Sara Hernández, Alberto Ganga y Mónica Cerdá, tres de los cuatro implicados en el caso que investiga el Juzgado
► Un juzgado de Getafe abre diligencias previas para esclarecer una denuncia del PP y ordena a la policía interrogar a Alberto Ganga, a Mónica Cerda —concejal responsable en su día de GISA, y a Juan Manuel Hernández, gerente de la empresa municipal.
► Desde siempre se ha considerado a Getafe Iniciativas SA (GISA) como el albañal, político y económico, del Ayuntamiento de Getafe
Pero, ¿Quién es Ganga del que tanto se habla últimamente? Alberto Ganga Ruipérez en un tipo duro de roer. Un abogado espabilado o simplemente un listillo, un agente doble del espionaje local, a medio camino del rojo y del verde. Es famoso en Getafe por llevar [gratis] la acusación popular en el enfrentamiento en los tribunales de Roberto Benítez [Impulsa Getafe] contra el PP de Getafe por el ‘caso Teatro’; también adquirió notoriedad por la polémica de su oposición y fugaz paso por Getafe Iniciativas SA; a nivel nacional, ha saltado a la fama tras declarar recientemente en el Senado por la financiación [presuntamente] irregular de Ciudadanos; siempre anduvo a la gresca con la tropa naranja. En todas partes cuecen habas.
Ahora, el Juzgado número 5 de Getafe ha abierto diligencia previas y ha ordenado a la policía investigar su caso, el ‘caso Ganga’, con el interrogatorio de los implicados. Parece meridianamente claro que, a finales del mandato de Juan Soler, Alberto Ganga aprobó el concurso oposición para abogado de la empresa pública GISA con una ayuda [ilícita] muy cercana. Sacó 100 puntos de 100 posibles. Pleno absoluto. Un examen sin mácula, sin discusión. No hay nadie tan listo, y menos que quiera trabajar en GISA. Desde el principio se ha aireado que el cuestionario se lo filtró su mujer, delegada sindical de CCOO en la empresa municipal. Fácil. Blanco y en botella; si no es leche, lo parece. Sin embargo, el gobierno local de Juan Soler, —que no confiaba en él evidentemente por las circunstancias de su acceso y la posición ideológica de la familia— decidió despedirlo tras 29 días de trabajo «por no pasar el periodo de prueba». Casi a la misma vez, con días de diferencia, GISA también contrató a un abogado, hijo de un senador del PP, más cercano ideológicamente que Ganga. Sin embargo, este abogado tampoco pasó el periodo de prueba y fue despedido igualmente.
En eso llegaron las elecciones locales de mayo de 2015, Getafe cambió de alcalde, y GISA —ya gestionada por el PSOE de Sara Hernández— le pagó a Ganga la cantidad de 60.000 euros como indemnización por ese mes incompleto. No se diga que Hernández no paga bien. ¿Pero para qué tanta prisa, sin esperar al juicio y con una cantidad tan desmesurada? Desde el PP de Getafe siempre han asegurado que ese pago [extraordinario] era un ‘pago en especie’, la parte económica de una conspiración, para promover acciones contra Juan Soler y otros ediles populares por el caso Teatro.
Desde Ahora Getafe y desde el Partido Popular han pedido la dimisión de la concejal exsocialista, Mónica Cerdá, y del gerente de GISA, Juan Manuel Hernández, tras conocerse la investigación iniciada por la policía. «En caso de que el gerente de GISA no renuncie, la responsabilidad de su continuidad será de la alcaldesa, Sara Hernández, que debe decidir si desde el PSOE avalan esas prácticas presuntamente irregulares», han dicho desde la formación podemita.
Además, han recordado que «GISA concedió a Ganga una jugosa indemnización por despido de 60.000 euros sin esperar a que los tribunales, ante los que el abogado había denunciado su despido, resolvieran en favor de ninguna de las partes».
Desde el PP han asegurado que pedirán las dimisiones en el Pleno y han recordado que la investigación por el ‘Caso Ganga’ se inició a raíz de una querella presentada por el Partido Popular de Getafe contra la alcaldesa, contra la concejala Mónica Cerdá, contra Juan Manuel Hernández, y contra el abogado Ganga.
Declaración en sede policial de la concejala exsocialista Mónica Cerdá
A su juicio, en este asunto, la alcaldesa «tiene responsabilidad porque es la presidenta del Consejo de Administración de GISA y porque Mónica Cerdá, —la concejala expulsada del PSOE por un rifirafe con la alcaldesa y con su amiga Cristina González—, la ha implicado en sede policial el 9 de marzo». Cerdá ha acusado directamente a Sara Hernández de ser la responsable de este turbio asunto: fue la alcaldesa quien dio las instrucciones al gerente para que aprobase la desorbitada indemnización.
«Sara Hernández —han exigido desde el PP— tiene que explicar si es la cabecilla de la trama corrupta que, supuestamente, ha orquestado para desviar dinero público con el propósito de atacar al PP. Todo el asunto lleva a pensar que se ha querido pagar la minuta del letrado con el dinero de los contribuyentes»; y piden la dimisión de Cerdá y del gerente de GISA porque en el ‘caso Ganga’ se investiga «un posible desvío de dinero público para fines ilícitos».
