♦ Google News, el agregador y buscador de noticias que rastrea información publicada por medios de comunicación ‘online’ de todo el mundo, ha anunciado el cierre de sus servicios en España como respuesta a la nueva legislación, que les obliga a pagar por reproducir esta información, al margen de que los medios de comunicación quieran cobrar este servicio o no.
Ante las búsquedas de los internautas, Google materializa el cierre y comunica al usuario que «Lamentamos tener que informarte que Google Noticias ha cerrado en España y que las publicaciones de los editores españoles ya no aparecen en Google Noticias, a raíz de los recientes cambios en la legislación española. Comprendemos que usuarios como tú podáis estar descontentos con esta nueva situación y por ello queremos explicarte las razones por las cuales hemos tomado esta decisión …»
Esta nueva legislación es la que resulta de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que, entre otras medidas, prevé la introducción del derecho irrenunciable de los editores a cobrar de los agregadores ‘online’ (como Google News o Meneame, cuyo cofundador, Ricardo Galli, ya criticó la reforma en este mismo medio) una compensación por reseñar los contenidos, esto es, por reproducir fragmentos de las informaciones publicadas. Esta parte de la reforma entra en vigor el próximo 1 de enero.
«La nueva normativa obliga a cada publicación española a cobrar a servicios como Google News por mostrar incluso pequeños fragmentos de los contenidos, lo quieran o no. Google News no obtiene beneficios por esta actividad, de modo que la nueva normativa hace insostenible el servicio», argumenta en su Blog Europeo Richard Gingras, responsable de Google News. «Por ello, con verdadera tristeza, anunciamos que el próximo 16 de diciembre -antes de que la legislación entre en vigor a partir de enero- eliminaremos los contenidos de editores españoles y cerraremos el servicio en España», añade Gringras.
La clave que esgrime Google para cerrar el servicio se encuentra en el artículo 32.2 de la reformada Ley de Propiedad Intelectual, que establece el pago irrenunciable de un canon por parte de los agregadores de noticias a los editores de contenidos como compensación por el uso de los mismos. Es lo que se ha denominado ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’, porque ha sido la asociación que engloba a los editores de medios la principal impulsora de ese artículo.
Los editores afirman que Google y el resto de agregadores -también las redes sociales- se lucran enlazando los contenidos que ellos producen y que cuestan dinero. Contra esto, Google insiste en que News no obliga a ningún medio a estar en ese servicio.
El artículo 32.2, introducido por el Gobierno en el articulado del proyecto de la reforma de la LPI a última hora y por sorpresa, ha sido polémico durante toda la tramitación parlamentaria y generó muchas críticas. La más significativa llegó desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera que el canon limita la libertad de empresa al crear una barrera de acceso a quienes quieran entrar en el mercado. La CNMC ha cuestionado también que el cobro del canon se tramite a través de las entidades de gestión de derechos de autor.
En el mismo post en donde comunica el jefe de Google News comunica el cierre del servicio, Gingras recuerda que los editores han tratado de resolver sus limitaciones de distribución de sus publicaciones impresas «durante siglos», pero «Internet lo cambió todo al crear enormes oportunidades pero también auténticos desafíos» para los propios editores y su competencia, en la búsqueda de la atención de los lectores y en la generación de beneficios a través de la publicidad. Y también reafirma su «compromiso» para «ayudar a la industria de las noticias a cumplir con estos retos». «También en España», concluye.
El anunciado cierre de Google News al que seguirán, probablemente, el de otros agregadores, debido a la inminente entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual, es una mala noticia para los editores y los usuarios, que ven reducida su libertad de elección y su acceso a la información, disminuyendo -como daño colateral- la libre competencia?.
Esta ley provocará la eliminación de los agregadores y todas las aplicaciones a ellos conectadas, lo que causará una disminución del tráfico de las webs informativas, con su correspondiente impacto negativo en los ingresos y en la cuenta de resultados. Incluso muchos sitios de información resultarán inviables, y se verán abocados al cierre.
