♦ Si tratáramos de establecer alguna analogía entre la situación de Grecia y la de España, el intento nos llevaría como el ‘viento del sur’ a la ciudad de Parla. Este municipio, la cenicienta de la zona sur es la imagen más cercana de los males que aquejan a la cuna de la democracia. Sin embargo, aquí en Parla, Syriza, —’el viento del sur’ que quiere cambiar las cosas, y no pagar las deudas, es el Partido Popular. Es la eterna acción y reacción política entre un gobierno y la oposición.
Y así, instalados en el nuevo teorema griego, —pendiente de demostrar—, de que las deudas se eliminan por una simple decisión política, el Pleno del Ayuntamiento de Parla ha aprobado con los votos a favor de la oposición —incluso con los de IU que durante estos últimos años, desde el 2011, gobernó en coalición con el partido socialista—, y la abstención de todos (que tampoco estaba claro que fueran todos) los ediles del partido que ostenta el gobierno local, que se inicien los trámites para anular los acuerdos que triplicaron el coste del tranvía de Parla, de 93 a 256 millones de euros, por ser ‘lesivos’ para el Ayuntamiento y por haber sido adoptados de forma irregular por la Junta de Gobierno. Un acuerdo que es pura entelequia y demagogia a falta de comprobar las consecuencias judiciales para los ediles socialistas que aprobaron la desviación presupuestaria.
En Pleno convocado a instancias del nuevo ‘viento del sur’, el Partido Popular de Parla, y celebrado este martes por la tarde, los ediles de la oposición, once del PP, cuatro de IU y uno de UPyD han votado a favor de esta anulación, mientras que los once ediles del PSOE se ha abstenido. Menudo papelón el que les ha tocado en el reparto a los concejales socialistas, a los muertos —políticamente hablando— que son casi todos y a los que queden vivos tras el paso de la guadaña afilada por la corrupción.
Con este acuerdo plenario los partido de la oposición parleña pretenden que, en un plazo de diez días, el Ayuntamiento de Parla, la empresa Tranvía de Parla SA y el Consorcio Regional de Transportes se reúnan para determinar cuál es el coste real del tranvía y renegociar la deuda y su forma de pago.
El PP ha recalcado que el Pleno es competente para adoptar esta medida, ya que el punto 5 del Artículo 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dice que «si el acto proviene de las entidades de la administración local la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación». Otra cosa es que sea una propuesta vacía de contenido. La deuda existe; y como le decía el FMI a los antiguos y a los nuevos gobernantes de Grecia, las deudas hay que pagarlas. Otra cosa es que no sea en treinta años y se pueda conseguir un nuevo plazo para esta hipoteca municipal a cien años ¿Así valdria?
Además de que el Pleno declarase ‘lesivo’ este sobrecoste, UPyD ha presentado una enmienda al acuerdo total para que se apruebe de oficio por parte de la Junta de Gobierno revisión de los acuerdos que provocaron estos costes añadidos.
El portavoz del PP de Parla, Miguel Ángel López, ha manifestado que «aquí hay un clavo de más de 100 millones de euros sobre lo que realmente ha costado el tranvía que el Ayuntamiento quiere que paguen los vecinos de Parla». Y no solo debe querer el Ayuntamiento: también la empresa Tranvía de Parla SA y el Consorcio Regional de Transportes que controla su partido. En realidad, la propuesta quiere mostrar ante los ‘pobres ciudadanos de Parla’ unos brillantes fuegos artificiales de cara a las elecciones.
Miguel Ángel López, el nuevo ‘tsipras’ parleño, ha asegurado que «36 millones de euros de unas obras adicionales adjudicadas a dedo por Tomás Gómez, otros 42 millones que ya han sido pagados a través de los beneficios urbanísticos de Parla Este y que no han sido descontados de la deuda, más los intereses de la deuda, hacen un total de más de 100 millones de euros que deben quedarse fuera del pago con la renegociación». Brillante como ‘podemista’; suspenso en economía.
La Fiscalía pide la imputación por el sobrecoste
La Fiscalía de Getafe-Leganés pidió el pasado mes de diciembre la imputación de una decena de antiguos y actuales concejales, entre ellos un vocal de la Comisión Federal de Ética, una diputada del PSM y el próximo candidato en Parla por presunta prevaricación y malversación a causa del sobrecosto de casi el 40% en las obras del polémico tranvía de Parla.
