OPINIÓN

¿Qué hacer con los bienes del PP?

Que nadie se ofenda, pues esto no es más que una especulación como otra cualquiera. Por mucha presión ambiental que predomine nadie me puede obligar a pensar en algo tan imprevisible como nuestra rabiosa actualidad que, de tanto cambiar, está virando a baladí. El momento es el de un pacto por escrito sobre el que cada uno de sus firmantes ofrece una versión distinta de lo acordado. Menos mal que solo son dos.

Por tanto, para evitar que lo que está usted leyendo ahora mismo no sirva de nada dentro de cinco minutos, he elegido escribir sobre uno de los problemas que se plantearán en un tiempo no lejano. Se confirma que estamos en época de cambios porque el futuro que viene es mucho más probable que el presente inmediato. Seguro que alguien ha dicho esto mismo antes, pero la velocidad de los cambios ha borrado su nombre, si existe, de mis recuerdos.

Me refiero al destino del patrimonio, escriturado en blanco o en negro, que figure a nombre del PP (Partido Perseguido por la Justicia, no confundir con aviesas suposiciones), ahora mismo todo bajo sospecha y no voy a aburrir repitiendo el rosario de corrupciones que nos visitan desde las portadas, pero tampoco nos cortemos, porque perderemos dinero. La pregunta para la que pido respuesta se ha convertido en pertinente, pues son ya muchas las voces y plumas de entre las más libres, conocedoras y reconocidas del escenario mediático que, en el honesto cumplimiento de la obligación diaria de comentar el noticiero con objetividad y respeto, han construido sin ánimo de lucro un clamor a base de palabras inevitables como aniquilación, catástrofe, debacle, defunción, demolición, desarticulación, descomposición, desintegración, destrucción, disgregación, disolución, ilegalización, liquidación, putrefacción y otras, para referirse al futuro que les espera a los del PP citado, no sabemos si coincide con el de verdad. Entre paréntesis, pido disculpas por tanta incontinencia rimbombántica y verborreica, no me consta que estas dos palabras estén aún reconocidas por la RAE, pero se entienden perfectamente porque encajan. Además, después volveremos con la Real.

Supongo que las leyes de las que nos hemos ido dotando durante las últimas décadas contemplan lo que deba hacerse con los bienes, desde las cuentas corrientes hasta los inmuebles, de un partido político en trance, lo contrario sería incomprensible. Pero, por si acaso, no estaría de más que algún grupo de los que componen el nuevo Congreso de los Diputados, siempre que no sea juez y parte en esta causa, proponga la actualización inmediata de la legislación al respecto, sin perder de vista que el primer caso real sobre el que habrá que aplicar la normativa será, casi con toda seguridad, el de los propietarios del número 13 de una calle cuesta abajo hacia el Paseo de la Castellana, de las que aparecen en el callejero del 28004 de Madrid.

Como la tarea se me antoja incómoda y hercúlea deberé dedicar algún capítulo más, al ritmo de los acontecimientos. Sirva este primero para presentar la inquietud y con ello motivar a otras personas, pues no vivo del periodismo de investigación. Además, por lo visto hasta la fecha, no parece que los implicados vayan a colaborar con la Justicia más allá de la clásica declaración verbal y embustera, para en la misma frase negarlo todo como haría cualquier delincuente con abogado. Lo contrario implicaría la confesión de múltiples delitos en busca de una reducción de condena, cosa cutre, donde las haya, para personalidades obligadas a dar ejemplo.

El asunto de qué hacer con el patrimonio de los partidos políticos ajusticiables es muy interesante para que tertulianos, politólogos, juristas y toda clase de expertos comiencen a incluirlo en artículos y debates, pues con ello ayudarán al legislador y estimularán la colaboración ciudadana en la persecución respetable del delito, si lo hubiere. También lo es de sumo interés para que los licenciados universitarios lo elijan como contenido de sus tesis doctorales, pues será ingente el volumen de información que podrá encontrarse, tanto en los medios de comunicación como en los juzgados y otros organismos pagados por todos. Para ir practicando, se puede estudiar el caso de Unió Mallorquina, un partido político actualmente disuelto, supongo, gracias al trabajo y el valor de muchos funcionarios dedicados a la persecución de los delitos cometido bajo el manto protector del poder político.

Sería muy conveniente actuar deprisa para no dar tiempo a que nuevos arribistas, incluidos los que con su demagogia para la ocasión tanto molestan a esta doña Rita cuyo nombre hemos elegido porque no está siendo “investigado”, qué RAE digna no habría escrito ya mil gritos en el cielo contra esta corrupción oficial, también del idioma, consistente en sustituir un término preciso por otro genérico que hasta conseguirá, si lo mantienen, ir depositando una lluvia fina de indecencia hasta sobre la actividad científica, perdón por derrapar, pero no lo puedo soportar. Decía, hablando de jóvenes ambiciosos que han descubierto la cueva del tesoro, que es necesario evitar que, con propuestas “democráticas” pero “imposibles de rechazar”, consigan hacerse cargo del partido podrido de oro, como todavía lo es este PP ficticio del que no estamos hablando. Si lo consentimos, correremos el peligro de que se reconstruyan los obstáculos que la Justicia está intentando derribar para devolvernos hasta el último euro que haya circulado por las muchas cajas que, desde la B hasta la Z, han ocultado los dineros inconfesables de un partido que tampoco nos está gobernando en funciones, ni cobrando el 100% del sueldo por no trabajar ni la mitad, ellos tan sacrificados y nosotros tan estupendos como siempre.

Continuará…

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