UNIVERSIDAD

La UC3M analiza el acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental

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Todavía existen barreras que impiden a los niños con discapacidad mental, intelectual o psicosocial acceder a la Administración de Justicia en comparación con el resto de ciudadanos.

♦ Investigadores del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid han participado en un estudio desarrollado en diez países europeos, incluida España, sobre el acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental. Esta expresión se emplea en el proyecto para referirse a niños y niñas con discapacidades intelectuales, del desarrollo, cognitivas y/o psicosociales.

La investigación, de carácter multidisciplinar, fue diseñada para mejorar las políticas públicas a nivel nacional y europeo. Participaron académicos del ámbito de los derechos humanos y el trabajo social, junto a activistas e investigadores de ONG y se ha desarrollado durante dos años en Bulgaria, Eslovenia, España, Irlanda, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa, Reino Unido y Rumanía.

Una de las principales conclusiones del estudio es que todavía existen barreras que impiden a los niños con discapacidad mental, intelectual o psicosocial acceder a la Administración de Justicia en comparación con el resto de ciudadanos. Una de las principales barreras identificadas fueron las propias actitudes de los miembros del poder judicial, abogados, policías, trabajadores sociales y directores de las instituciones de asistencia social. “Se observó que en muchos países las actitudes discriminatorias eran la norma general, lo que reflejaba prejuicios sobre los niños con discapacidad y su posibilidad de participar en los procedimientos legales”, indica Patricia Cuenca, del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”.

Este colectivo tiene un mayor riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos, por lo que los investigadores han analizado los problemas con los que se encuentran estos niños a la hora de recurrir al sistema de justicia. “Hemos visto que hay una falta de datos preocupante en este contexto y que se encuentran con barreras especiales a la hora de poder acceder a la justicia en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, debido entre otras razones a que existe una falta de formación de los profesionales para poder suplir estas barreras existentes”, indica Ignacio Campoy, uno de los autores y coordinador del estudio, perteneciente al departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la UC3M.

A su vez, Silvina Ribotta, profesora de Filosofía del Derecho de la UC3M afirma que los mismos patrones se repiten prácticamente en los diez países que han formado parte de este proyecto europeo.

A raíz de la elaboración del proyecto europeo, se han desarrollado una serie de informes, guías y materiales en los que aparecen los resultados del estudio, que se han puesto a disposición del público y que pueden consultarse a través de la página web del Mental Disability Advocacy Centre: http://www.mdac.org/en/accessing-justice-children.

También se muestran una serie de recomendaciones para que la situación de estos niños mejore en todas las esferas de la justicia civil, penal y administrativa, como, por ejemplo: crear herramientas para que niños y las niñas involucrados en procesos judiciales tengan garantizada una efectiva participación en los mismos; introducir sistemas para recopilar y publicar datos desglosados por edad y tipo de discapacidad en el sistema judicial o elaborar indicadores de resultado para evaluar el derecho de acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental en los sistemas nacionales de justicia.

De la misma forma existe la posibilidad de acceder a materiales didácticos dirigidos a los profesionales de la Administración de Justicia que trabajan con niños con discapacidad mental, como es el caso de jueces, agentes de policía, trabajadores sociales, psicólogos, etc.

“Existe la necesidad de que los tribunales sean más abiertos, flexibles y con capacidad de respuesta para los niños y las niñas con discapacidad, así como para otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestras sociedades”, concluye el profesor Ignacio Campoy.

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