“Toda competencia no atribuida a la Unión [Europea] en los Tratados, corresponde a los Estados miembros”. “La Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados”
Esto es lo que nos dicen los tratados de la UE sobre las competencias o la soberanía de la UE. Puede ser que a alguno esto le parezca algo accidental y le suene a músicas celestiales y sin ninguna importancia práctica. Voy a tratar de demostrar que no lo es y que nos afecta muy mucho a los ciudadanos de a pie.
Aunque los soberanos son los ciudadanos, según suelen decir todas las constituciones nacionales, los ciudadanos atribuyen su soberanía a los Estados a través de la propia Constitución. Los Estados, a su vez, según los Tratados de la UE atribuyen parte de su soberanía a las instituciones de la UE. Por tanto, los Estados miembros comparten con la UE esta soberanía atribuida por los ciudadanos. En algunos campos, los Estados miembros tienen competencia exclusiva; en otros, en las llamadas políticas comunes de la UE, la soberanía de la UE es plena o absoluta, aunque últimamente se están introduciendo restricciones. En otros la soberanía es compartida, es decir, es ejercida conjuntamente por los Estados miembros y por la UE.
Esta soberanía compartida se rige por el principio llamado de subsidiaridad, que es un cajón de sastre, donde cabe de todo y que da lugar a constantes fricciones entre las instituciones de la UE y los Estados miembros por la aplicación unilateral del mismo. Es decir hay un control de la UE por parte de los Estados a pero no un control de los Estados por parte de la UE. Según este principio, las competencias se deben ejercer en el nivel más bajo posible o, en otros términos, más cercano posible al ciudadano, es decir a nivel de los Estados miembros. Pero no se especifica que, cuando los Estados no estén en condiciones de ejercer las competencias, estas deberían pasar automáticamente a la UE (Tema de la próxima semana).
Como todos sabemos, hay muchos campos en los que los Estados miembros son incapaces de resolver por sí solos los problemas: medio ambiente, inmigración, defensa, circulación de personas etc. En estos campos, debería ser la UE la que tuviera en exclusiva la soberanía. Pues no. Los Estados, buscan atajos para reservarse la última palabra, bien por el voto a la unanimidad, que es lo más antidemocrático que existe, bien por acuerdos a nivel intergubernamental, que es no precisamente el marco de la UE. Y esto va contra el espíritu y la letra del Tratado de la UE, que aspira a una “unión cada vez más estrecha de los ciudadanos”, es decir una unión de ciudadanos, no una unión de Estados.
Pero hay otro aspecto todavía más relevante. Los ciudadanos entregamos la soberanía al Estado, para que resuelva los problemas que los ciudadanos por separado no podemos resolver. Pero si resulta que el Estado no es capaz de resolver un problema, no cuenta ya con nuestra soberanía, pues nosotros se la hemos entregado para que lo resuelva. Si el Estado es incompetente, la soberanía vuelve a los ciudadanos. Y si en todos esos campos citados y en otros muchos, los Estados no son soberanos ¿cómo pueden atribuir la soberanía o las competencias a otros organismos? ¿Cómo pueden entregar a la UE unas competencias en algunos campos en que ellos mismos no son ya competentes? ¿Es decir, cómo pueden atribuir los Estados a la UE unas competencias que ya no tienen? Según dicho principio de subsidiaridad, en este caso las competencias deberían pasar directamente a la UE, pero no a través de los Estados, sino por atribución de los ciudadanos. ¿Pura teoría? No, en absoluto. Lamentablemente el ciudadano está prácticamente excluido en todo el proceso de integración europea, a pesar de que deberían jugar un papel fundamental. No es extraño que los ciudadanos vayan perdiendo interés por la UE.
Si queremos que los ciudadanos se sientan ciudadanos europeos, no podemos vaciar de contenido el concepto de ciudadanía europea. Ser ciudadano europeo no es algo que nos regalen los Estados, ni es, por tanto, algo que nos puedan quitar, como ha ocurrido con el Brexit. Por eso, defiendo que a los ciudadanos británicos que votaron en contra del Brexit, Gran Bretaña no puede quitarles la ciudadanía Europea contra su voluntad. Tampoco la UE debería permitirlo.
