► El consejero de Políticas Sociales busca la innovación en la normativa que regula la atención social madrileña.
► El Gobierno regional buscará la participación y el consenso con todos los agentes implicados en los servicios sociales.
► La nueva ley recogerá el Concierto Social para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de las entidades del tercer sector.
La Comunidad de Madrid trabaja ya en una nueva Ley de Servicios Sociales, un nuevo marco normativo actualizado al contexto presente y al que está por venir. Para ello, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, ha explicado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid que ha iniciado el proceso de análisis estratégico con las diferentes áreas de su departamento.
Reyero ha insistido en que el reto que se ha marcado el Gobierno regional para esta legislatura es lograr una ley de consenso, para lo que se contará con las aportaciones de los grupos políticos, así como de las entidades sociales y de aquellos agentes implicados. El objetivo es sacar adelante un proyecto que aporte estabilidad y logre dar respuesta a las necesidades que demanda la sociedad actual y aquellas que vendrán en el futuro.
El consejero de Políticas Sociales ha explicado que la Ley actual, de 2003, fue pionera, ya que anticipó el abordaje de situaciones como la dependencia, que hoy parecen tan evidentes. Sin embargo, tras más de quince años de vigencia, la norma “ha envejecido”.
En este sentido, la apuesta por la innovación y por introducir fórmulas como el Concierto Social, son prioridades del Gobierno regional. “Debemos responder a los nuevos tiempos y, para ello, la figura del Concierto Social supondrá dar la estabilidad que requieren aquellos proyectos de las entidades del tercer que aportan tanto a la sociedad madrileña por su compromiso contra la desigualdad”, ha manifestado Reyero.
El consejero ha apostado por un modelo que avance hacia la especialización y el apoyo individualizado a la persona y, durante su intervención en sede parlamentaria, ha considerado prioritaria “una evaluación de las políticas que ponemos en marcha para comprobar que el impacto social en el bienestar de los ciudadanos es el adecuado”.
