Hasta este martes no se conocía ningún proyecto, ni siquera un boceto, de los presupuestos municipales. El año corre como el viento y el gobierno de Santiago Llorente ha gastado una sexta parte de la legislatura sin visos de ofrecer una alternativa distinta a lo que ya se conocía del PSOE-IU o, incluso, del PP.
El retraso en la presentación de las cuentas municipales tiene que ver, a lo visto, con la amenaza de bancarrota de EMSULE y al diseño de operaciones urbanística de dudosa calificación moral y política de la mano del ‘conseguidor’ por excelencia, el exconcejal socialista de Leganés Isidoro Herrero Sanz. Las sentencias judiciales por expropiaciones mal ejecutadas por el PSOE de Gómez Montoya, laudos, embargos y reclamaciones (más de 7,5 millones de euros) amenazan seriamente la economía del Ayuntamiento de Leganés y la estabilidad del endeble gobierno de Santiago Llorente. La solución, como en los tiempos de la burbuja urbanística, se está diseñando en los despachos de promotores y constructores para ‘beneficio de todos’. Se trata del Plan Parcial 4, más conocido como ‘Puerta de Fuenlabrada’.
El Ayuntamiento de Leganés posee en el PP4 casi un tercio de los terrenos incluidos en la delimitación del sector. Un día antes de celebrarse el pleno en el que figuraba una interpelación al alcalde sobre el PP4, Santiago Llorente se adhirió a la Junta de Compensación del PP4 Puerta de Fuenlabrada.
Una participación que conlleva, como a todos los propietarios, a un reparto de gastos y beneficios en función del porcentaje de la propiedad. Santiago Llorente ha anunciado, aunque no lo ha reflejado en papel alguno, su intención de pagar las deudas que aquejan al Ayuntamiento con suelo y otros bienes del patrimonio municipal. Y ahí, en el PP4, hay ‘cacho’. 852 viviendas colectivas de todas las tipologías y locales comerciales. Tanto ULEG como Leganemos han rechazado la idea y han advertido —en el caso de ejectutarse— de los presuntos delitos que podrían cometerse.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recogía la publicación de la últimas aprobaciones durante el verano de 2015. Los gastos iniciales estimados en el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización para transformar los terrenos se han fijado en 14.732.140 euros. En el desglose de los gastos previstos se han estimado 11.287.439 para la ejecución de las obras de urbanización de las 16,3 ha. de terrenos del sector. Un precio que podría estar inflado, según algunos expertos, entreun 30 y un 40 por ciento.
El que hace el contrato hace la trampa
El problema de los gastos que tendrán que asumir el Ayuntamiento, junto al resto de propietarios, no es su excesiva cuantía sino los reparos jurídicos y morales que pueden condicionar la integración y la participación del Consistorio en una entidad urbanística con ánimo de lucro. El reparto de cargas y benficios para el Ayuntamiento de Leganés se podría resumir en la obligación de aportar aproximadamente un tercio de los 15 millones presupuestados (incluidos los 600.000 euros de gastos de gestión que se embolsarán los gestores, es decir el mismo Isidoro Herrero) y en la adjudicación de una edificabilidad para promover [aproximadamente] 255 viviendas (33 libres, 156 VPPB, 66 VPPL) y 7.110 m² de locales comerciales además del 10 por ciento de aprovechamiento municipal que podría monetizarse. La ‘tajada’ del Ayuntamiento podría valorarse a vuelapluma en más de 12 millones de euros, exactamente la cifra que resulta de sumar los gastos de urbanización que le corresponden y la deuda que mantiene el Ayuntamiento y EMSULE. Total, cero patatero.
Para ello, la Asociación de Propietario de suelo del PP4, representada por Isidoro Herrero, firmó en diciembre de 2014 un contrato con la empresa Avintia Proyectos y Construcciones como empresa urbanizadora sin licitación ni concurso público. Cuando se integra el Ayuntamiento ya viene obligado, se supone, a aceptar la decisión del exconcejal socialista de urbanismo. No es una decisión arbitraria. Se conocen los nexos de la constructora con Isidoro Herrero a través de una de las empresas pública de Leganés. Todo queda en familia.
En el contrato entre los propietario y la empresa Avintia, que según manifestó Llorente en el último Pleno no existe —o no conoce— se manifiesta que se han pedido más presupuestos pero que en virtud de la solvencia, precio y ‘aportaciones económicas’ que garantizan la viabilidad y suficiencia financiera’ se adjudica la obra a Avintia por un importe cercano a los 10 millones de euros (con algunas partidas abiertas), se incorpora a la Junta de Compensación y se le reconoce el derecho a adjudicaciones de suelo en función de la aportaciones que realice para la urbanización.
Es genial. Los propietarios de suelo encabezados por Isidoro Herrero no ponen al principio ni un duro. De la primera fase, algo más de la mitad, Avintia cobrará en metálico el 32,74 por ciento en certificaciones a 30 días; el lector habrá adivinado que se trata aproximadamente del porcentaje del Ayuntamiento. El 67 por ciento se le abona con adjudicaciones de suelo. De la segunda fase (4,7 millones) el contrato asegura que se pagará todo en metálico. Además, Avintia le concede un préstamo a la Junta de Compensación por un importe de 561.624 euros para ‘gastos iniciales’. Todo son facilidades.
