OPINIÓN

La financiación de los partidos políticos

 

 

Por tanto, hablamos de dinero, es decir, esa causa que provoca muchos de los delitos que castiga la Justicia, pero también la inmensa mayoría de los que se quedan sin condena.

Escribo a una distancia suficiente como para que los hechos causantes ya no me duelan, así que los describiré tal como han sido, como si fuera historiador. Pero el suplicio de las consecuencias, lo que llamamos actualidad, me obliga a complicarme la vida con propuestas que deben ser radicales y provocadoras, pues sobrevivimos sentenciados al no más absoluto a cualquier cambio. Abreviaremos atajando por el pasado.

El 23 de febrero de 1981 sonaron en el Congreso los disparos que establecieron el modelo de bipartidismo corrupto sobre un lecho de democracia asustada. No estoy negando que también se haya conquistado la sanidad universal, pero en lo político tal ha sido el menú que, con algún aderezo transitorio, nos hemos podido consentir durante más de treinta años. Para gestionarlo hemos elegido a personajes como González, Pujol, Aznar o Rajoy, tan ambiciosos de poder como nada motivados por la lucha contra los delitos continuados que se cometían, o se siguen cometiendo, en sus propios partidos políticos.

Algo tendremos que hacer con el PP, el PSOE y la antigua CDC, los partidos que más han tergiversado la voluntad popular durante las últimas décadas a base de competir con recursos económicos conseguidos fuera de la ley. No podemos regresar al pasado para recorrerlo de nuevo, pero sí partir hacia el futuro empezando por hacer justicia, novedad en nuestra “patria” por los siglos de los siglos, y que levante la mano el que sea capaz de demostrar lo contrario. Eso sí, sin que al poco tiempo se produjera el golpe de estado necesario para que pudieran volver al poder los viejos, o renovados, criminales.

Es probable que, con la investidura con traición incluida de Rajoy, o quién sabe si contra Rajoy aunque sin conciencia de ello los perpetradores, se abra, por fin sin balas, el debate necesario para recomponer la democracia. Si de algo sirve Europa, no nos engañemos, es para bloquear la aparición de peligros como Franco o Tejero. Al menos de momento.

No está de más una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Financiación Ilegal del PP, con mayúsculas porque el optimismo nos lleva imaginar que la iniciativa, más los ajusticiamientos en curso, puedan terminar con la auto disolución de ese partido tramitada por sus propios líderes, que puede que les esté llegando, oculta, la hora del sálvese quien pueda. El 1 de marzo pasado escribí “¿Qué hacer con los bienes del PP 1?”, y esto que ahora está leyendo puede considerarse la entrega número 2, aunque ampliando el número de afectados.

Ahora que se estila negociar la reducción de condena con la fiscalía conviene hacer una propuesta a los culpables, es decir, a los tres partidos políticos citados que repetiremos, AP más PP, PSOE y CDC más herederos. También a todos los que hayan figurado en el registro público correspondiente. Para no ser inmediatamente intervenidos deberían entregar extractos de todos los movimientos de sus cajas de efectivo, de cualquier color, más los de todas las cuentas bancarias en España, Suiza y otros países o paraísos, a nombre del propio partido o de gerentes y otros testaferros, desde una fecha simbólica, por ejemplo la de la aprobación de la Constitución en 1978, noticia que sería la ideal para celebrar de verdad su aniversario. Todo lo que no cuadre tras un auditoría externa, y/o con lo que hayan declarado al Tribunal de Cuentas, deberán reconocerlo como deuda y establecer unos plazos para cancelarla, ingresando el dinero en una cuenta bancaria a nombre del Estado y transparente para todos los ciudadanos en tiempo real. Les conviene que la deuda que les salga sea creíble, comparada con unas apariencias que en muchas ocasiones ya son pruebas en manos de los inspectores de Hacienda o de los tribunales. Si no pueden pagar, se les expropiarán los bienes a su nombre, caso de Génova 13 y otros inmuebles, y también los ingresos futuros, como por ejemplo las subvenciones que puedan recibir por resultados electorales. Al PP y a la antigua CDC les conviene dar ejemplo, caiga quien caiga y aunque sean todos, porque es evidente que la Justicia tiene muy avanzado su trabajo.

Y para el futuro, bienvenidas sean las donaciones de todo aquel que quiera aportar dinero a la democracia fundamentada en los partidos políticos, la única que imaginamos. Pero únicamente de dos maneras.

Una, afiliándose y pagando la cuota que cada partido tenga establecida, mejor baratita, para evitar coladeros encubiertos de comisiones ilegales, grupos de presión organizados y delitos similares.

La otra, mediante donaciones transparentes a un sistema único de financiación de todos los partidos políticos a través del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y cuanto más elevadas mejor. A distribuir, eso sí, entre todos los partidos legalizados, le gusten o no al donante, y en proporción a los votos, y solo a los votos, recibidos en las elecciones celebradas. A fin de cuentas, ahora pagamos todos con cargo a los impuestos. Si mucha gente pagara por propia voluntad, pero a todos los partidos, insisto, menos tendrán que pagar a la fuerza los que, por ejemplo, no soportarían que ni un € suyo pudiera llegar, vía impuestos, a un partido que le parezca franquista, por ejemplo.

La primera dotación para ese fondo de financiación democrática procederá del dinero que los partidos que se hayan financiado ilegalmente desde 1978 hayan tenido que devolver a través de Hacienda, tal como se ha descrito.

Y todo lo demás, delito. Y si se descubre, ilegalización y cárcel para los máximos responsables. Así, los partidos representarán únicamente a personas, sean afiliados o electores, que creo que es lo que establece la Constitución, y no a intereses creados, siempre y solo para beneficio de unos cuantos.

No sería tan grave si la financiación ilegal de los partidos no hubiera servido para envenenar por dentro la propia democracia en las campañas electorales. Convocatoria Cívica, asociación presidida por el juez Baltasar Garzón, está promoviendo una campaña de recogida de firmas para exigir una auditoría de la gestión electoral que realiza el Ministerio del Interior, más que sospechosa por las irregularidades halladas, especialmente en los censos electorales. Para rizar el rizo de todo lo podrido. Es aquí, en www.convocatoriacivica.es.

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