La Constitución española reconoce de forma explícita el derecho de propiedad. En relación con la ocupación ilegal de inmuebles no se tiene en cuenta el ordenamiento legal vigente y la conducta de los ocupas es injustificable.
Lo que corresponde es que los poderes públicos faciliten pisos con alquiler muy reducido a muchas personas que necesitan un espacio digno en el que vivir. La ocupación de las viviendas ha crecido considerablemente en los últimos años y es el resultado, en parte, de planteamientos relativistas que no respetan los derechos de los demás. Me parece bien que se haya eliminado el plazo de 48 horas para desalojar a los ocupas con un nuevo protocolo.
Otra cuestión diferente es los pisos que son propiedad de los bancos y que están vacíos y desocupados. El Gobierno podría pensar en la manera de lograr que las propias entidades bancarias ofrecieran alquileres muy baratos, como una medida social más dentro de la gestión de los bancos. Esto redundaría en el beneficio de la sociedad y ya que presumen de la realización de una labor social de primer orden sería otro modo de demostrar su compromiso, con las necesidades e intereses de los ciudadanos que residen en España.
No se pueden admitir conductas delictivas en la sociedad. Y aunque es cierto que existe una parte de la población que puede estar en situación vulnerable, esto no significa que cualquier tipo de comportamiento sea tolerable. Es preciso pensar también en el derecho a la tranquilidad de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y que disfrutan de unos derechos que son los propios de todo Estado de Derecho.
Con el Ingreso mínimo vital y con otros subsidios los ciudadanos pueden ver garantizado, en cualquier situación, su derecho a una vivienda digna. Y de eso se trata. Además, la construcción de pisos de distintos tipos cada vez puede ser más rápida. Incluso ya existen en el mercado casas o chalets prefabricados de calidad a un precio no demasiado elevado.
De lo que se trata es de que el Estado potencie y promueva la construcción de viviendas para que millones de personas puedan vivir en las mismas con un coste razonable. Deberían ser asequibles para cualquier persona. Especialmente los jóvenes y los mayores de 55 años son los que tienen que recibir mayor apoyo, si tienen dificultades más serias en el alquiler o compra de pisos. En los países nórdicos nos aventajan en las políticas sociales. El libre mercado en la compra o alquiler de pisos o casas puede ser completado con la intervención estatal, con el fin de garantizar que los colectivos con menos ingresos puedan vivir de un modo adecuado. También está la cuestión de los jóvenes que se quieren independizar y no pueden, por el coste excesivo de las hipotecas o créditos para comprar una vivienda. Por tanto, el Gobierno español y el parlamento deberían ser sensibles a este clamor social y elaborar medidas que abaraten muy considerablemente los alquileres a las personas que tengan menores ingresos económicos, con los controles administrativos pertinentes para evitar los engaños y los fraudes.
Además, en España como en otros muchos países del mundo hay personas que viven en la calle. Disponer de vivienda es algo básico y a los poderes públicos parece que se les olvida. Es una necesidad esencial como alimentarse y protegerse del frío o de la lluvia y, en general, de las inclemencias del tiempo.
A mi juicio, es una tarea pendiente del Gobierno central. Debería tomar medidas realmente eficaces para que todo español tenga garantizado el derecho a acceder a una vivienda que le permita vivir dignamente y en condiciones normales. Y no es suficiente con el reconocimiento del derecho formal o abstracto hace falta que sea algo real y material.
De esta manera, se lograría una sociedad en la que la justicia social sería algo tangible y visible. La precariedad laboral y el excesivo desempleo existente en España son algunas de las causas indudables de los problemas en relación con la vivienda que padecen muchos ciudadanos. Esto se debe acabar con la puesta en marcha de medidas de protección y de apoyo económico a los alquileres y a la compra de pisos.
Las medidas sociales tienen que ser complementarias y estar integradas para dar seguridad a todos los ciudadanos que las necesiten. En una sociedad solidaria e igualitaria se debe de potenciar este tipo de política constructiva.
