El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 19 de la Comunidad de Madrid ha anulado la decisión del gobierno municipal de Sara Hernández de apartar a la Intervención municipal de la fiscalización y control de los contratos menores del Ayuntamiento [son aquellos que no superan los 15.000 si son de servicios o los 40.000 euros si son de obras], al considerar que no se ajusta a derecho. El PP de Getafe hecho pública la sentencia y asegura haber «ganado en los tribunales a Sara Hernández tras la denuncia presentada el año pasado».
El candidato a la alcaldía, Carlos González Pereira, ha señalado que «la Justicia ha dejado en evidencia a Sara Hernández, a sus decisiones caciquiles y a su utilización partidista del Ayuntamiento y de los recursos públicos municipales» y ha añadido que con esa decisión los tribunales «evitan que la socialista Sara Hernández siga mangoneando a su antojo la contratación menor del Ayuntamiento».
Según González Pereira, el Gobierno socialista pretendía «seguir burlando y saltándose los órganos de control como la Intervención municipal, con una mera decisión suya. Habría que preguntarse con qué oscuro interés pretendió eludir todos los controles financieros y a quién ha querido beneficiar con esta artimaña».
Una vez más, los vecinos son los grandes perjudicados de la nefasta gestión del Gobierno socialista. La sentencia, que revoca la decisión adoptada por la Junta de Gobierno en noviembre de 2017, condena al Ayuntamiento a pagar las costas procesales. «Además, hay que recordar que esta argucia nos ha salido bien cara a todos los getafenses, puesto que se creó ‘ad hoc’ [hecho especialmente para tal fin] la figura del contable municipal, cuando antes todas las funciones de fiscalización de los contratos menores estaban encardinadas a la Intervención municipal y no suponía un coste añadido como sí lo ha sido ahora, valorado en unos 200.000 euros».
Por último, González Pereira ha afirmado que «la modificación que realizó Sara Hernández entraña además una burla y falta de respeto al resto de los concejales de la Corporación municipal puesto que esta medida solo se podía haber modificado en el seno del Pleno y no en una Junta de Gobierno, lo que supone una aberración jurídica, política y de respeto a la legislación, como así ha sentenciado el Juzgado de lo Contencioso administrativo».
El Partido Popular puso en manos de la Justicia el pasado mes de abril de 2018 la instrucción de Sara Hernández de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno celebrada el 2 de noviembre de 2017 sobre la tramitación de expedientes en los contratos menores. En ese momento el Partido Popular mostró su convencimiento de que ese acto era nulo ya que se trataba de una competencia que Sara Hernández había arrebatado a la Intervención para otorgársela al departamento de Contabilidad. En septiembre de 2018 la jueza suspendió la orden dada por el ejecutivo municipal y ahora con su sentencia confirma que el PP llevaba razón en la denuncia formulada.
