En los primeros años del siglo XXI nadie predijo, ni imaginó siquiera, que los inmuebles pudieran bajar de precio. El valor de la tierra nunca caía; era un ‘valor seguro’. Pero eso fue precisamente lo que pasó desde que pinchó la famosa burbuja inmobiliaria. El valor de los inmuebles y de los terrenos se desplomó. Desde el año 2007, y durante una década, los ciudadanos y las empresas han tenido que soportar, en la mayoría de los casos, pérdidas ante la necesidad de vender cualquier inmueble, muchas veces por simple necesidad o por la imposibilidad de asumir las hipotecas.
Los ayuntamientos [no solo el de Getafe], ajenos a las dificultades de sus administrados se han mostrado inflexibles a la hora de aplicar un impuesto como es la plusvalía, un hecho imponible que grava el incremento del valor de los terrenos en las transmisiones de inmuebles urbanos. De hecho, parece claro que lo que se producía en la mayoría de las trasmisiones era una minusvalía, una venta con pérdidas.
El capítulo de las plusvalías en los presupuesto municipales era tan importante que nadie quería dar opción a que los vecinos y las empresas tuvieran razón en sus quejas. Y así ha sido, como una travesía por el desierto, hasta que el Tribunal Constitucional dictó sentencia el 11 de mayo de 2017 por el que declaraba inconstitucionales y nulos varios artículos relacionados con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los cuales se somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Además, el Tribunal Supremo ratifacaba en julio que la fórmula para el cálculo del impuesto no podía aplicarse si no había ganancias y que es el legislador el único que puede decidir cómo se determinará, a partir de ahora, cuándo existe incremento de valor del terreno.
Por fin, los tribunales le daban la razón a los miles de ciudadanos y empresas que reclamaban los importes indebidamente abonados en las autoliquidaciones y en las liquidaciones firmes; además permitía retrotraerse a las que se hubieran devengado en los últimos cuatro años. La catástrofe se cernía ahora sobre los consistorios que han seguido con la aplicación inmisericorde del impuesto y con el mismo ritmo de gastos; sin valorar que, hubiera sido bueno, una reducción del gasto y el derroche en algunos capítulos superfluos o inútiles del todo.
El Ayuntamiento de Getafe no es una excepción. Dentro de la inercia imponible de las administraciones, siempre en aumento, y en sentido contrario a la economía de los administrados, ha aplicado una política fiscal que se veía injusta y de final incierto como se ha demostrado. Según los datos aportados por el edil de Hacienda, el Ayuntamiento de Getafe ha tenido que devolver más de 800.000 euros en concepto de plusvalías aplicadas de forma erronea e injusta.
Pero no solo es lo que ya ha tenido que asumir sino lo que todavía queda pendiente. Actualmente existen —según datos aportados por el propio consistorio—, 268 recursos pendientes de resolver. Y claro, como lo errores, al final los tenemos que pagar los ciudadanos, el gobierno municipal del PSOE-IUCM ha reclamado al gobierno de España la creación de un fondo específico que compense la reducción de ingresos. De todas formas, se empeña la administración municipal en mantener su ‘ritmo de vida’. Y, para desesperación de muchos ciudadanos, ha sido aprobado por unanimidad del Pleno municipal; de izquierda a derecha. Piense el lector, por un instante, que esos 800.000 euros que ha tenido que devolver el Ayuntamiento por la incorrecta aplicación de la plusvalía es la misma cantidad que que se gasta Sara Hernández en propaganda inane y publicidad institucional para los periódicos de sus amigos.
El edil de Hacienda ha especificado que el Ayuntamiento de Getafe tiene ahora mismo unos 268 recursos pendientes de resolver por el Órgano de Gestión Tributaria, «una situación realmente preocupante por la falta de soluciones a las pérdidas económicas que por este motivo están sufriendo los ayuntamientos». Ahora, para salvar el culo y disimular la ineptitud de los gestores municipales, la culpa se endosa al gobierno central. Los ayuntamientos esperan, como maná en el desierto que aplaque su gula y furor fiscal, la reforma que actualmente negocian el gobierno central y la Federación de Municipios Españoles, un cambio normativo que podría estar vigente antes del verano.
La actual situación se ha hecho insostenible para los Ayuntamientos que esperan miles de demandas. Y no solo se encuentran con enormes dificultades para gestionar el impuesto, sin saber a qué atenerse cuando los contribuyentes plantean situaciones de minusvalía en sus operaciones inmobiliarias, ni se atreven a darles salida a causa del agujero económico que supone la devolución del impuesto.
El edil de Hacienda de Getafe ha añadido que «la situación ha llegado al punto de que incluso en casos donde aparentemente existía incrementos de valor del terreno, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el pago y al Tribunal Supremo le han llegado recursos de casación de varios ayuntamientos como es el caso de Getafe».
