► Es uno de los instrumentos de inclusión social más importantes del Ejecutivo regional ya que permite cubrir las necesidades básicas de la vida diaria
► En la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras regiones, no tiene una duración limitada en el tiempo
► El número de perceptores de Renta Mínima de Inserción ha caído en el primer semestre del año un 6,22 %
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar a lo largo de 2019 un total de 160,4 millones de euros para el pago de la prestación de Renta Mínima de Inserción (RMI), que tiene como objetivo ayudar a las personas de la región que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
La Renta Mínima de Inserción es uno de los instrumentos de inclusión social más importante con el que cuenta la Comunidad de Madrid. Se trata de una ayuda económica que permite cubrir las necesidades básicas de la vida diaria y que, en nuestra región a diferencia de otras comunidades autónomas, no tiene una duración limitada en el tiempo, sino que se mantiene la ayuda mientras persista la situación de necesidad.
La Comunidad de Madrid ha destinado el año 2018 a la Renta Mínima de Inserción casi 169 millones de euros un 39 % más que el año 2015, con lo que se ha atendido, hasta diciembre, a 33.000 familias, lo que representa un total de 109.230 beneficiarios.
Para el Gobierno regional una muy buena noticia de este 2018 es la disminución del 6,22 % en el número de perceptores de Renta Mínima de Inserción en el primer semestre de 2018, lo mismo que las solicitudes de RMI, que caen un 22,51 % respecto a ese mismo periodo de 2017. Además, 4.084 perceptores de Renta Mínima se han incorporado al mercado laboral, entre los meses de enero a septiembre, lo que supone un incremento del 55,52 % respecto al mismo periodo de 2017.
La cuantía de la RMI se establece en función del número de miembros de la unidad familiar, abarcando desde 400 euros para una sola persona hasta un tope de 735,9 euros para familias de tres o más miembros.
La Comunidad de Madrid es una de las pocas comunidades autónomas que garantiza el carácter indefinido de la percepción de la RMI a las personas que acreditan cumplir con los requisitos, mientras se encuentren en situación desfavorecida y hasta que mejore su situación.
Precisamente, en la línea de trabajo para luchar contra la exclusión social, el Gobierno regional aprobó el pasado mes de octubre la Estrategia Madrileña de Inclusión Social 2016-2021, que cuenta con 135 medidas y 2.866 millones de presupuesto.
A través de esta estrategia se pretende mejorar y reforzar los plazos de adjudicación y requisitos para poder optar a la RMI, de forma que no quede nadie en la región en situación de exclusión o en riesgo de estarlo sin que reciba ayuda de la Administración.
