Tras la denuncia de CCOO, la empresa tendrá que devolver las condiciones de trabajo anteriores a que aplicara el Real Decreto 20/12, únicamente válido para el personal público.
La plantilla de FCC en Valdemoro ve como el Alto Tribunal madrileño restituye sus antiguas condiciones laborales, después de que FCC intentara aplicar procedimientos que la reforma laboral dedica específicamente a los funcionarios públicos en una empresa privada.
El 15 de octubre de 2008 se produjo el acuerdo para la integración del personal de servicios a la ciudad y medio ambiente del Ayuntamiento de Valdemoro en una empresa privada adjudicataria del servicio, FCC, que vinculaba las condiciones laborales de la plantilla al convenio colectivo que se venía aplicando desde 2004 y que tiene prorrogada su vigencia hasta 2018.
La empresa FCC en vez de realizar modificaciones a la plantilla en base al Estatuto de los Trabajadores, recurrió finalmente al Real Decreto 20/12 del 13 junio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, una medida únicamente válida para el personal del Ayuntamiento y no de FCC.
Entre las medidas que se aplicaron se encontraba la bajada de sueldo de un 5 por ciento, el aumento de la jornada laboral, la pérdida de una paga extraordinaria, congelación salarial para los próximos tres años, así como la suspensión de aportes destinados a acción social.
Ante esta “maniobra”, CCOO de Construcción y Servicios de Madrid interpuso la pertinente demanda al entender que no se puede privatizar un servicio con la excusa de ahorrar costes y luego aplicarles la normativa para el empleado público que planteó el Gobierno en su reforma laboral y menos cuando estas condiciones son desfavorables para el trabajador.
La empresa FCC ha apostado por escoger lo peor de los dos regímenes para disminuir las condiciones laborales de la plantilla. Hacer pasar a la misma por la privatización con sus inherentes desventajas, como el despido, y luego intentar darles la puntilla con los procedimientos de recortes presupuestarios para el personal de la administración pública.
