Ester Gabarre, la mujer condenada a cuatro meses de cárcel por robar en un Centro Comercial de Getafe. Foto: Sandra Blanco
Seguramente, si los jueces de Getafe (o de cualquier otro municipio) interfirieran en las mociones que han de presentar los ediles o cómo el gobierno local debe gestionar tal asunto, el Consistorio en Pleno pondría el grito en el cielo invocando la separación de poderes y todo ese rollo que cada día vale menos. El estado de derecho y el respeto están más que devaluados, en franca descomposición.
Los Ayuntamientos, plagados de ediles sin ideas ni experiencia en la gestión, se están conviertiendo en ‘organismos petitorios’. El Ayuntamiento pide, exige, suplica, insta,… y así sucesivamente se completan la mayor parte de los órdenes del día de los plenos y de las notas de prensa. Ahora, además de reclamar dinero y equipamientos a otras instituciones, se solidariza con ¿las víctimas? de la justicia interfiriendo claramente en su labor; justicia para Alfon; justicia para los 3 policías condenados; justicia para los 8 sindicalistas; justicia para una señora que robó no sé cuantos euros para alimentar a su familia (y la condena no ha sido por eso, sin por la repetitiva manía de llevarse lo que no es suyo) y, con el revuelo montado, aparece tan feliz en la prensa con un ‘smartphone’ grande y caro; necesidad, necesidad… la tendrán otros, que no se puede negar que existe.
Pero de ahí, justificar el delito, el robo o el hurto sistemático, a consentir la corrupción social y política hay un trecho muy pequeño. Hay que dejar a los jueces que apliquen la ley; de lo contrario, esto se convertirá, tarde o temprano, en la ley de la jungla o en un gallinero en el que los amigos, los conocidos, los del barrio, de la fábrica, presionan para obtener ‘su justicia’. Otro asunto es que estemos o no de acuerdo con las leyes; y se pueden cambiar, de acuerdo con las mayorías que la ciudadanía elige para ello.