España que cuenta con una población muy conectada a Internet, con empresas pioneras e innovadoras y una cultura de alcance planetario podría y debería estar en la locomotora que impulsa internet. Pero leyes como esta, sacada adelante en solitario por el partido del Gobierno, con el voto negativo de todos los demás grupos parlamentarios, colocan a nuestro país en el furgón de cola, haciéndonos perder valiosas oportunidades y poniendo en riesgo iniciativas y empleos en el mundo digital.
Una decena de empresas, asociaciones y organizaciones procedentes de diversos sectores económicos decidieron lanzar de forma conjunta la Coalición ProInternet, una plataforma que tiene en común una visión abierta e innovadora del entorno digital y su firme rechazo a determinados aspectos concretos del proyecto de reforma de Ley de Propiedad Intelectual.
Tras el anuncio realizado por Google, del cierre en España de su servicio «Google News», la Coalición ProInternet ha realizado las siguientes consideraciones:
La Ley de Propiedad Intelectual y su polémico artículo 32.2 que incluye un canon por noticias enlazadas, supone una limitación de los derechos a la información,la libertad de expresión y de empresa de los españoles.
Como ya habían anticipado la Coalición Prointernet, la CEOE, la Comisión Nacional de Competencia (CNMC), la oposición al completo, cientos de medios, usuarios de internet, miles de profesionales del mundo digital, la próxima entrada en vigor de la LPI que contiene el llamado #canonAEDE generará un impacto inmediato en todo tipo de medios de comunicación, incluso los pertenecientes al lobby AEDE afín al gobierno que ha promovido el canon digital. Supone la inmediata perdida de fuentes de información para el ciudadano y un impacto claro en el mercado como se ha demostrado en otros países con una dramática caída tráfico a todos los medios de información online.
Desde la Coalición ProInternet lamentamos que una empresa tenga que abandonar un servicio por la presión de un Lobby ante un gobierno, que ha logrado instaurar unas medidas únicas en el mundo. España tiene hoy el raro honor de ser el primer país occidental donde cierra un servicio agregador de noticias por acción gubernamental.
Con el cierre de Google News, y el previsible cierre o cese de actividad de numerosas empresas y fuentes de información son los ciudadanos los que ven coartada su libertad de información y de expresión. Esta no es más que la primera víctima empresarial de esta decisión gubernamental, que no ha medido la gravedad del impacto previsible de una Ley realizada al dictado de unos pocos y sin debate o conversaciones con el sector. La Coalición plantea su seria preocupación por cómo impactará esta situación a partir de enero en numerosos proyectos, medios, soportes, iniciativas digitales empresariales y ciudadanas en España. El impacto sobre el mercado digital en España va a ser devastador, ya que si el nuevo marco legal no es soportable por alguna de las grandes empresas de Internet del mundo, difícilmente podrá ser sorteado por empresas españolas de menor dimensión. Además lanza un mensaje internacional sobre España que frenará inversiones y apoyo a iniciativas emprendedoras españolas. Un precipicio digital al que nos acercamos irremisiblemente empujados por el Gobierno y los medios de AEDE.
Esta es la primera baja de un nuevo sistema legal que cercena la posibilidad de la innovación y el desarrollo de la economía digital. Pronto se notarán los efectos no sólo del cierre de Google News, sino el impacto de la propia aplicación de una ley que contiene en su articulo 32.2 el cierre de Internet tal y como lo conocemos. Internet se ha basado desde su inicio en el enlace de informaciones. Internet sin enlaces a informaciones no es internet.
Ante la gravedad de la situación, la Coalición Prointernet pide al Gobierno y los grupos de la oposición que se paralice inmediatamente la aplicación de esta ley que claramente impacta en la libertad de información, de expresión, y de empresa en todo el territorio español.
