Sara Hernández, junto a Carmena, y Jorge Juan Rodríguez Conejo, a la derecha, tras una reunión en el Ayuntamiento de Madrid
Sara Hernández acudió al juzgado de Instrucción número 3 de Getafe el pasado 10 de julio para declarar como investigada [imputada] por un presunto delito contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio en relación con la denuncia realizada por Impulsa Getafe sobre los vertidos ilegales arrojados al río Manzanares. El concejal de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez Conejo, también declaró como imputado. Ya no se oye la petición de los socialistas para que dimitan los ediles del PP imputados por el Caso Teatro. Cualquiera mete el dedo en el ojo ajeno y en el propio a la misma vez.
La alcaldesa de Getafe le ha echado cara y ha negado delante del señor juez tener conocimiento de los vertidos ilegales al río Manzanares. No se trata de calificar esa mentirijilla como una penosa justificación delante del juez, haciéndose la tonta, de algo más serio como el perjurio o, simplemente, como mala memoria. Sin embargo, la acusación mostró dos actas del Pleno del Ayuntamiento de Getafe, no una, dos, actas en las que se habla de la contaminación en el río y en las que figura Sara Hernández como presidenta. Las actas, del 4 de noviembre de 2015 y del 21 de diciembre de 2017, revelan que la regidora no solo presidió la sesión en la que se hablaba de esta problemática, sino que además intervino en el debate.
Es evidente que la documentación venía a trastocar la primera idea. Los vertidos, como ha dicho la Guardia Civil y la fiscalía, se vienen produciendo desde el año 1995. Así, la responsabilidad sería cuando menos de los otros dos alcaldes: Pedro Castro y Juan Soler. Sin embargo, descubierta la mentira sobre su ignorancia y para quitarse el mal fario de encima, Sara Hernández ha basado su defensa jurídica en dejar constancia que delegó las competencia en sus compañeros los concejales de mantenimiento, responsables al fin de la falta de arreglo de la depuradora que causó los vertidos.
Con este intento de desprenderse de su responsabilidad, Sara Hernández pone a los pies de los caballos a los que ha ejercido esa función durante la última legislatura. Lo importante es salvar el culo. La culpa siempre es de otro. El juez, lógicamente, ha pedido identificar a los señalados por la alcaldesa como responsables de los vertidos. Se trata de la exconcejala Raquel Alcázar, defenestrada por Sara Hernández al final de la pasada legislatura, y al todavía concejal Ángel Muñoz. El destino de los compañeros socialistas es sacrificarse por su líder. Alcázar y Muñoz podrían sumarse a la regidora y al edil Jorge Juan Rodríguez, como imputados. Serían tres los actuales ediles socialistas imputados. Y, a pesar de lo que han dicho en el pasado, no van a dimitir.
El edil de Urbanismo, Rodríguez Conejo, ha seguido la misma línea que la alcaldesa y, además de insistir en el desconocimiento sobre los vertidos, ha declarado que él se limitaba a abonar las multas que la Confederación Hidrográfica del Tajo imponía por esta cuestión. El Consistorio, por tanto, ha sido consciente de este tema, con sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 49.993,8 euros. Él pagaba, pero como era ‘ignorante’ de porqué pagaba, no decía ni hacía nada. Muy bien. Se trata de un sujeto que ejerce el cargo de forma irresponsable, pensamos. Paga las multas sin enterarse de la infracción. Tonto o no sabe leer.
El magistrado también ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo información sobre la autorización de las obras para reformar la estación elevadora de agua en Perales del Río, de donde proceden los residuos, y los análisis y el técnico que tramitó las sanciones al Ayuntamiento entre 1995 y 2017. También si existe algún tipo de canon por vertidos, indicando la fecha del inicio del cobro, la razón y su cuantía total, si la hubiera.