La Junta, y por tanto el Ayuntamiento como partícipe, se obliga a integrar a Avintia y le adjudica previamente —a costa de las aportaciones futuras de la primera fase— dos parcelas, una destinada a vivienda protegida (VPPB) con una edificabilidad de 10.260 m² (aprox. 100 viviendas) y otra de vivienda libre con 5.600 m² de edificabilidad (aprox. 50 viviendas) en garantía del pago de las certificaciones que deberá abonar el 32 por ciento…
El lector puede valorar por su cuenta a dónde lleva el documento. El Ayuntamiento se integra en una Junta de Compensación controlada por un exconcejal socialista y por una empresa constructora. Mal negocio para los vecinos. El Ayuntamiento y EMSULE se desentiende de la promoción de viviendas sociales. «Triste socialismo el que dice que la promoción de VPPB no es política social», aseguró en el Pleno el edil de la oposición Carlos Delgado. El juego está en marcha. Lo más seguro es que, jugando así, alguien llegue a la casilla de los juzgados.
Viajando en el tiempo
Los terrenos incluidos en la delimitación del PP4 —entre la Avda. del Doctor Fleming, la prolongación de la Avda. de Fuenlabrada y la carretera M-406, frente a la Ciudad del Automóvil— estaban destinados según en el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés (PGOU) a la promoción de oficinas y locales comerciales con el objeto de crear puestos de trabajo. Era el año 1999. En esos años, de 1996 al 2000, empezó y se consolidó el ‘control’ y enriquecimiento de los exconcejales socialista de urbanismo; Isidoro Herrero, en Leganés, y Jesús Neira, en Getafe. Separados y juntos.
En el año 2003 se constituyó la Asociación de Propietarios de Suelo del PP4 y se nombró a Isidoro Herrero Sanz, quién mejor para cuidar del interés común, presidente de la Asociación. Inmediatamente se fijó como objetivo el cambiar el uso de los terrenos. El valor de la edificabilidad residencia triplicaba el del sector terciario. Así durante los últimos años del gobierno de Pérez Ráez se desató una auténtica trifulca entre los socialistas a costa del urbanismo. Al final, Isidoro y su ‘ejército’ consiguieron un doble triunfo: desbancar a Pérez Ráez y, como símbolo del poder y la especulación, recalificar los terrenos del PP4
Sin embargo, los dos ‘conseguidores’ y máximos exponentes del urbanismo socialista en la zona sur de Madrid, Herrero y Neira, no daban abasto a desarrollar los terrenos que acaparaban y controlaban. Y así, sin enterarse apenas, con miles de metros cuadrados en la ‘buchaca’ a la espera de ‘saltar la banca’ y el límite de sus cuentas corrientes, llegó la crisis; la burbuja de la riqueza fácil a costa del urbanismo se esfumó como por encanto. Sin embargo, la operación estaba consumada, al menos eso pensaban los propietarios del suelo, y se agrandaba la ‘leyenda’ de Isidoro Herrero.
En el año 2009, arropados por el gobierno del socialista de Montoya, los promotores lanzaban las campanas al vuelo promoviendo las cooperativas de viviendas en el nuevo barrio ‘Puerta de Fuenlabrada’; algunos socios transmitían ingenuamente el inminente inicio de las obras de urbanización del PP4.
Los continuos retrasos llevaron a esos mismos cooperativistas, exhaustos y desengañados, a darse de baja y a solicitar la devolución del dinero entregado: «en teoría nos entregaban los pisos a finales de 2012 —publicaba el socio de una cooperativa en un foro— aunque ya sabemos que se van a retrasar, como poco tres años. Llevo pagando dos años. En total tengo que pagar 62.000 euros antes de que me entreguen la vivienda y ya me queda poco para llegar a esa cifra». El problema es que las cooperativas se convertían en ratoneras para sus socios. Sin casas y con el dinero retenido ‘sine die’.
En el año 2012, el Ayuntamiento gobernado por el PP, aseguraban que «las gestoras habían vendido que iba a ser algo rápido y no era tan fácil. Les han vendido El Dorado y no existe». Desde el Ayuntamiento se ‘amenazó’ con iniciar acciones legales por publicidad engañosa, justificando su dejación por los cooperativistas. La culpa del engaño, como siempre, era el exceso de codicia. Adivine el lector de quién o quienes.
El 13 de junio de 2013, el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó definitivamente la modidificación puntual del PGOU de Leganés en la que se transformaba el uso mayoritario del PP 4 de terciario a residencial justificando la decisión en la gran oferta de suelo terciario que había en Leganés. Además se incrementaba la edificabilidad un 34 por ciento, pasando de 86.678 m² a 116.342 m². El 26 de marzo de 2015, en las postrimerías del gobierno del PP encabezado por Jesús Gómez, aprobaba definitivamente el PP4. El 30 de junio, con Llorente en la alcaldía, se aprobaba el proyecto de Urbanización.
La iniciativa de la Asociación de Propietarios de Suelo en el PP4 obtenía la última bendición para desarrollar los 163.947 m² por el sistema de compensación. La redacción del Plan Parcial y del proyecto de urbanización se había adjudicado a ‘Arquitectos, Urbanistas e Ingenieros Asociados SLP’, siendo el director del trabajo Fernando Soriano Gil-Albarellos, arquitecto. Definitivamente se habían aprobado un total 852 viviendas (112 libres; 520 VPPB y 220 VPPL) con un máximo de tres plantas más ático, además de 23.721 m² de edificabilidad comercial. El polígono tiene sendas afecciones aeronáuticas de la Base Aérea de Getafe, la más severa, y del Aeródromo de Cuatro Vientos, con una altura máxima que oscila entre los 11,25 y los 14,5 metros.
