LEGANÉS ♦ Empiezan a aflorar las consecuencias o, mejor dicho, los antecedentes de la actuación errática de una parte del grupo municipal socialista comandado por el exalcalde Rafael Gómez Montoya y que culminó con su abstención para permitir al Gobierno Local del PP la aprobación de la segunda fase de Legatec.
El juzgado número 8 de Leganés ha vuelto a decretar el sobreseimiento del llamado ‘Caso Facturas’ en un auto fechado el pasado 16 de febrero. El procedimiento tiene su origen en una denuncia del PP de Leganés en el año 2009 en que acusaban al PSOE de financiar ilegalmente la campaña electoral de Rafael Gómez Montoya en los comicios municipales de 2007. Inicialmente, en el año 2009, el juzgado archivó el caso tras un informe de la fiscalía que no encontró indicios, aunque tuvo que reabrirlo en 2013 tras dos autos de la Audiencia Provincial de Madrid en los que ordenaba la reapertura del caso. La Audiencia, en sendos escritos durísimos contra la juez instructora que decidió archivar la causa, consideró que había indicios de malversación y tráfico de influencias en la labor del exalcalde Rafael Gómez Montoya, de quien, junto a su esposa, Carmen Blázquez, —Directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Leganés bajo el mandato de su cónyuge—, y del exconcejal de Limpieza, pedía que fueran llamados a declarar en calidad de imputados.
La nueva decisión de la titular del juzgado leganense se produce de después de que el pasado 27 de noviembre de 2014, el actual alcalde de Leganés, Jesús Gómez, el edil Juan Carlos Cenamor González y el exconcejal popular Diego Alhambra presentaran un escrito en los juzgados de Leganés ‘apartándose’ del procedimiento que iniciaron, «interesando se deje sin efecto su personación como acusación popular». Los tres intervinientes han solicitado, además, al juzgado de instrucción número 8 de Leganés la devolución de los 3.000 euros que entregaron en su día como fianza por el ejercició de referida acusación.
Es llamativo que el desestimiento del alcalde como acusación popular se produzca tras seis años en los que ha vertido duras acusaciones contra la actuación del PSOE y de su portavoz, Rafael Gómez Montoya, y que el archivo de la causa se produzca inmediatamente después de ‘dinamitar’ el grupo municipal socialista con la abstención de cinco ediles en el pleno municipal celebrado el pasado 29 de enero, lo que permitió la aprobación de la segunda fase de Legatec con los únicos votos favorables del grupo de concejales del PP.
En el auto, la juez asegura que «no procede por el momento la realización de nuevas indagaciones» y estima que no existen indicios suficientes para formular una acusación fundada. En base a ello, decreta el sobreseimiento provisional. Y, lo más segura, es que esta segunda vez no tenga refriega como la vez anterior. La cosa está clara. La fiscalía nunca ha visto indicios y los que los veían con claridad, se retiran como acusación popular, ¿qué futuro le queda al caso? Visto lo visto, el PP de Leganés, tras la retahíla de acusaciones en estos últimos años, le concede el perdón al exalcalde del PSOE.
Adjudicaciones por publicidad
La acusación popular, hasta la retirada voluntaria del Alcalde Jesús Gómez y del PP, denunció al exalcalde socialista Rafael Gómez Montoya por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación; empresas contratistas del Ayuntamiento leganense destinaron parte del 1,5 por ciento reservado a campañas de concienciación municipal a abonar inserciones de publicidad política del candidato socialista durante la precampaña electoral de 2007, el exalcalde Rafael Gómez Montoya, en un medio de comunicación local. En abril de 2013, también fue imputada por su participación en la trama la que fuera Directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Leganés, Carmen Blázquez Roblas –al mismo tiempo que su marido, Rafael Gómez Montoya, era alcalde.
Blázquez Roblas fue imputada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Leganés por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La investigación, sobre la que la juez instructora decidió abrir una pieza separada, se inició en 2009 con una querella de los populares en la localidad contra el entonces alcalde, su mujer -ahora imputada- , y el exconcejal, Francisco Arroyo.
El caso Facturas se refiere a las presuntas irregularidades cometidas por PSOE e IU cuando adjudicaron la construcción de un punto limpio a la empresa Urbaser, empresa implicada en el caso. La adjudicación se habría realizado sin concurso público y, supuestamente, a cambio de publicidad electoral.
Las irregularidades son varias: en primer lugar la construcción del punto limpio no aparece prevista en los pliegos de adjudicación de los servicios de limpieza, la obra supuso un coste total de más de un millón de euros, más de 350.000 euros por encima de lo presupuestado en un principio, además la obra fue realizada en una parcela reservada en el Plan General Urbanístico para uso dotacional, deportivo y educativo.
Más allá de las posibles responsabilidades administrativas, existían indicios y sospechas, según la acusación popular, de que el caso respondería a una financiación ilegal del PSOE en la campaña electoral, adjudicando obras a cambio de publicidad del partido que pagarían las empresas adjudicatarias.
Jesús Gómez se ha reafirmado durante todos estos años en el compromiso de su formación: «llegar hasta el final, conocer la verdad y obligar a que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables de este presunto caso de financiación ilegal». Sin embargo, visto lo visto, no llegará hasta el final. Lo abandonó en la última curva, antes de llegar a Legatec.
Tras la denuncia de Jesús Gómez, el PSOE, aseguró en un comunicado que «el PP usaba la justicia para hacer chantaje y como estrategia política desde que estaban en la oposición».
