ECONOMÍA

El Gobierno regional aprobará un proyecto de ley para blindar el carácter público del Canal de Isabel II

 

 

♦ La sociedad pondrá a la venta sus empresas y participaciones en latinoamérica, tras revisar su estrategia internacional

Canal de Isabel II, la empresa pública responsable del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, va a poner a la venta sus participaciones y filiales en Latinoamérica, tras un proceso de reflexión estratégica sobre su presencia internacional.

“La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dado instrucciones para que, en mi calidad de presidente del consejo de administración de Canal de Isabel II, eleve al mismo, para su aprobación, la decisión de llevar a cabo la venta de todas las empresas en Latinoamérica a través de un procedimiento ordenado”, ha avanzado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Durante su comparecencia para informar en la Cámara sobre la situación de Canal, Garrido ha explicado que el objetivo es realizar un proceso de desinversión “ordenado, transparente y que asegure la obtención de la mayor rentabilidad posible para los madrileños”.

Para ello, Canal va a contratar un asesor financiero externo, con experiencia en procesos de venta de este tipo, para que proponga diferentes alternativas para llevar a cabo las desinversiones (venta directa, en mercado, etc.); posibles calendarios para su ejecución; entidad que realice la valoración del negocio; el objeto de la desinversión (Canal Extensia, Inassa, activos independientes…); y, en general, cualquier otro aspecto relacionado con este proceso.

El presidente de Canal ha recordado que las mejores prácticas mercantiles aconsejan recurrir a un asesor externo para llevar a cabo este tipo de procesos, como ha hecho en los diferentes procesos de venta realizados en el sector público. “El riesgo de no hacerlo podría suponer que la operación finalmente no pudiera realizarse o que supusiera una pérdida de valor significativa”, ha advertido.

En una segunda fase, el consejo de administración de Canal analizará las propuestas presentadas por el asesor financiero y adoptará el acuerdo correspondiente, que incluirá la oportunidad o no de iniciar el proceso de enajenación y, en caso de llevarlo adelante, el procedimiento, el calendario y el objeto de la desinversión.

La decisión de desinvertir en Latinoamérica se une a la que los responsables de Canal ya adoptaron, en junio del año pasado, de cerrar de manera ordenada las participadas latinoamericanas que no tuvieran actividad o cuyo objeto social no estuviera relacionado con la gestión integral del ciclo del agua.

Según ha explicado Garrido, en la actualidad ya hay 12 empresas con procesos de liquidación y disolución iniciados o, incluso, finalizados. La previsión es que este proceso de cierre se haya concluido en todos los casos a lo largo de este año 2017.

GARANTIZAR EL CARÁCTER PÚBLICO

El consejero de Presidencia y presidente de Canal ha aprovechado también su comparecencia en la Asamblea para anunciar que el Gobierno regional va a aprobar un proyecto de Ley “para garantizar el carácter 100% público de la sociedad anónima Canal de Isabel II”.

El proyecto, que modificará la Ley 3/2008 que permite la entrada de capital privado en Canal, mantendrá la existencia de una sociedad anónima operadora y de un ente público regulador; eliminará la posibilidad de que entre capital privado en la sociedad anónima Canal de Isabel II y establecerá que la sociedad anónima tendrá un capital exclusivamente de titularidad pública.

Asimismo, la norma abrirá la posibilidad de que todos los municipios madrileños que todavía no lo han hecho se puedan incorporar al modelo de gestión actual de Canal. Además, podrán hacerlo en las mismas condiciones que los municipios que se incorporaron antes de 2012 y por el mismo periodo de tiempo, es decir, hasta el 1 de julio de 2062.

Igualmente, los municipios de la Comunidad que tengan un convenio propio en vigor con Canal de Isabel II podrán optar por mantenerlo o renunciar a él, salvaguardando siempre lo establecido en ellos y en la legislación y respetando las competencias que la legislación reserva a los municipios en materia de gestión de los servicios del ciclo integral del agua.

Garrido ha subrayado que el reforzamiento de Canal como empresa 100% pública ha sido una de las tres grandes áreas de gestión en las que el actual Gobierno regional ha trabajado desde un principio. Las otras dos han sido la congelación de la tarifa del agua, “algo que seguirá siendo así durante el resto de la legislatura” y la ampliación de la tarifa social; y el compromiso con los trabajadores de Canal, con el inicio de una nueva etapa de diálogo y la aprobación de un convenio propio de empresa con el respaldo de la mayoría absoluta de las secciones sindicales.

En este punto, el presidente de Canal quiso poner en valor el trabajo de los 2.590 empleados de la compañía, “que nos hacen sentir muy orgullosos no sólo a los responsables políticos sino, también, a los madrileños, poseedores del 100% de la propiedad de la empresa, a través del Gobierno regional y de los gobiernos locales”.

TRABAJADORES, EL MEJOR ACTIVO

“Apelo a la responsabilidad de todos para que, en ningún caso, se confunda la actividad presuntamente delictiva de algunas personas que podrían haberse lucrado en su gestión, y con las que nuestra tolerancia es cero, como ya han comprobado, con la actividad y el trabajo diario del resto de trabajadores y directivos, excelentes técnicos reconocidos a nivel nacional e internacional y que, sin duda, son el mejor activo del Canal”, ha destacado.

En conclusión, Garrido ha resumido así la actuación del Gobierno de Cristina Cifuentes en Canal: “Nuestra prioridad en la empresa ha sido reforzar todo aquello que en el Canal de Isabel II funciona bien, buscar soluciones para aquello que necesitaba mejoras de gestión y ponerlas en marcha, y actuar con determinación ante situaciones incompatibles con una gestión eficaz y eficiente, respetuosa con las leyes y los procedimientos y la ética, y la estética, que deben presidir una empresa pública”.

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