laboral destaca que ha sido Consejero de Obras y Servicios cuando Cristina González era concejala de la misma delegación municipal.
Además, Juan Manuel Hernández, ha sido [hace mucho, se supone] técnico de Juventud del Ayuntamiento de Getafe, luego ‘trepó’ en la misma delegación hasta el cargo de director de Juventud. En 2010 se mudó de departamento [en el mismo Ayuntamiento] asumiendo el cargo de ‘Consejero de Derechos de la Ciudadanía’ (48.000 euros por la confianza) y, tras pasar por el despacho más cercano a Cristina González, —no se sabe a qué se dedicó durante la legislatura de Soler— esperó a que fuera elegida Sara Hernández como alcaldesa para hacerse con la gerencia de GISA. Todo un periplo por los sillones de segunda fila del Ayuntamiento de Getafe; de segunda, pero bien pagado.
