Además, desde el partido vecinal han solicitado una reunión del consejo de administración de Emsule, el ‘Cortijo político-familiar’ de PSOE-IU
Todos los grupos de la oposición rubrican un documento exigiendo al alcalde la convocatoria de un pleno extraordinario y monográfico sobre la falta de limpieza, mantenimiento y conservación de las calles y zonas verdes de Leganés
Ante la negativa del gobierno del PSOE-IU a establecer una mesa de diálogo entre las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Leganés y los responsables de las empresas adjudicatarias de los contratos municipales que analizara las incidencias existentes, el grado de cumplimiento contractual y la calidad de los servicios públicos, desde Unión por Leganés-ULEG, y al amparo del artículo 67.1 del Reglamento Orgánico Municipal, han impulsado y recabado firmas de todos los demás grupos políticos de la oposición (Leganemos, Partido Popular y Ciudadanos) para que se convoque un pleno extraordinario y monográfico sobre los problemas de limpieza, mantenimiento y conservación de zonas verdes de Leganés.
“Es preocupante la degradación que está sufriendo nuestra ciudad en temas de seguridad y mantenimiento. El gobierno intenta ocultar una realidad, pero sus continuas excusas no se las cree nadie. La mayoría de estos servicios públicos están externalizados y adjudicados a empresas que nadie controla y las quejas vecinales no dejan de crecer”, según ha denunciado ULEG.
Un ‘cortijo político-familiar’ llamado EMSULE
Por otro lado, el partido vecina ha ULEG han registrado hoy la petición de la convocatoria de un consejo de administración de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) y la comparecencia de su directora financiera y jefa de administración (cónyuge del alcalde de Leganés y a la sazón presidente con poderes de EMSULE con lo que existiría un evidente conflicto de interés a la luz de la legislación sobre sociedades de capital) para conocer la situación de la empresa (información sobre cuentas y productos bancarios, tarjetas de crédito, depósitos, préstamos, endeudamiento, situación de caja, etc.), que se dé cuenta de las últimas decisiones tomadas sin la autorización del propio consejo e informarse sobre los procesos judiciales / arbitrales y los criterios de contratación de servicios jurídicos.
Desde ULEG recuerdan que sobre esta empresa pública pende una petición judicial de concurso de acreedores, así como diversos embargos.
