La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe celebrada el pasado 27 de marzo daba cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 14 de marzo de 2018, en la que condena la gestión del gobierno de Sara Hernández y al Consistorio —que somos todos— a indemnizar a Vodafone por anular la adjudicación de los servicios de telefonía e internet en 39 centros municipales que le otorgó con fecha 19 de octubre de 2016 con una duración de dos años prorrogable por el mismo periodo.
Después de adjudicar a Vodafone [por un importe de 866.981 euros], el gobierno de Sara Hernández anuló el acto administrativo y volvió a adjudicar a Telefónica por un importe cercano a los 1,2 millones de euros. Vodafone recurrió al Tribunal Administrativo de Contratación Pública que el día 1 de diciembre falló en su contra y a favor del Ayuntamiento. Sin embargo, Vodafone interpuso recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que esta vez sí le ha dado la razón.
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, anula el fallo del Tribunal Administrativo y el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de enero de 2017, declarando la validez y vigencia de la Junta de Gobierno en la que se le adjudicó el contrato originalmente. Y por tanto, condena al Ayuntamiento de Getafe a indemnizar a la multinacional inglesa con el beneficio industrial que le hubiera supuesto el contrato y que ha tasado en el 6% del importe. El Tribunal también condena en costas a los ‘partenaires’ del gobierno municipal en este fiasco, Telefónica España y Telefónica Móviles.
Los distintos centros municipales realizan, aproximadamente unas 94.000 llamadas al mes: 70.000 de móviles y 24.000 desde teléfonos fijos. A una media de 3.000 llamadas diarias, incluyendo sábados y domingos.