Según la tesis de los populares, el Ayuntamiento abonaba a través de las empresas municipales Urbaser (limpieza viaria y recogida de basuras), Helechos (mantenimiento de parques y jardines) y Sufi (eliminación de grafitis) anuncios en el periódico local «Mercado Leganés». La normativa permite que éstas destinen un 1,5% del montante de sus contrataciones a campañas de sensibilización sobre sus objetos sociales; pero lo que no podía hacerse era abonar la propaganda del PSOE local de cara a las elecciones de 2007. Y eso es lo que presuntamente hicieron los tres imputados, según la denuncia del PP.
En estos cuatro años, el caso ha sufrido distintos vaivenes. El 20 de noviembre de 2012, la juez instructora número 8 de Leganés acordó el sobreseimiento de las actuaciones, tras la interposición de un recurso de reforma por los imputados. El Gobierno municipal, ahora del PP, recurrió en apelación contra esa última decisión y la Audiencia le dio la razón.
Cinco facturas y un albarán
Los argumentos de la Audiencia Provincial para reabrir el caso erandiversos. Por un lado, en la falta de credibilidad de Anuntis, la empresa editora de «Mercado Leganés». Fue la que informó de que las cinco facturas bajo sospecha y un albarán «fueron cancelados y rectificados por otros posteriores». La instructora determinó entonces que esos pagos nada tenían que ver con los hechos investigados. La Audiencia Provincial no lo creía así: «La Sala interpreta el informe de Anuntis de manera opuesta a las conclusiones de la juez instructora —explica el auto—. La rectificación de las facturas es una práctica sorprendente que puede responder a una finalidad de enmascaramiento, pues en todos los casos se realizó a instancias de las obligadas al pago [es decir, de las empresas municipales bajo sospecha]».
La Audiencia Provincial también criticó a la juez de Leganés al asegurar que «llama la atención de la Sala que se ha producido una dilatada investigación de la causa, con la recepción de abundantes declaraciones testificales, sin conocimiento alguno por parte de los imputados y sin recibirles en declaración, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Menudo palo.
Asimismo, la Audiencia no comprendía cómo no se había tenido en cuenta la declaración de una de las trabajadoras del periódico «Mercado Leganés», María Teresa González. «Consideramos muy relevante su testimonio, que resulta preciso y determinante: indica que Jesús San Martín [su jefe] le ordenó facturar la cantidad pendiente de pago de la campaña electoral del PSOE a Urbasur y Helechos; y le contó que la imputada Carmen Blázquez así se lo indicó, porque en caso contrario no iban a cobrar». La Audiencia, además, consideró que «hubiera sido apropiado llamar a declarar a Beatriz Pinazo, comercial de la antigua publicación, si se apreciaba una situación de declaraciones enfrentadas entre los restantes testigos».
En el auto, la titular del juzgado número 8 de Leganés asegura que la declaración testifical de la comercial del extinto «Mercado Leganés», Beatriz Pinazo, «no aporta indicios de la comisión de los delitos investigados pues negó haber realizado facturas y manifestar que ese no era su cometido, sin que por tanto corroborara en este sentido la declaración de la testigo María Teresa García González».
La exhibición de los libros de contabilidad de las entidades Helechos y Urbaser «tampoco han aportado datos relevantes pues no constan pagadas las presuntas facturas fraudulentas que por fotocopia se adjuntaron a la denuncia, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones». Es la segunda vez que repite el decreto en un auto tan breve como largas ha sido las actuaciones de las diligencias previas.
Abogado colaborador de ETA
Se da la circustancia, en este embrollo del Caso Facturas, que el Ayuntamiento de Leganés, —a instancias de su Alcalde—, contrató al abogado chileno Gonzalo Boye, que estuvo en prisión durante seis años por colaborar con la banda terrorista ETA, como abogado en dos causas del Ayuntamiento contra el PSOE: ‘Caso Cuadrifolio’ y ‘Caso Facturas’.
La contratación de Boye como abogado del Ayuntamiento de Leganés generó polémica, no solo por su colaboración con la banda terrorista, si no por su participación como miembro de la acusación tanto en el caso Gürtel como en la causa contra Bárcenas. En aquel momento, el alcalde de Leganés aclaró que Boye no particpió en el caso Bárcenas como acusación particular, sino que acudió en representación de una asociación catalana que presentó una querella en el caso. Parecía una contradicción. «Dar de comer al enemigo…»
Sin embargo, la polémica generada por su contratación provocó que el alcalde leganense finalmente pidiera su retirada al abogado chileno. De esta manera, se apartó a Boye de los casos y se contrató un nuevo abogado, Francisco Andújar, poco antes de que se produjera el juicio del caso Cuadrifolio en que resultó absuelto en también exacalde socialista José Luis Pérez Ráez.
Reclamación de ULEG del expediente
En el pleno del 29 de enero, el portavoz de ULEG, Carlos Delgado exigió que el Ayuntamiento entregara a los grupos políticos el expediente penal del ‘Caso Facturas’. El equipo de Gobierno aceptó un ruego de ULEG para que todos los grupos políticos representados en el Consistorio tuviesen acceso al expediente penal. Sin embargo, tras solicitar «de forma insistente y reiterada» la referida documentación, el Gobierno local acusó al portavoz del partido vecinal de «’acosar’ a Gonzalo Ruiz Gálvez, el Jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Leganés». De ahí, la penosa calificación del Consistorio leganense en el índice de transparencia de las grandes ciudades españolas publicado recientemente.
Está previsto que el Caso Facturas y el ‘disputado’ expediente penal que obra en poder del Gobierno Local se vuelva a tratar en el Pleno Municipal convocado para este jueves. Ya se conocen los motivos por los que el Alcalde y su Gobierno Local no querían que transcendiera. O, realmente, era como decía el PSOE «chantaje político» o, de cualquier otra manera, el pago de un servicio importante. Blanco y en botella.
