Las quejas de los vecinos de la Alhóndiga sobre la inseguridad causada por la ocupación de un edificio y las casas bajas aledañas por gitanos rumanos se ha zanjado por parte del Ayuntamiento con «mayor atendimiento de la policía de barrio» y la posibilidad de «remitir sus quejas en el autobús de información itinerante de la Policía Local, que se desplaza por todos los barrios del municipio».
Es la segunda noticia que teníamos de ese autobús de la policía local, aunque nunca lo hemos visto. Único en su especie en el territorio de la Comunidad de Madrid, fue presentado por el exalcalde Juan Soler y el exconsejero Salvador de Victoria en abril del año pasado. El etéreo y misterioso bus se ha sumado a la iniciativa de la policía de barrio, una medida inane (para la seguridad ciudadana) que ya se puso en marcha en la época de los gobiernos de Pedro Castro con David Lucas y Sara Hernández como capataces del ‘cortijo socialista’.
Es decir, que si tiran piedras desde la terraza a los peatones, escupen, insultan, acosan a tu mujer o a los niños que juegan en el parque, los vecinos (y vecinas) van y se quejan —siempre y cuando llegue o esté por el barrio— al ‘autobús fantasma’ itinerante. Y ¿además qué? ¿Qué hace luego la policía y qué hace el juzgado?
La dejación de funciones de las administraciones competentes en situaciones como las que se han dado y se están dando en los barrios de Las Margaritas o La Alhóndiga puede conducir al incremento indiscriminado del odio racial y a situaciones sociales explosivas. No es xenofobia, no se confunda, es que nadie quiere vivir con miedo ni rodeado de salvajes y de porquería…
