Resulta paradójico, incoherente, inmoral y, sobre todo, cínico, inaceptable y reprobable que el mismo partido que impugna los presupuestos aprobados por Junta de Gobierno haya anunciado públicamente en boca de Santiago Llorente su voluntad de aprobar así los presupuestos
♦ Unión por Leganés-ULEG ha anunciado hoy que ha presentado una moción para debatir en el pleno que tendrá lugar el próximo jueves, 12 de noviembre, en la que se insta al alcalde a respetar los principios democráticos y la esencia del parlamentarismo y renunciar al mecanismo impugnado, entre otros por el propio PSOE, al Tribunal Constitucional que permite sacar adelante unos presupuestos con el voto en contra del Pleno.
La moción, según han explicado desde el partido vecinal, «puede marcar el devenir de la legislatura». En palabras del concejal y portavoz de ULEG, Carlos Delgado, «este jueves quedarán señalados quiénes están por un Ejecutivo alternativo y resolutivo y quiénes sólo aspiran a ser mariachis del alcalde Santiago Llorente».
ULEG insta al gobierno local de Leganés (PSOE e IUCM) a que «respete el mandato democrático de que los presupuestos estén sometidos a la voluntad de la cámara de representación de los vecinos (el Pleno) y no se usen métodos de dudosa constitucionalidad para aprobarlos a puerta cerrada vía Junta de Gobierno».
«Es una anomalía democrática, —explica Carlos Delgado— y un atentado a los mismos principios del parlamentarismo y a sus orígenes históricos que la principal norma jurídico/económica de una administración pública: los presupuestos, pueda salir adelante con la oposición del órgano que precisamente representa la voluntad popular, ya sea la asamblea nacional, autonómica o, en este caso, municipal. No sucede en ningún país que se precie de ser una democracia moderna».
En la ley existen fórmulas para dar solución a un hipotético bloqueo de la cámara de representación de los ciudadanos a los proyectos presupuestarios del gobierno de turno: la prórroga de los presupuestos o el vincular los mismos a una cuestión de confianza. Ambos mecanismos encarnan una lógica plausible como facilitar la gobernabilidad, no paralizar la actividad de la institución y el dar la oportunidad a que se conforme otra mayoría política que sea capaz de sacar unos presupuestos, y si no hay esa alternativa salga adelante la propuesta del grupo político gobernante que se encuentra en minoría.
«Esta lógica, —según explican desde el grupo municipal de ULEG— fue destruida por el gobierno de la Nación con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en ella y sólo para los Ayuntamientos se incluyó una disposición adicional por la que se permite que los presupuestos puedan aprobarse por Junta de Gobierno precisamente cuando sean rechazados por el Pleno». El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, asegura que «esta posibilidad atenta contra los principios democráticos, contra la autonomía local y contra el sentido común encontró el frontal rechazo del Consejo de Estado (el supremo órgano consultivo del Gobierno de España por imperativo de la CE) que consideró que era contraria a la Carta Magna. De hecho, tales preceptos están recurridos ante el Tribunal Constitucional tanto por los grupos en el Congreso de los Diputados (incluido el PSOE e IU), como por diferentes ayuntamientos (más de 3.000, entre ellos Leganés) y fuerzas políticas que fueron precisamente coordinadas en esta cuestión por el PSOE».
El propio PSOE de Leganés (también IU hoy en el gobierno local) descalificó muy duramente y tachó de presupuestos ilegítimos y de hacer las cosas de espaldas al pueblo y a puerta cerrada cuando en la pasada legislatura el PP sacó adelante la norma presupuestaria acogiéndose a la excepcionalidad permitida por esa legislación aprobada a finales de 2013. Fue tal la crítica y la oposición que tanto el PSOE, como ULEG e IU llevaron la aprobación a los tribunales, estando actualmente pendiente de sentencia.
«Resulta paradójico, incoherente, inmoral y, sobre todo, cínico, inaceptable y reprobable que el mismo partido que impugna los presupuestos aprobados por Junta de Gobierno, —recalca Delgado— el mismo partido que lidera el proceso judicial ante el TC para tumbar tal mecanismo legal que viola esos principios democráticos y de la autonomía local, contemple y haya anunciado públicamente en boca del alcalde Santiago Llorente su voluntad de aprobar por tal mecanismo los presupuestos de la ciudad».
A Carlos Delgado le parece «inconcebible, un atentado a la soberanía popular el que pueda darse la circunstancia de que sólo la voluntad de 7 ediles de 27, es decir, la cuarta parte del Pleno, pueda imponer a la ciudad y a los representantes políticos que representan el 75% restante, su modelo económico y social. Esto es causa más que suficiente para que tal gobierno quede automáticamente deslegitimado y el resto de fuerzas políticas autorizadas a trabajar en un ejecutivo alternativo».
El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha querido despejar cualquier duda sobre su posición en este tema. En la propia moción se advierte que si el PSOE e IUCM aprueban los presupuestos por Junta de Gobierno, «estarán legitimados para trabajar de inmediato en una fórmula democrática que cristalice un Ejecutivo alternativo que respete la voluntad política surgida de la urnas el pasado mes de mayo», en una clara alusión a la moción de censura.
