♦ Comisiones Obreras en Madrid ha cifrado en el cien por cien el seguimiento de la huelga en el servicio de limpieza y mantenimiento de los colegios públicos y edificios municipales de Parla, que comenzó este lunes en protesta por el impago de la nómina del mes de enero, al tiempo que han anunciado manifestaciones y concentraciones durante los próximos días.
Los paros afectan a la limpieza de 21 colegios públicos y a otros edificios municipales. La empresa adjudicataria del servicio, Linorsa, debe a los 126 trabajadores el mes de enero.
CCOO considera que el apoyo ha sido «masivo» a estos paros, a los que están llamados los 125 trabajadores de la empresa Linorsa en Parla, concesionaria del servicio, y que además se concentran a diario frente al Ayuntamiento a las 10 horas. Además, el comité de empresa ha convocado una manifestación el día 4 de marzo, miércoles, a las 11 de la mañana, desde el Ayuntamiento hasta la calle Pinto.
Además, según José García-Miguel, portavoz de Construcción y Servicios de CCOO en Madrid, hace quince días se convocó tanto al consistorio como a la empresa a un acto de mediación en el Instituto Laboral, pero ninguna de las dos partes se presentó. Esto, en opinión de García-Miguel, «deja muy claro el compromiso y la preocupación que tienen» por resolver el conflicto, al tiempo que ha manifestado que ninguna de las dos partes «se creía que íbamos a llegar al conflicto, porque hemos aguantado mucho, pero ya no podemos más», ya que las trabajadoras cobran de media 550 euros mensuales por 20 horas semanales de trabajo, en algunos casos «el único ingreso de sus familias».
La alcaldesa del municipio, Beatriz Arceredillo, ha señalado que desde el gobierno habían pedido a la empresa Linorsa que ceda el contrato a otra compañía si no puede garantizar el cobro de sus trabajadoras, ya que por parte del Ayuntamiento están dentro del periodo de pago establecido. Arceredillo ha revelado que la cantidad que el Ayuntamiento debe a Linorsa rondan los 700.000 euros, correspondientes a esa factura de diciembre y a «pequeñas facturas» que estaban antes embargadas, pero que la administración municipal cuenta con 30 días para reconocer y otros 30 para ejecutarla, por lo que opina que «teniendo en cuenta la situación del Ayuntamiento, estamos cumpliendo». «Es la empresa la que tiene que buscar una solución, si no quiere les hemos pedido que cedan el contrato a otra empresa», insiste Arceredillo, quien también ha avanzado que ya han contactado con otra empresa «que está interesada en el servicio».
