CILUSIONADOS

Nuestro sistema democrático, contrario a la Ley

No quiero quedarme en el campo de la pura teoría y tampoco hace falta tener la carrera de Derecho para ver que nuestra democracia hace aguas por muchas partes:  Violencia doméstica contra personas que deberían estar protegidas, porque así lo han ordenado los jueces, familias sin recursos, desahucios, jóvenes sin empleo…, todo esto y otras muchas cosas son males endémicos de nuestra sociedad española que no tienen nada que ver con el coronavirus. La persona que estos días se ha arrojado por el balcón de su casa, porque le iban a desahuciar –en la ciudad de Barcelona, que quería hacer bandera de su lucha contra los desahucios– es algo que debería avergonzarnos a todos los españoles. No echemos balones fuera y culpemos al precio de los alquileres, cuando los ayuntamientos podían haber adquirido miles de viviendas a precios racionales en lugar de permitir que los fondos buitre se las adquirieran a los bancos a precio de saldo. Hace ya más de 50 años que la ciudad de Berlín tiene viviendas suficientes para las necesidades sociales. Mientras, nosotros seguimos haciendo gala de nuestra ignorancia.

¿Hace falta saber de Leyes para ver que esto es anticonstitucional y que no cuadra en un sistema democrático?

Voy a limitarme a dos principios jurídicos fundamentales muy simples: “igualdad de todos ante la Ley” y “los pactos se deben cumplir” (en latín original “pacta sunt servanda”). Respecto al primero, en la práctica no todos somos iguales ni en cuanto a las oportunidades educativas, y por tanto profesionales, ni en cuanto a oportunidades sanitarias, administrativas, judiciales. Incluso en el cumplimiento de las penas somos desiguales, pues los hay que pueden acogerse a beneficios penitenciarios, incluso sin arrepentimiento, si tienen un buen padrino. De la clasificación entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en ciertas regiones de España por razón del idioma, mejor no hablar.

En cuanto al principio de “pacta sunt servanda”, aquí estamos ante la anarquía más absoluta, hasta tal punto que ya damos por descontado que los programas electorales se presentan a los ciudadanos para embaucarnos y para no cumplirse. Ya ni nos molesta que nos mientan o nos engañen. En el ámbito civil el incumplimiento del contrato es motivo de rescisión e incluso de indemnización. ¿Y en el ámbito político? En el ámbito político, los programas electorales son un contrato entre los partidos políticos y los ciudadanos. Nosotros les damos el voto, para que partido elegido cumpla con lo que ha prometido en su programa. La falta de cumplimiento de estas promesas, excepto en caso de fuerza mayor, debería ser suficiente para que los ciudadanos exigiéramos su dimisión, sin esperar a una moción de censura por parte de otro partido. Pero nada de esto ocurre. En política no todo debería valer.  Mientras los ciudadanos no podemos retrasarnos ni un día en el pago de unos impuestos que los políticos han establecido sin consultarnos, ellos pueden faltar impunemente a su palabra.

Y lo peor es que los ciudadanos los seguimos aplaudiendo y riendo sus gracias.

 

Cliquea para comentar

Deja un comentario

To Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies