♦ De la acampada organizada por la PAH frente al Ayuntamiento de Getafe, que está teniendo lugar estos días, para exigir solución a una familia víctima de un desahucio, al margen del problema humano que subyace en esta situación como en todas las que hemos visto y lamentablemente seguiremos viendo, se pueden sacar varias conclusiones políticas.
En primer lugar, es un episodio más en el camino de dificultades que debe recorrer el gobierno del PSOE dada su precariedad numérica, camino en el que no ayuda precisamente el encontronazo que en un primer momento ya tuvo con los que apoyaron su investidura, es decir, con Ahora Getafe, al hilo de la aprobación de sueldos, liberados y personal de confianza. Sin olvidar que la PAH tiene autonomía orgánica de cualquier partido, no conviene perder de vista sus apoyos y conexiones.
Por otro lado, nos lleva al debate sobre las malas consecuencias de esa práctica tan usual en los viejos partidos de hacer un programa electoral para la galería que no se tiene intención de cumplir. El PSOE llevaba en su programa medidas para facilitar el alquiler social a las personas en situación de desahucio. Estas no solo eran proclamas de tipo retórico como el de la declaración de Getafe como Ciudad Libre de Desahucios (así, con mayúsculas) o promesas de poca entidad como la de poner a disposición de los afectados las viviendas de propiedad municipal o de viviendas en tránsito de la Comunidad de Madrid. Digo de poca entidad porque esto último, pese a ser concreto, no es decir mucho ya que las 15 viviendas “en tránsito” de la Comunidad se puede decir que están de manera permanente ocupadas, dadas las condiciones socioeconómicas de sus ocupantes, y las escasas viviendas de propiedad municipal, antiguas viviendas de maestros, tienen también inquilinos y en algún caso aislado se encontraban pendientes de rehabilitación antes de poder ser ocupadas. Las de la avenida de las Ciudades, que se concibieron como viviendas tuteladas y luego pasaron a ser de alquiler social, se encuentran igualmente ocupadas de manera estable. Son medidas que ya salieron a colación en la fallida Comisión de Desahucios del anterior mandato y que dieron de sí lo que podían, dada la escasez de viviendas municipales.
Cuando hablo de incumplimiento me refiero a la promesa electoral socialista de más enjundia en este sentido, que era la de adquirir las viviendas promovidas por la EMSV en los desarrollos de Los Molinos-Buenavista tras solicitar la autorización de la Comunidad. Esto había sido aprobado por unanimidad en el pleno del 3 de noviembre de 2014 [ http://weblogs.upyd.es/getafe/2014/11/el-pleno/] pese a que la concejal de Urbanismo intervino notablemente contrariada por la propuesta, de lo que se podía deducir que no tenía la menor intención de ponerla en marcha pese al voto favorable, como así ocurrió. Su incorporación al programa socialista podría haber hecho pensar que esta vez sí se iba a realizar una propuesta muy razonable en un gran municipio que, pese a que ha disfrutado de épocas de bonanza económica, no dispone de un parque público de vivienda en alquiler social digno de tal nombre, responsabilidad de los gobiernos del PSOE e IU para los que no fue una prioridad, pese a que siempre ha existido una importante bolsa de demanda de alquiler barato de personas y familias a las que les está vedado el acceso al mercado libre de alquiler o al de venta, libre o protegida. Los hechos están demostrando que no se va a intentar esa solución si nos fijamos en que la EMSV sigue ofertando la venta de esas viviendas, 31 en la última actualización publicada en su web, de fecha 9 de julio de 2015. Es una pena porque sería una buena solución transitoria en tanto vienen mejores momentos para abordar planes más ambiciosos. Y lo más lamentable es que los programas electorales no sean verdaderos contratos con el votante sino que en muchos casos hay partes de ellos que se olvidan tan pronto se cierran las urnas.
Veremos si este Gobierno cosecha éxitos, a diferencia del anterior del Partido Popular, en la mediación con las entidades financieras que se propone realizar, para lo cual la alcaldesa ha llegado a un acuerdo de comunicación previa de desahucios con el juez decano, pero, en todo caso, eso será un efecto a medio plazo. No vamos a ejercer de profetas pero si no me equivoco, la política de las entidades financieras sobre esta cuestión no se decide a nivel local y en este sentido quien más tendría que hacer es el Gobierno de la nación.
Entre tanto, los casos del momento en nuestro municipio requieren otras medidas y, como ha señalado la PAH, la solución que ofrecen a las familias afectadas en la Delegación de Bienestar Social (antes Asuntos Sociales) empeora la que se venía dando con el anterior gobierno a casos similares, que ya era paliativa y de poco alcance temporal. Y aún queda otra conclusión política que extraer de lo que está ocurriendo con la acampada que sigue bajo la amenaza de intervención policial. Sobre ello, la retirada de la pancarta y las dificultades puestas a una televisión para hacer un programa ya se ha escrito en otros medios y no voy a insistir. Solo espero que no sean de este tipo las soluciones que se den al problema.
