El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador contra un portal inmobiliario de alcance nacional. La investigación llega tras una denuncia de la Federación de Consumidores CECU y se inscribe en el marco de la vigilancia sobre la publicidad de alquileres.
Expediente sancionador: qué investiga Consumo
La Dirección General de Consumo actuó tras la queja presentada por CECU. La pesquisa examina posibles prácticas comerciales desleales que afecten a usuarios y arrendatarios.
- Se analiza si la plataforma ofreció información engañosa en anuncios.
- Consumo valora si hubo aprovechamiento de la posición dominante.
- Es la primera vez que se abre un expediente dirigido directamente a un portal, no solo a anunciantes.
Las faltas comerciales pueden ser sancionadas como infracción administrativa. Las multas pueden alcanzar 100.000 euros o equivaler a entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito.
Obligaciones para portales inmobiliarios con el nuevo real decreto-ley
El Ministerio controlará que los grandes portales inmobiliarios apliquen lo establecido en el primer real decreto-ley de vivienda, aprobado recientemente en el Consejo de Ministros.
En las próximas horas Consumo remitirá una circular a las plataformas para explicar las nuevas obligaciones sobre publicidad de pisos en alquiler.
Información mínima que deberán mostrar los anuncios
- El índice de referencia del precio del alquiler de la zona.
- La renta del último contrato de arrendamiento vigente en los cinco años anteriores, si existe.
- El límite de renta aplicable en zonas sujetas a limitación legal.
- La condición de gran tenedor del arrendador, cuando proceda.
Estas obligaciones se aplican a los anuncios en cualquier ciudad del país. El objetivo es que los potenciales inquilinos comparen ofertas y detecten subidas abusivas con rapidez.
Cómo afecta a la publicidad y a los usuarios
La norma obliga a que la publicidad y la oferta de arrendamiento incluyan datos que permitan contrastar el precio ofertado con el precio de referencia.
- Facilita la comparativa entre la renta propuesta y la aplicada anteriormente.
- Aumenta la transparencia en zonas tensionadas.
- Permite identificar si el arrendador es gran tenedor, dato clave para derechos y obligaciones.
Actuaciones previas: otros expedientes y sanciones
Consumo no estrena actuaciones este año. En mayo inició un expediente a otra gran inmobiliaria que gestiona miles de pisos en España.
- Detectó cuatro posibles infracciones, entre ellas la imposición de seguros de impago.
- Se investigó la aplicación de penalizaciones desproporcionadas por retrasos en la entrega.
En abril, el Ministerio confirmó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. La resolución fue firme tras agotar la vía administrativa. La empresa incurrió en seis infracciones muy graves y una grave.
Artículos similares
- Viviendas en alquiler: oferta se desploma y España pierde casi 400.000 desde 2018
- Sumar aprieta al PSOE por la vivienda: pide congelar alquileres por decreto-ley
- Publicidad
- Alquiler turístico: cuándo la comunidad puede prohibirlo, según la administración
- Subidas de alquiler en la mira: el Gobierno podría gravarlas en el IRPF y afectar a los caseros
Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.
