► En septiembre de 2015 y bajo la presidencia de la alcaldesa, GISA pagó 60.000 euros en concepto de indemnización al abogado Alberto Ganga Ruipérez, que únicamente trabajó en la empresa municipal durante menos de un mes y en período de pruebas, que no superó
►Alberto Ganga es el letrado de la acusación popular en el procedimiento que se sigue contra los concejales del PP por el asunto del teatro de la calle Madrid.
► El Partido Popular de Getafe sospecha que el Gobierno de Sara Hernández urdió una presunta trama de corrupción, con apariencia de legalidad, para pagar con dinero público los honorarios de Ganga.
► La querella se extenderá a Juan Manuel Hernández, gerente de Gisa, a la concejal Mónica Cerdá y al abogado Alberto Ganga
► Ahora Getafe también ha emitido a través de su web una nota de prensa en la que denuncia «la falta de transparencia del Gobierno Municipal en el inicio de acciones legales en el caso GISA»
El Partido Popular de Getafe ha anunciado hoy que se querellará contra la socialista Sara Hernández por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y violación de derechos fundamentales.
En septiembre de 2015 y bajo la presidencia de la alcaldesa, la agencia local de desarrollo Getafe Iniciativas (Gisa) pagó 60.000 euros en concepto de indemnización al abogado Alberto Ganga Ruipérez, que únicamente trabajó en la empresa municipal durante menos de un mes y en período de pruebas, que no superó.
Curiosamente, Alberto Ganga es el letrado de la acusación popular en el procedimiento que se sigue contra los concejales del PP por el asunto del teatro de la calle Madrid. El Partido Popular de Getafe sospecha que el Gobierno de Sara Hernández urdió una presunta trama de corrupción, con apariencia de legalidad, para pagar con dinero público los honorarios de Ganga.
Según el PP, la venganza del abogado Ganga por no haber superado el período de pruebas ha sido aprovechado por Mónica Cerdá, Sara Hernández y el PSOE de Getafe para usarlo de forma sospechosa y, al parecer, de forma ilegal contra el Partido Popular y sus concejales. Las acusaciones que han sido vertidas contra el PP en el asunto del Teatro, se demuestran ahora que han sido interesadas, oscuras y en las que, presuntamente, se ha usado dinero público de manera corrupta.
Ganga ha manifestado en numerosas ocasiones que no cobra ningún tipo de minuta por sus servicios en el asunto del teatro de la calle Madrid, lo que lleva al PP a pensar que el Gobierno de Sara Hernández le dio una descomunal indemnización de 60.000 euros, a la que no tenía derecho, a cambio de que trabajase gratis en la acusación contra los ediles del Partido Popular, lo que supone una manifiesta manipulación política para agredir al PP de una manera que parece prevaricadora y torticera.
La querella se extenderá a Juan Manuel Hernández, gerente de Gisa nombrado a dedo por Sara Hernández, al letrado Alberto Ganga, así como a la concejala Mónica Cerdá, que en ese momento era consejera delegada de la empresa municipal y que también ha sido representada por el abogado Ganga en sus problemas judiciales, lo que evidencia la afinidad de la edil, de la alcaldesa y del PSOE con el citado letrado en diversos y determinados momentos.
Con el fin de conocer con exactitud las condiciones pactadas en la indemnización del que fuera trabajador fugaz de Gisa, Alberto Ganga, letrado en el proceso contra el PP de Getafe, el Partido Popular ha pedido hasta en siete ocasiones el acceso al expediente administrativo con el que se tramitó la indemnización.
«La ocultación y el veto de Sara Hernández, que siempre ha impedido al PP la consulta de ese expediente, evidencia el nerviosismo de la alcaldesa y su complicidad en un caso muy feo de presunta corrupción», han concluido desde el PP.
Falta de Transparencia
Por su parte, el grupo municipal de Ahora Getafe también ha emitido a través de su web una nota de prensa en la que denuncia «la falta de transparencia del Gobierno Municipal en el inicio de acciones legales en el caso GISA».
Según Ahora Getafe, «esta mañana se ha celebrado el Consejo de Administración de GISA, convocado con menos de 24 horas de antelación y en el que no se ha facilitado ningún tipo de documentación por escrito a los consejeros y consejeras que tenían que pronunciarse a través del voto. El orden del día se ceñía a la aprobación del ejercicio de acciones legales consistentes en la interposición de una querella criminal por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia, prevaricación administrativa, fraude y malversación de fondos públicos».
De cara a preparar el Consejo de GISA celebrado hoy, ayer miércoles tuvo lugar una reunión entre el Gobierno Municipal y Ahora Getafe en la que este último grupo solicitó información sobre dicho asunto. Según la nota de AG, «el Gobierno Municipal se negó a proporcionar ningún tipo de documentación por escrito, y trasladó únicamente datos generales de manera oral: un caso de contratación que, tras un dudoso proceso de selección, recibió una indemnización de 60.000€ tras ser despedido después de un único mes de trabajo». Todo en aras a la cacareada transparencia.
Durante el Consejo de Administración de hoy, desde Ahora Getafe se ha reiterado la solicitud de información, que no ha sido atendida por el Gobierno Municipal. Desde Ahora Getafe también se han trasladado las dudas sobre porqué se ha llevado este asunto al Consejo de Administración cuando en otras ocasiones GISA se ha personado en diversos procesos judiciales sin necesitar un acuerdo del Consejo. «Entendemos que no podemos formar parte de un proceso de tal calado sin haber recibido y estudiado todo el expediente, y es por ello que los representantes de Ahora Getafe se han visto obligados a votar en contra de la propuesta del Gobierno», han zanjado desde Ahora Getafe.