El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y exalcalde de la localidad cuando se aprobó el manido sobrecosto del tranvía, se ha librado de aparecer en la solicitud de la Fiscalía por que, —precisamente ese día— se ausentó de la Junta de Gobierno que aprobó el dispendio y que ha provocado esta calamidad para el pueblo de Parla. Nadie sabe qué asunto más importante que esa Junta de Gobierno, celebrada ocho años antes, en el mes de diciembre de 2006, podría haber requerido la presencia del ‘invicto’ Tomás Gómez. En el pueblo, de sorna, unos dice que estaba ‘cantando villancicos’ y otros que se fue ‘a comprar el turrón’. En realidad, la falta de asistencia, era una argucia que utilizaban todos los alcaldes por esa época en las Juntas que aprobaban ‘asuntos delicados’ juridicamente hablando. En Getafe, en entonces Alcalde, Pedro Castro también utilizó esta triquiñuela cuando se aprobaron los aparcamientos que han provocado el procesamiento y la dimisión de varios ediles socialistas durante esta legislatura. Y, el alcalde, no estaba muerto, que estaba de parranda…
La Fiscalía de Getafe-Leganés ha solicitado, ojo, la imputación de todos los concejales del PSOE que participaron en las juntas de gobierno que el Ayuntamiento de Parla celebró en diciembre de 2006 y en la de mediados de 2009, la primera de ellas con el actual secretario general del PSM, Tomás Gómez, todavía como alcalde, y la segunda con el encarcelado y malogrado exalcalde José María Fraile.
En ambas juntas se aprobaron por parte del gobierno local de Parla (PSOE) unas obras extraordinarias adjudicadas y realizadas sin concurso público y sin conocimiento del Consorcio Regional de Transportes, por valor de 36 millones de euros más IVA, lo que supuso ese sobrecoste de casi el 40 por ciento sobre los 93,5 millones en los que se adjudicó inicialmente el juguete que se había regalado Tomás Gómez, un exceso que supera los límites permitidos por las leyes de contratación de las administraciones públicas y que, para más ‘inri’, se ocultó al Consorcio de Transportes hasta que las obras estuvieron finalizadas.
Los ediles que sí participaron en esas juntas para aprobar las obras irregulares bajo el mandato de Tomás Gómez fueron antiguos y actuales concejales del PSOE, algunos de los cuales hoy ocupan cargos a nivel regional e incluso nacional, como el vocal de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE federal, Wilfredo Jurado, «que no en vano fue el que propuso esos sobrecostes como concejal de Urbanismo que era cuando ocurrieron los hechos». También la actual diputada regional del PSM y presidenta de la gestora del PSOE local, Rosa Alcalá, además del portavoz y próximo candidato socialista en Parla, Pablo Sánchez.
El PSM se excusa en que es una ‘campaña del PP’, aunque en realidad se trata de una denuncia de la Fiscalía y de un proceso abierto en los Juzgados de Parla, que en contra de lo que asegura el PSOE madrileño, no parte de un informe de la Cámara de Cuentas de 2010, sino de otro informe del Tribunal de Cuentas de 2012, en el que este organismo ya apreció «indicios de responsabilidad penal», por lo que dio traslado a la misma Fiscalía que ha terminado pidiendo la imputación de todos los mencionados por prevaricación y malversación
Supone los impulsores de esta iniciativa que Tranvía de Parla SA tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones y transcurrido ese periodo las tres partes deberían sentarse a renegociar la deuda. Sin embargo, la deuda del tranvía de Parla fue adquirida por uno de los llamados ‘fondos buitres’ constituido al efecto unos días antes de dar el pelotazo de la deuda.
El fondo de inversión Sagasta Corporate Finance, con sede en Luxemburgo, compró la deuda del Ayuntamiento de Parla con la empresa del Tranvía de Parla SA por 73 millones de euros, aunque su acción le ha valido de un solo golpe un beneficio del veinte por ciento, dado que sólo pagará a Tranvía de Parla SA algo más de 60 millones. Incluso podrían ser solo cuarenta y pocos millones en función de las fechas en las que la deuda sea saldada por el Ayuntamiento de Parla. Risas; al fondo, por el medio y hasta en la primera fila. Carcajadas.
De hecho, según la documentación que se ha ido conociendo, Sagasta Corporate Finance ya ha abonado a Tranvía de Parla SA un pago inicial de 40.757.000 euros. El contrato buitre fija, además del descuento aplicado de los 12 millones, el pago de una parte variable pago retenida que ascenderá como máximo a 19.775.000 euros, en función de las fechas en las que las facturas sean abonadas por parte del Ayuntamiento de Parla. Risas. Ni un duro.
