GETAFE

UPyD presenta al próximo Pleno municipal tres propuestas para combatir la corrupción

 

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♦  El Grupo Municipal de UPyD ha registrado tres iniciativas, que deberán debatirse en el próximo Pleno, encaminadas a plantear medidas para combatir la corrupción y prevenirla en el futuro.

Entre las acuerdos propuestos destacan que la Intervención del Estado revise las adjudicaciones de contratos públicos celebrados con empresas implicadas en la Operación Púnica, pedir a los partidos políticos que concurran a las elecciones municipales a que no incorporen imputados en sus listas, o establecer medidas para ofrecer protección y ayuda a los ciudadanos que se atreven a denunciar la corrupción.

La primera propuesta pretende que se aclaren las posibles vinculaciones del Ayuntamiento de Getafe con la operación Púnica y para ello se solicita que la Intervención del Estado revise las adjudicaciones de contratos públicos en los últimos 15 años, especialmente los celebrados con empresas implicadas en esta trama. Aunque son más de un centenar, a primera vista se constata que algunas de ellas, como Cofely, Waiter Music y Obrum, han firmado contratos con el Ayuntamiento o entidades participadas por el mismo.

La segunda está encaminada a pedir que los partidos políticos se comprometan a no incorporar en las listas que presenten a las elecciones municipales a personas que se encuentren imputadas. Si bien por razones obvias la petición formal solo se realiza a los partidos con representación en este Ayuntamiento, en la propuesta se especifica que sería deseable que todos los partidos que opten a la Alcaldía de Getafe se hicieran eco de esta petición.

En la última iniciativa se proponen diversas medidas generales para luchar contra la corrupción, pero sin entrar en casos concretos. Así, se contempla adoptar medidas para ofrecer protección y ayuda a los ciudadanos que se atreven a denunciarla; enviar auditores del Estado para fiscalizar el funcionamiento económico de las administraciones públicas afectadas por casos de corrupción y auditar el sistema de contratación, poniendo en conocimiento de la justicia las irregularidades que se encuentren; y despolitizar y profesionalizar el Tribunal de Cuentas de tal manera que actúe como autoridad independiente en su fiscalización de las administraciones.

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