► Señalan que durante 18 años este organismo no les ha hecho caso y han costeado ellos el mantenimiento
Incertidumbre que incomoda y abre espacio al miedo. Esa es la sensación que transmiten algunos adjudicatarios de viviendas del IVIMA en Leganés Norte. Concretamente, esta historia nos lleva a atender las voces que nos llaman desde los bloques conocidos popularmente como “Azul, Rojo, Blanco y el de la Opel”, situados en la Avenida Carmen Martín Gaite, Avenida María Guerrero, Avenida Reina Sofía, Ana Frank y Avenida Carmen Amaya. Son personas con ingresos muy reducidos, algunos, en desempleo y otros con problemas de salud o pasados por tribunales médicos. Los pisos más pequeños cuentan con rentas de 200 euros mensuales más el pago de comunidad, 40 euros. En el 2000, por sorteo y una serie de documentos y nómina mediante, acceden a estas casas. Según aclaran a este medio, “se supone que en el 2020 pasarían a propiedad nuestra, aunque no se sabe al 100%”.
“Tenía entendido que en abril de 2018 iba a explotar esto de alguna manera, lo había oído hace algún tiempo. Han pegado la vuelta a todo. No sabemos qué hay detrás porque no nos lo explican; pero quieren entrar en las viviendas sí o sí”, arranca una vecina, de la que reservamos su identidad por temor a posibles represalias, según nos justifica ella misma.
Lo cierto es que, según nos explican a continuación, han experimentado un cambio en la conducta del IVIMA y sus trabajadores. “En todo este tiempo no se han ocupado de nuestros pisos. Llevamos años queriendo que nos paguen las averías de la bomba del agua o las del ascensor que son muy importantes. Todo lo ocurrido, salvo la terraza de la parte de arriba, que arreglan cada mucho tiempo y mal, lo hemos pagado nosotros, todas las comunidades. Hemos tenido que pedir créditos para arreglar ascensores o puertas de portales. Hasta los telefonillos hemos costeado. Han pasado olímpicamente de ocuparse de nuestros pisos, ¿y ahora llaman? Ahí está el contrato, se supone que si los pisos son de ellos se tendrían que preocupar de todo lo que conlleve ese mantenimiento, pero nos lo hemos comido todo nosotros. No han dado la cara”, explica una vecina mientras añade que “toda la vida nos recordaban que los edificios son de ellos. Han tapado todo hasta que ahora ha explotado”. ¿Qué ha explotado?, pregunto; “quieren entrar sí o sí sin dar una explicación. A cada vecino, nos dicen una cosa distinta. Cuando es verdad se le dice a todo el mundo lo mismo. Si les dejas pasar son muy amables, si no, te sacan las uñas”.
Acto seguido me muestran un papel. Se trata de una comunicación por la que la Agencia de Vivienda Social ruega que le sea permitido el acceso para la comprobación y verificación del estado de conservación y de las posibles reparaciones que fueren necesarias. Por último, señalan los daños y perjuicios que pueden acarrearles una negativa a permitir la entrada a los técnicos. Firma la subdirectora general de la Administración.
Después de enseñarme esto, me comentan que “en lo que pone en el papel no hay nada de verdad. Habrá alguna que no, pero casi todas están arregladas. Nunca quisieron saber nada, pero ya lo normal es que, si se te rompe, por ejemplo, una persiana, lo arregle uno mismo”. Yo insisto y digo que leo que van los técnicos por si hace falta verificar alguna cosa. Sin embargo, el clima, por su parte, es de absoluta desconfianza, “eso es lo que ponen ellos, pero no lo han hecho durante 18 años y se les ha pedido. ¿Ahora quieren agarrarse cuando está todo arreglado? Y con lo del aviso de los daños y perjuicios que den una explicación. Es que hay gente que ha puesto hasta el suelo o puertas nuevas porque se daba por hecho que estas viviendas iban a ser para nosotros”. Mantengo esta conversación instantes antes de la hora en que, tal como indica la carta, se personarán los técnicos; “no sabemos si abrir o no. Estamos perdidos, llenos de miedo y desconfianza”, es el sentir de varios.
¿Por qué esos sentimientos?, incido a la vecina del principio; “¿por qué no han mandado una carta certificada antes de dejar esto, en muchos casos en el suelo, y así tener la oportunidad de acudir a abogados para conocer nuestras obligaciones? ¿Qué es lo que quieren realmente hacer en el registro? Si pagamos, se supone que es nuestro. ¿A qué quieren entrar a mi casa si cuando hubo deterioro no hicieron caso?” Ellos dicen que por vuestro bien, persevero; “no, durante 18 años nos hemos comido todos los marrones los mismos”, contestan mientras desarrollan el germen de su temor; “sabes que se lo venden a fondos buitre y piensas que te puede pasar a ti. El miedo es libre, ¿quién te dice que no podemos ser los siguientes? Ya ocurrió en Vallecas, Arroyo Culebro, o mismamente en Leganés Norte. Si se venden, muchos de aquí no sabemos dónde iríamos, no tenemos”. A este periodista le han llegado voces de que no dejan pasar a las casas porque algunos tienen la luz enganchada, comparto con ellos esto; “no, tenemos los contadores en el portal. Sólo tienen enganchado los okupas y un pieza de cuidado. Sólo pedimos nuestros derechos e intimidad”.
La vida en estas comunidades
El día a día aquí, me relatan, no es sencillo; “si criticas algo, se te echan encima”. Además de esto, los garajes han tenido ratas o han estado sin puertas principales y rejas durante 17 años, “entraba y salía quien quería, como un paso de calle. Hasta el 2017 no se pusieron, que es cuando ellos han previsto lo que quieran, igual que la limpieza de los garajes.
Aquí hasta se han pegado”. ¿Quiénes?, pregunto; “entre los vecinos, que si tú has roto esto o tú pegas portazos o juegas al fútbol y das balonazos en los portales. Y no pensemos sólo en los niños, sino que los mayores también juegan. Y no te metas a decir nada porque te pegan a ti también”. Por último, me informan de la okupación. “Los hay en los pisos. Cuando alguien se va, en lugar de dárselo a familias necesitadas, pues eso… Rompen cosas y no favorecen al buen ambiente. Y a sus puertas no vemos que llamen los técnicos”. Es la versión de quién convive con esa realidad y que respira incierto antes los días que vienen. La PAH de Leganés ha declarado, a este medio, que se ofrece a asesorarles y concretar una reunión entre afectados y la firmante del papel.