Esos documentos se han hecho públicos porque la empresa Tranvía de Parla remitió sus cuentas anuales correspondientes al año 2013 al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, por la denuncia del PP de Parla contra el al Ayuntamiento local por la asignación aprobado por el Consistorio de los intereses de la deuda que aumentaba el coste inicial de la obra a casi el triple.
El portavoz del PP de Parla, Miguel Angel López, señaló que las obras del tranvía de Parla fueron adjudicadas en el año 2005 con un presupuesto de 93 millones, y que «la Junta de Gobierno Local aprobó, en connivencia con la empresa, ampliar esta deuda a 256 millones a pagar en 30 años».
Endeudados hasta los cimientos
El PP de Parla denunció el 4 de septiembre de 2014 que José María Fraile aceptó triplicar la deuda contraída con la empresa Tranvía de Parla SA —de 93 a 256 millones de euros— el día 1 de junio de 2011 cuando todavía era alcalde en funciones. Los populares criticaron esta decisión basándose en que «la Ley solo permite a un alcalde en esas circunstancias adoptar acuerdos de mero trámite, nunca compromisos tan importantes».
Fraile no tomó esta decisión a través de ningún órgano municipal, Pleno o Junta de Gobierno, «sino a través de una carta que él mismo remitió por su cuenta y riesgo a la empresa Tranvía de Parla SA diez días antes de que fuera investido como alcalde tras pactar con IU».
El posteriormente malogrado exalcalde se comprometió a que el coste final del tranvía fuera de 256 millones de euros, cuando se adjudicó en 2005 por 93. Un incremento provocado, según el portavoz del PP, «por las obras extraordinarias que el Gobierno local fue metiendo en el mismo carro y adjudicadas a dedo; por los intereses generados por los impagos; y por el reequilibrio o cálculo de la deuda a 30 años».
Según los populares, ese compromiso casi personal de alcalde en funciones sirvió para que dos años después la Junta de Gobierno aprobara el sobreprecio del tranvía. «Y, curiosamente, no tardó ni un día en hacerlo. Justo al día siguiente de que Tranvía de Parla SA le exigiera por escrito que aprobara oficialmente ese compromiso, el 25 de julio de 2013, Fraile lo aprobó en Junta de Gobierno urgente y extraordinaria». Todo parecía estar bajo control. Pero no.
Miguel Ángel López, ha asegurado que «las prisas del PSOE se debían a que Tranvía de Parla SA necesitaba el reconocimiento de la deuda de forma oficial, no a través de una carta sin validez, para poder vendérsela al fondo de inversión de Luxemburgo, con quien cerró la operación solo seis días después». Parecía que se lo olían. O, mejor aún, alguien se ‘fue de la lengua’ de los acontecimientos que estaban por llegar. Existía el peligro real de que la deuda se transformara en papel mojado. Apenas dos meses después, Fraile ingresaba en prisión y Parla explotaba por los aires. Lo de menos son las corruptelas [presuntas] con Cofely. Donde hay ‘chicha’ es el asunto del tranvía.
El fondo buitre con nombre de presidente ‘progresista’
«Desde entonces, —aseguraba el portavoz del PPP (Partido Popular de Parla) refiriéndose a la venta dela deuda al fondo buitre—, hemos pedido en reiteradas ocasiones información sobre este elevado sobrecoste, pero el Ayuntamiento de Parla siempre nos la ha negado». López ha dicho que «aquí, de momento, lo que está claro es que un fondo de inversión está especulando y lucrándose sin ningún riesgo con el dinero de los vecinos de Parla. La morosidad del alcalde de Parla ha hecho que un fondo buitre haga negocio con un servicio que se presta a los ciudadanos». Un negocio, que será seguramente, casi de treinta millones de euros.
Los antiguos responsables municipales manifestaron que el Ayuntamiento estaba al margen de la decisión adoptada por la empresa Tranvía de Parla SA y recordabann que se trata de una empresa privada constituida por las empresas Globalvia Infraestructuras SA (85%) e Inversiones Corporativas SA y la antigua Caja Castilla la Mancha Corporación (15%). «La decisión tomada por la empresa concesionaria forma parte de la política financiera de esta empresa privada, en la que el Ayuntamiento no tiene participación ni poder de decisión», zanjaron.
