Varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que tienen contratos adjudicados a Cofely, empresa implicada en la ‘Operación Púnica’, ultiman los trámites para suspender de inmediato cualquier tipo de relación con la multinacional francesa.
Además de la imputación del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, así como de varios alcaldes, esta trama de corrupción ha ‘salpicado’ a tres trabajadores de Cofely: el presidente, Didier Maurice; el director comercial, Constantino Álvarez; y el empleado José Antonio Hernández.
El juez que se encarga de la operación decretó la semana pasada prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros a los tres empleados, que ya la han depositado y han abandonado la cárcel.
Tras saltar a la luz la trama, muchos ayuntamientos, algunos con alcaldes imputados y otros que no se han visto involucrados, han procedido a revisar toda la documentación relacionada con la empresa a fin de asegurar la correcta adjudicación de los contratos.
Al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, también detenido en el marco de la operación, se le atribuye la concertación con Cofely de un contrato por valor de 39,4 millones de euros a cambio del cual habría recibido pagos de 70.000 euros. El Pleno aprobó el pasado jueves la elaboración de un estudio jurídico para evaluar la posibilidad de resolución del contrato de dicho contrato.
Por su parte, el alcalde de Parla, José María Fraile, percibió «una donación» por parte de Cofely tras adjudicarse a la filial de la francesa GDF Suez un contrato de eficiencia energética de 54,6 millones de euros. Con Fraile ya fuera del Gobierno, el Ayuntamiento ha asegurado que se procederá a suspender el contrato.
Asimismo, el Ayuntamiento de Móstoles, donde fue cesado el concejal adjunto de Medio Ambiente Alejandro de Utrilla tras ser detenido, firmó en mayo de este año un contrato por valor de unos 72 millones de euros para el suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de edificios educativos del municipio. El alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido.
En el caso del Ayuntamiento de Alcalá, aunque no se ha visto implicado en la trama, tuvo que salir a explicar, tras las denuncias de la oposición, los trámites que llevaron a cabo para la adjudicación de un contrato con Cofely referente a servicios energéticos en dependencias municipales. De este modo, la Junta de Portavoces acordaba por unanimidad remitir a la Fiscalía Anticorrupción el contrato con la empresa, a la vez que iniciaba el procedimiento para la suspensión cautelar del mismo.
En el Ayuntamiento de Leganés, que tampoco figura entre los ayuntamientos con trabajadores imputados en la trama, técnicos municipales están estudiando un contrato adjudicado a Cofely cinco días antes de las elecciones municipales de 2011 con un presupuesto base de licitación de 292.000 euros. Desde el Gobierno local han asegurado que en el caso de detectarse alguna irregularidad, el Consistorio lo pondrá en conocimiento del juzgado instructor de la ‘Operación Púnica’.
