LEGANÉS

El TSJM multa con 1.000 euros semanales a los concejales del Gobierno de Leganés por no pagar sentencias firmes

Santiago Llorente acusa a la oposición de sus traspiés en los tribunales

► Los millonarios honorarios del abogado Muñoz Bouzo lastran al Gobierno de Leganés, incapaz de aprobar un presupuesto distinto al último del PP
► El abogado Muñoz Bouzo se beneficiaría de más de dos millones de euros de las arcas municipales, con el aval del PP

Ha sido la sala número 3 de lo Contencioso administrativo del TSJM quien ha dado, en forma de auto judicial, una llamada de atención al alcalde socialista de Leganés, Santiago Llorente, y a su equipo de Gobierno con un tema que viene de lejos. Todo ello referido a los sobresalientes pagos, que han de saldarse con dinero público y  que se adeudan al abogado Muñoz Bouzo.

Estamos hablando de una cantidad que supera los dos millones de euros, cuantía que puede ser, perfectamente, la ficha de muchos jugadores de Primera División de La Liga en todo un ejercicio. Los honorarios corresponden, supuestamente, a pleitos que ha llevado del Ayuntamiento de Leganés al que PSOE y PP encomendaron tareas sin contrato. No hay que olvidar que el consistorio leganense cuenta con un Servicio de Asesoría Jurídica propio.

Lo que está claro es que una ingente cantidad del dinero de los vecinos y vecinas se irá para este señor, mientras que las modificaciones para, por ejemplo, rehabilitación de fachadas, instalación de ascensores, temas sociales o infraestructuras educativas o culturales no son tales. Más allá de esto, desde el juzgado entienden que por no estar satisfecho dicho caché los ediles con responsabilidades de Gobierno deberán abonar 1000 euros de manera reiterada.

Llorente culpa a la Oposición

Santiago Llorente se ha mostrado sonriente durante la rueda de prensa ante este asunto. “Nos han puesto una multa a los concejales del Gobierno de 1.000 euros semanales por no pagar las sentencias. Hemos recurrido”, manifestaba el primer edil, al tiempo que agregaba su decisión de denunciar ante el Tribunal de Cuentas a los compañeros de  la corporación que votan en contra por un “posible alcance contable”.

En relación a este tema, ligada está la ausencia de presupuestos. PSOE e IUCM se han mostrado incapaces en tres años de legislatura de cambiar los del PP, que fueron aprobados de forma ilegal.

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