DESDE LA BARRERA

Para qué sirve GISA

 

GISADOS

Un ejemplo suele ser más pedagógico que un discurso o un texto, por bien trabados que estén estos. Es lógico porque seguir una argumentación requiere concentración y, con frecuencia, preparación, mientras que hoy casi todos vamos con prisas y muchos ni siquiera entienden. Si ese ejemplo es una acción policial seguida de un procedimiento judicial, tenemos garantizada la atención de la mayor parte del público. Esta reflexión nace de la observación de nuestra actualidad local en la que destacan las recientes detenciones de dos técnicos municipales, otro de la empresa municipal GISA y la exgerente de esta empresa, relacionadas con la adjudicación del contrato para la elaboración del proyecto del CEAAE de la calle Madrid, realizada por dicha empresa tras una encomienda de gestión que le hizo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la etapa de Juan Soler. Los hechos ponen de manifiesto, una vez más, el uso torticero que se ha estado haciendo de las empresas públicas y pueden llevar a la reflexión sobre la discutible utilidad de algunas más allá de servir al gobierno de turno para diversas trampas.

Esto no significa que las adjudicaciones de contratos del Ayuntamiento que pasan por la Junta de Gobierno y la Mesa de Contratación se ajusten a la ortodoxia en todos los casos, ni mucho menos, pero una chapuza tan clamorosa como la de esta adjudicación, según los datos que están saliendo a la luz, difícilmente habría pasado desapercibida en su momento de haberse seguido los cauces obvios a través de la Delegación de Obras. No existe, en mi opinión, más razón para esa encomienda que hacer opaco un procedimiento que parece encaminado, por todos los indicios, a adjudicárselo a una empresa determinada. Por esa razón, con frecuencia, los puntos oscuros de la gestión de GISA han trascendido por filtraciones porque, incluso para la oposición, el acceso a la documentación está plagado de dificultades y lo único que garantiza la presencia de la misma en el Consejo de Administración es que pueden asumir responsabilidades por actos de los que ignoran todo.

Precisamente por su opacidad, GISA representó el punto más negro de la gestión del PP los cuatro años en que ha estado gobernando el Ayuntamiento y, tal vez, el que más titulares ha dado, con tres gerentes en cuatro años y un cúmulo de explicaciones no dadas y de información denegada al Pleno. Sistemáticamente el Gobierno se negó, expresa o tácitamente, a facilitar documentación relacionada con los gastos efectuados con la tarjeta de crédito, el proceso selectivo de un asesor jurídico que también fue objeto de querella, los gastos en publicidad excesivos que hacían inútiles los límites puestos en el presupuesto, por citar algunos. Pero a los que quieran llevar el agua a su molino al considerar que solo es un ejemplo más de la corrupción del PP, les recordaría el papel estelar que GISA jugó en el “caso Aparcamientos”, caso sobre el que no está de más decir sigue sin abrirse juicio oral después de años de haberse iniciado la instrucción. Esperemos que no corra la misma suerte este del teatro.

No es el aspecto menor de la cuestión el hecho de que la obra del CEAAE lleve parada varios meses por defectos del proyecto. No lo es porque añade ignominia a este disparate el hecho de que, además de haberse licitado la adjudicación del mismo vulnerando presuntamente la ley de contratos del sector público, el proyecto elaborado sea una chapuza también. La verdad es que dice poco del estudio de arquitectura seleccionado y de los controles municipales para dar licencia de obras. La propia concepción del proyecto, de tintes faraónicos, inadecuado para un espacio tan reducido, quitó valor a la única decisión válida del anterior gobierno en relación con el teatro, que fue la de modificar el PGOU para cambiar la calificación de residencial a equipamiento cultural y hacer uno que cumpliera normativa y permitiera utilizar un espacio que llevaba inutilizado desde los años 90 por no cumplirla. Por extraño que parezca, mientras se usaba como equipamiento cultural, la calificación urbanística era de residencial, por razones no explicadas por los responsables socialistas.

Y volviendo al principio, desearía que el bien que pueda venir de este mal fuera el de plantearse de una vez por todas qué sentido tiene seguir manteniendo esta empresa. No lo van a hacer porque los entes superfluos tienen la virtud de servir para un roto y para un descosido, no para el bien del ciudadano sino de sus interesados representantes, como ha quedado sobradamente demostrado, pero hay que decirlo una vez más. El asesoramiento a emprendedores, la gestión de las salas REDINT, el centro de empresas y las subvenciones al comercio pueden llevarse desde la concejalía correspondiente o por parte de la ALEF, con quien duplica competencias, con menos gasto en personal, en alquileres y en cuento. Por no entretenernos ahora en que no se ha hecho jamás el análisis del efecto real en la economía y el empleo de ese Fondo del Comercio que, para este año, tienen un presupuesto de 150.000 euros. Nada bueno aporta la forma de sociedad mercantil a la gestión de esas competencias en desarrollo local. En teoría, agilidad en la gestión o profesionalización. En la práctica, todo lo dicho anteriormente y más gasto.

Como ejemplo de la gran mentira de la profesionalización está el nombramiento político de la gerencia, adjunto y cargos importantes, antes, ahora y siempre. Por ello, no deja de ser curioso que Juan Soler se defienda estos días alegando que son técnicos los detenidos e investigados cuando uno de ellos es la gerente nombrada por él. Son estas cosas que te arrancan una sonrisa, en medio de tan serio asunto, por las dotes de sofista del exalcalde.

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