Y como el Ayuntamiento de Parla no paga, cuestión evidente que no necesita de su aprobación en el Pleno, Sagasta Corporate Finance SARL presentó el pasado 14 de noviembre una demanda contra el Ayuntamiento por impago tras la reclamación administrativa que había presentado en el mes de agosto. Sagasta exige 29 millones y «medidas cautelares» contra el Ayuntamiento de Parla. Habrá que ‘sudar la gorra’ para determinar qué tipo de actuaciones se pueden decretar, qué embargos ejecutar sobre las, no ya maltrechas, exangües arcas municipales, sobre la nómina de los funcionarios, trabajadores, contratas, y otros capítulos. Todo parece indicar que el fondo buitre constituido ex profeso para este negocio sí que tendrá que sentarse a renegociar los plazos. Lo contrario es decretar la supensión de pagos, —como se decía antes el concurso de acreedores— o, directamente, la quiebra. De momento, el Ayuntamiento de Parla solo está intervenido por el Ministerio de Hacienda. Que no es poco.
El mismo día que el fondo buitre acudía al juzgado, tomaba posesión Beatriz Arceredillo, sin saber muy bien en el avispero en el que se introducía, presa de la ‘venganza’ política contra el exalcalde Tomás Gómez, contra el malogrado José María Fraile y contra la mayoría de sus compañeros de partido en la Corporación; y no exenta de una dosis letal de querencia por la oportunidad y el protagonismo personal.
Parla tiene una deuda acumulada de más cinco veces su presupuesto municipal. Peor que Grecia. Con un presupuesto anual que no llega a los 70 millones de euros, Parla debe más de 360. Sin capacidad para aumentar la recaudación, sin posibilidadades de ahorrar y sin un balance que le permitiera acceder a otros resortes de financiación, ‘la prima de riesgo’ cabalga sola en Parla, por delante de la de Grecia y de la de Irlanda juntas. ¡Cualquiera se pone a gobernar! Hay que estar muy necesitado para enfrascarse en una tarea titánica por sacar adelante a un pueblo sin futuro; por lo menos en los próximos treinta años…
El Ayuntamiento, según las primeras manifestaciones realizadas por los nuevos responsables, «está dispuesto a pagar pero necesitamos tiempo. Vamos a pedir un aplazamiento de unos ochos meses, el máximo plazo permitido legalmente, para abonar lo que se debe al fondo Sagasta», anunciaban. Y bueno, es una forma de salir del atolladero; tras ocho meses, «ya se encargará otro de este mochuelo…»
Desde diciembre de 2011, el Tribunal de Cuentas aupó al Ayuntamiento de Parla hasta el primer lugar de la lista de muncipios españoles de más de 5.000 habitantes con más deuda por habitante, con un promedio cercano a los dos mil euros por cabeza, ya sea viejo, joven o niño, trabajador o parado. La auditoría pública no tenía en cuenta el endeudamiento a corto plazo. Si se le suma, la deuda de todos y cada uno de los parleños sube hasta los 3.000 euros.
Los responsables del fondo luxemburgués cargan ahora contra la “inactividad” del Ayuntamiento “a la hora de cumplir las obligaciones”. Sagasta Corporate subraya que a la cantidad que exige “habrá que añadir la correspondiente indemnización por los costes de cobro y los intereses devengados por la cantidad líquida que se reclama hasta su efectivo cobro”. Vamos, que si quieren la alcaldía y el ayuntamiento, que se lo queden, tampoco hay que proceder a un desahucio total. Sin dinero, sin políticos y sin Casa Consistorial…
Sagasta Corporate Finance SARL fue constituida «por tiempo indefinido» el 18 de julio de 2013 en Luxemburgo, dos semanas antes de la operación en la que se compró la deuda y tiene por objeto «fundamentalmente, adquirir, disponer e invertir en préstamos u otro tipo de activos mediante compartimentos creados a tal efecto».
El contrato de compra del crédito por parte de un fondo de inversión no residente, Sagasta Corporate Finance SARL ha suscitado en el Banco de España serias dudas jurídicas al generarse una deuda financiera de una entidad pública, el Ayuntamiento de Parla, frente a una empresa con domicilio en el extranjero. «Sagasta Corporate parece actuar bajo la fórmula de los spv, special purpose vehicle o vehículo especial, término con el que se designan a las sociedades constituidas ‘ad hoc’ para llevar a cabo una operación en la que la adquisición se financia fundamentalmente mediante deuda bancaria», según apuntan fuentes conocedoras del sector.
